Incapaces de ponerse de acuerdo

Ahora que por fin se había logrado la mayoría progresista en el Tribunal Constitucional, debería ir todo sobre ruedas. Como todo el mundo sabe, era la derecha (ultraderecha) protogolpista la que mantenía secuestrada la institución, la que impedía el normal desarrollo de sus funciones. Así que ahora que está en minoría y ha cambiado el signo, ya no hay ningún motivo para seguir encallados. Pues no. Ahora la mayoría progresista no consigue ponerse de acuerdo en el nombramiento del presidente tras la salida de Pedro González Trevijano. No ganamos para disgustos. No sé de qué manera, pero seguro que la culpa también es de los conservadores. Que les habrán mirado mal y les han puesto nerviosos. No sé, algo.

El caso es que con siete magistrados frente a cuatro conservadores, y con el TC rozando la paridad con sus cinco mujeres de once magistrados (como le gusta a la extrema izquierda), con el progresismo a topísimo, digo, debiera estar ya todo encaminado y dejarse atrás todo problema. El Tribunal Constitucional va bien y, con él, España entera. Pero no. Que no hay manera. Seguimos esperando, como en las series cuya primera temporada triunfa inesperadamente, que los guionistas decidan dejar de alargar la trama y resolver. O sea, mayoría progresista sí, pero un pelín fraccionada.

No deja de ser curiosa la naturalidad con la que hablamos de mayoría conservadora y mayoría progresista en un órgano como es el Tribunal Constitucional. Uno que por su especial naturaleza, precisamente, debería estar compuesto por magistrados que tuviesen claro, por encima de todo, que ellos están ahí, como tan atinadamente señala Virgilio Zapatero, para ser un «tercero imparcial, el árbitro que necesitamos para que el enfrentamiento de bloques no nos lleve al desastre». De hecho, todo parece indicar que volará por los aires el acuerdo tácito, respetado hasta ahora, por el cual la vicepresidencia y la presidencia eran ocupadas cada una de ellas por un magistrado simpatizante de uno y otro signo. Esto servía para equilibrar, en cierto modo, las fuerzas. En este momento no parece muy posible un acuerdo entre ambos sectores para continuar respetando esta norma no escrita. De cumplirse el vaticinio, tendríamos un TC de mayoría progresista con un presidente y un vicepresidente progresistas. O, en román paladino, un TC abiertamente politizado y con limitadísimo contrapeso. Todo lo contrario de aquello que recomiendan (y exigen) desde Europa.

Pero volvamos a esa mayoría progresista, incapaz de ponerse de acuerdo la primera vez que debe hacerlo, que se encuentra dividida entre otorgar la presidencia a Cándido Conde-Pumpido o a María Luisa Balaguer. Y como ninguno de los dos da un paso atrás, no hay manera de evitar que dos aspirantes del mismo bloque compitan entre ellos. No es de extrañar pues que los magistrados conservadores esperen tan pichis a que se entiendan, porque la cosa no va con ellos. Habrá que ver si tras esa espera vendrá un voto en bloque (presumiblemente a favor de Balaguer) o también los conservadores se encuentran divididos en sus preferencias. Lo importante, en todo caso, es que, sea quien sea el elegido, se va a ver en la obligación de hacer frente (y solucionar) una preocupante crisis de credibilidad que hace dudar de la independencia de este Tribunal Constitucional. No es tarea baladí, y haría bien en acometerla desde el primer día. No podemos permitirnos alargar más esta situación anómala y devolver a este órgano constitucional todo el prestigio del que debe disfrutar. Y a nosotros, a los ciudadanos, la confianza y el respeto por nuestras instituciones.