El Gobierno no rebajará las mayorías del CGPJ: «No estamos en eso»

El Gobierno quiere ir cerrando capítulos, superando pantallas, antes de acabar 2022. Solo queda un Consejo de Ministros en el horizonte para resolver flecos, aún pendientes, como la segunda fase de la reforma de las pensiones o el tercer paquete de medidas anticrisis que ayudará a las familias en la compra de alimentos. Sin embargo, en las previsiones de Moncloa no estaba que se abriera una crisis institucional con el Tribunal Constitucional, que complica –todavía más– el panorama judicial. «Soy pesimista, mejor dicho, realista», decían ayer fuentes gubernamentales sobre el contexto que se abre.

Las prisas del Ejecutivo para aprobar de manera exprés la reforma del Código Penal, aderezada con enmiendas –sin relación directa– para acelerar la renovación del TC ha desatado la última gran polémica. Una polémica de la que el Gobierno cree salir «reforzado». En un plano, porque permite desviar el foco de lo sustancial de la citada reforma, lo relativo a la derogación de la sedición y el abaratamiento de la malversación. En segundo plano, porque permite apretar las filas del bloque de investidura y llamar a rebato a un electorado progresista poco movilizado. Además, Moncloa considera que al PP no le ha salido bien la jugada, que la pírrica victoria judicial se «le ha vuelto en contra», porque ha degradado la imagen del TC y traslado que la democracia es «prêt-à-porter», a medida.

Así lo señaló ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una conversación informal con periodistas en la tradicional copa de Navidad en el Palacio de La Moncloa. El jefe del Ejecutivo confirmó que en la proposición de ley que presentarán los grupos no habrá una rebaja en las mayorías parlamentarias para la elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): «No estamos en eso». El propio Sánchez dio la impresión de que se avanzaría en esa línea cuando aseguró en su declaración institucional del martes que adoptaría «cuantas medidas sean precisas» para poner fin al «injustificable bloqueo del poder judicial y del Tribunal Constitucional».

Sin embargo, diversas fuentes gubernamentales aclaran que esta no será la vía y que se limitarán a «volcar el contenido de las enmiendas paralizadas por el TC» en una proposición de ley. La gestión de los tiempos es otro de los debates abiertos en Moncloa, la mayoría de los ministros consultados se decantan por esperar al auto del Constitucional para estudiar los «argumentos jurídicos», un fallo que esperaban para esta misma semana, pero que no acaba de llegar. «Si les está costando tanto, será que no tienen argumentos jurídicos, sino políticos», señalan. En todo caso, aunque hay quienes se decantan por acelerar el proceso y otros por imponer cautela, fuentes socialistas aseguran que, «como tarde», la iniciativa se presentará la próxima semana, aunque para entonces no se cuente con la resolución definitiva del TC.

El PP, en la estela de Trump

La situación del Tribunal Constitucional sirve al Gobierno para seguir apuntalando su estrategia de desgaste al principal partido de la oposición por bloquear los órganos constitucionales, deslegitimar el resultado electoral y aplicar una visión «restrictiva» de la Constitución. «Son dinámicas que hemos visto con Trump», alertó el presidente del Gobierno. En el Ejecutivo ponen el foco en lo «peligroso» de un discurso que deslegitima las instituciones y lamentan que Alberto Núñez Feijóo se haya acabado «mimetizando» con la estrategia de Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. «Para este viaje no hacían falta alforjas». La relación entre Sánchez y Feijóo es mejorable y no hay visos de interlocución directa entre ambos.

El presidente sigue defendiendo la apuesta por la malversación como un paso más en su estrategia de normalización en Cataluña. «La situación ha cambiado», asegura, enumerando que la unidad del independentismo ha acabado, ya no se habla de unilateralidad y se cumple con la Constitución. «Hay que hacer discursos integradores». En todo caso, el presidente niega que se vaya a avanzar más, en lo relativo al referéndum –al que ERC no renuncia–. «El referéndum no cabe, el debate está acabado», señala, porque «los ciudadanos no quieren proyectos que dividan, sino que unan. Es mejor un discurso en positivo, lo contrario es poco inteligente».

En cuanto a las críticas que han surgido en el seno del propio PSOE a cuenta de la malversación, el presidente sostiene que él debe gestionar una «realidad más compleja» que la de algunos líderes territoriales que le critican. «Soy el presidente del Gobierno de España». En todo caso, aunque el Ejecutivo intente cerrar capítulos, hay carpetas que siguen abiertas y que suponen una fuente de preocupación, como los efectos indeseados de la Ley del «solo sí es sí» y de la malversación.