Semana para elegir presidente del Constitucional: la balanza entre Pumpido y Balaguer la inclinan los nuevos

Lo que se hable en los corrillos de este lunes entre los magistrados progresistas y los conservadores será determinante para inclinar la balanza de la presidencia del Tribunal Constitucional. Las votaciones no están nada claras, aseguran varias fuentes del órgano, si bien sí parece decidida la intención de Cándido Conde-Pumpido y de María Luisa Balaguer de presentarse para dirigir el órgano garante de la Carta Magna que, a partir de hoy, se convierte en progresista. La toma de posesión de lo cuatro nuevos magistrados (Juan Carlos Campo, María Luisa Segoviano, César Tolosa y Laura Díez), a la que está prevista que asistan una decena de ministros y autoridades de todo el país, será el pistoletazo de salida de una semana en la que se designará al nuevo presidente.

“La votación es secreta”, dice uno de los recién llegados evitando adelantar sus intenciones. Lo cierto es que muchas miradas están puestas en la expresidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo Segoviano que, según fuentes del órgano, “de momento no se ha definido”. El Tribunal Constitucional a partir del acto de toma de posesión que empieza a las 12:30 cambiará de composición y de tendencia y pasará de los seis conservadores y cinco progresistas actuales a los siete progresistas y cuatro conservadores. El presidente saliente, Pedro González-Trevijano, pronunciará su discurso y ya no tendrá potestad para convocar ningún pleno, así que lo hará el magistrado de mayor edad: Ricardo Enríquez.

Distintas fuentes coinciden en que será rápido y se solventará esta semana. Previsiblemente entre el martes y el miércoles se decidirá la nueva presidencia y vicepresidencia y aquí empiezan las cábalas. La norma no escrita dice que se debe elegir a la jefatura del último tercio del Tribunal, es decir, de aquellos cuyo mandato vence dentro de año y medio. En este caso, los posibles son tres: Conde-Pumpido, Balaguer y el propio Enríquez. Como se da por hecho que empieza la era progresista (porque la suma da) los probables son los dos primeros. En ocasiones, solo hay uno que quiera presentarse y todo se elige por consenso. Así sucedió en la pasada ocasión con Trevijano que fue elegido por unanimidad con la contraprestación de que Juan Antonio Xiol (progresista) fuera vicepresidente.

No parece que haya tal consenso esta vez. Durante mucho tiempo se dio por hecho la presidencia de Conde-Pumpido cuando llegara su turno. Uno de los penalistas más reconocidos de España, fiscal general del Estado durante los dos mandatos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero y exmagistrado del Tribunal Supremo. Sin embargo, en los últimos meses le ha salido una dura competidora. Balaguer, catedrática de Derecho Penal con una dilatada trayectoria en la defensa de la perspectiva de género, ha dejado caer en diversas entrevistas que no haría ascos a la presidencia si sus compañeros lo desean y ha señalado su intención de cambiar la comunicación del Tribunal para hacerlo más transparente.

Conde-Pumpido será el candidato que lleven los progresistas, según las fuentes consultadas, pero los conservadores no parecen dispuestos a pasar por ese aro y quieren proponer que sea Balaguer. El Tribunal lo componen ahora 11 miembros porque, aunque deberían ser doce, la vacante de Alfredo Montoya que debe designar el Senado sigue bloqueada. En ese caso, si a los conservadores Enrique Arnaldo, Concha Espejel y César Tolosa y Ricardo Enríquez se uniera la propia Balaguer con su voto y Segoviano (6) la balanza se inclinaría hacia la presidencia femenina, quedándose Conde-Pumpido con los votos de Ramón Saéz, Inmaculada Montalbán, Juan Carlos Campo y Laura Díez (5). Si, por el contrario, hubiera pacto entre todos los progresistas las cuentas para el exfiscal general del Estado saldrían con sobrada holgura. Las opciones de bloqueo son escasas porque la votación se inicia con una ronda que requiere mayoría absoluta, pero si no se alcanza, se pasaría a una segunda votación de mayoría simple.

Lo cierto es que al estar todo en el aire tampoco es posible vaticinar qué pasará con la vicepresidencia. Por la misma norma no escrita se suele coincidir en que si el presidente es de una tendencia, el vicepresidente sea de la otra. Pero eso ocurre cuando hay consenso. Si en esta ocasión el grupo conservador decide no apoyar al candidato oficial de los progresistas, luego a la hora de elegir la vicepresidencia podrían perder a quien propusieran. De manera que nada impide que tanto el presidente como su segundo sean dos progresistas como Pumpido y Balaguer o a la inversa.

“No es imposible pero no sería lo deseable”, reza otra fuente del órgano. Por ejemplo, en 2017 la minoría progresista eligió como vicepresidente al magistrado Fernando Valdés, pero la mayoría no lo respetó y designó a Encarna Roca. A partir de ese momento, la magistrada pasó a votar con la mayoría conservadora en asuntos de gran trascendencia jurídica como la inconstitucionalidad del Estado de alarma durante la pandemia. “Al parecer la minoría conservadora no va a respetar al candidato que elija mayoritariamente el grupo progresista y quiere interferir en esa votación. Por esa falta de consenso es difícil saber qué ocurrirá finalmente con la vicepresidencia”, detallan en el órgano.

Así las cosas, si hay algo seguro es que el Tribunal garante de los Derechos constitucionales tendrá durante casi una década mayoría de miembros designados por la izquierda. En sus manos quedan decisiones de tremendo calado social como la eutanasia, el aborto o la educación.

El Tribunal tiene sobre la mesa la ley que regula la muerte asistida, que entró en vigor en marzo de 2021 y fue recurrida por Vox y PP; la conocida como ‘ley Celáa’ que impulsó la exministra de educación que también recurrieron sendos partidos; la normativa de la Generalitat de Cataluña para evitar imponer el 25% del castellano en las escuelas de la comunidad, que fue impugnada por PP y Ciudadanos; la reforma laboral que consiguió aprobar la ministra Yolanda Díaz por la mínima y que el PP y Vox llevaron al Tribunal; la reforma de la ley del Poder Judicial para limitar los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que también recurrió el PP e igualmente el reciente recurso de este partido para paralizar una nueva modificación en esta ley cuyas medidas cautelarísimas terminaron en una decisión sin precedentes de los magistrados congelando una votación en el Senado. Además, desde hace casi 13 años el Constitucional debe pronunciarse sobre la ley del aborto, pero el miedo a la repercusión social que podría tener su inconstitucionalidad y a la falta de consenso entre los magistrados ha desembocado en una patada hacia delante de todos los presidentes.