Por un solo voto

Conde-Pumpido se estrena con un aviso al independentismo

El ex fiscal general avisa de que la Constitución no ampara «ni la secesión ni la independencia ni la autodeterminación»

El Tribunal Constitucional (TC) que deberá pasar el filtro de constitucionalidad a algunas de las leyes estrella del Gobierno de Pedro Sánchez estará presidido por el ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido. Por un solo voto de diferencia, el Pleno de la institución lo eligió ayer presidente en detrimento de la también progresista María Luisa Balaguer, que mantuvo el pulso hasta el final y a quien respaldaron en bloque los cuatro magistrados conservadores, tras la última renovación en franca minoría.

Será, también, el TC que deberá lidiar con un más que probable renovado desafío soberanista en Cataluña –el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ya ha dejado claro que quiere pactar este mismo año con el Ejecutivo la celebración de un referéndum vinculante sobre la autodeterminación–. Consciente de que la posición del Constitucional –hasta ahora dique de contención del independentismo–, y la suya propia, será escrutada con lupa, Conde-Pumpido –quien como fiscal general ya dejó claro, tras el alto el fuego de ETA en 2006, que la Justicia «no está para favorecer procesos políticos, pero tampoco para obstaculizarlos»– quiso lanzar un mensaje inequívoco de defensa de la soberanía nacional.

En sus primeras palabras a sus compañeros tras ser elegido presidente aseguró, según las fuentes consultadas, que en la Constitución no tienen cabida «ni la secesión ni la independencia ni la autodeterminación», quizá poniendo en valor la respuesta unánime del TC a la hoja de ruta del «procés» en 2017: desde las leyes de desconexión a la declaración unilateral de independencia en el Parlament. Algo que no sucedió en el respaldo a las condenas del Tribunal Supremo, aunque entre los votos en contra no estuvo el del ahora presidente del TC.

El ex fiscal general del Estado se impuso en la votación a la otra candidata, la también magistrada progresista María Luisa Balaguer, que finalmente obtuvo cinco apoyos frente a los seis de su oponente. Balaguer abandonó el Pleno tras la votación, por lo que –apuntan fuentes del TC– no estaba presente en las primeras palabras del nuevo presidente a sus compañeros.

La falta de consenso tuvo otro efecto colateral que ha soliviantado al bloque conservador: la designación de la también magistrada progresista Inmaculada Montalbán como vicepresidenta del TC, que igualmente por un solo voto fue elegida frente al candidato conservador, Ricardo Enríquez. Aunque existen precedentes, lo habitual es que la vicepresidencia quede en manos del bloque minoritario. Las dos salas del Tribunal Constitucional, por tanto, estarán presididas por magistrados de la mayoría.

Según las fuentes consultadas, desde el bloque progresista se llegó a poner en bandeja a Enríquez la vicepresidencia en busca de un mayor consenso en torno a la candidatura de Conde-Pumpido, pero el magistrado conservador rechazó el ofrecimiento (que le hubiera obligado a votar a favor del ex fiscal general del Estado). Una mano tendida que también se habría ofrecido a la propia Balaguer, quien sin embargo optó por mantener sus opciones a la presidencia hasta el final.

El ex fiscal general del Estado se impuso en la primera votación al obtener seis de los once votos (el suyo propio y el de otros cinco magistrados progresistas, incluido el de María Luisa Segoviano, cuyo posicionamiento era la principal incógnita y quien finalmente decantó la balanza). Por su parte, María Luisa Balaguer (que también se votó a sí misma) fue respaldada por los cuatro magistrados conservadores. Idéntico reparto de apoyos se repitió en la votación para la vicepresidencia (por lo que Balaguer apoyó al candidato conservador). Al lograrse la mayoría absoluta, tampoco fue necesario ir a una segunda ronda (en la que se impone el candidato que sume más votos).

Conde-Pumpido presidirá el tribunal de garantías que en los próximos años tiene que decidir si algunas de las leyes abanderadas por el Gobierno de Pedro Sánchez son o no inconstitucionales. Sin ir más lejos, la reforma del Consejo General del Poder Judicial (que impide al CGPJ hacer nombramientos mientras esté en funciones, una medida que ha acarreado ya más de 70 vacantes sin cubrir en la cúpula judicial); las leyes del aborto y la eutanasia; la Ley Celaá o las recientes reformas penales que han derogado la sedición y modificado el delito de malversación de caudales públicos (que PP y Vox anunciaron que recurrirán ante el TC).

Conde-Pumpido (La Coruña, 1949), designado magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en marzo de 1995, fue fiscal general del Estado con el Gobierno de Zapatero desde abril de 2004 a diciembre de 2011. Entre 2009 y 2010, estuvo al frente de la Red de Fiscales Generales de los Tribunales Supremos de la Unión Europea. Como magistrado, entre 1981 y 1985 estuvo destinado en la Audiencia Provincial de San Sebastián y, a partir de ese año, presidió la Audiencia de Segovia.

Como presidente del TC, Conde-Pumpido será clave a la hora de avocar asuntos al Pleno (uno de sus objetivos es poner al día al tribunal, que por ejemplo lleva más de doce años con el recurso contra la ley del aborto pendiente) y, sobre todo, tendrá voto de calidad en caso de empate entre los magistrados. Con mayoría de siete magistrados frente a cuatro, su posición será desahogada a la espera de que el Senado (la otra renovación pendiente en el TC) nombre al sustituto del conservador Alfredo Montoya, lo que nivelaría el equilibrio de fuerzas.

Con su recién estrenada mayoría, los siete magistrados progresistas tenían la llave para la elección del sustituto de Pedro González-Trevijano, pero llegaron al Pleno sin consenso respecto a una candidatura única. La mayoría de ellos apostaba por Conde-Pumpido –los magistrados Ramón Sáez, Inmaculada Montalbán, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez, estos dos últimos elegidos a propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez en la última renovación–, pero esos cinco votos (incluido el del propio ex fiscal general) no resultaban suficientes. Hacía falta uno más. El de María Luisa Segoviano. Y llegó.