Tribunales

Ábalos vuelve al Supremo con sus cuentas en la diana

No se espera que vuelva a declarar y el juez valorará si le impone alguna cautelar, a la espera del informe de la UCO sobre su patrimonio

José Luis Ábalos a su salida del Tribunal Supremo
El exministro José Luis Ábalos, tras declarar el pasado diciembre de manera voluntaria ante el Supremo.David JarDavid JarFotógrafos

El Tribunal Supremo verá de desfilar por sus pasillos esta semana que comienza a dos de los principales protagonistas del «caso Koldo». José Luis Ábalos volverá a declarar este próximo jueves, ya formalmente como imputado ante el alto tribunal tras consumarse el suplicatorio en el Congreso de los Diputados.

El exministro está llamado para ser interrogado por segunda vez, dado que ya compareció voluntariamente el pasado diciembre. Sin embargo, no se espera que esta vez vaya a contestar a cuestiones al no estar ya obligado y se prevé que opte por el silencio como estrategia para salvaguardar su defensa ante el juez que lo investiga por su presunto papel central en la trama de cobro de comisiones ilegales en adjudicaciones públicas, según trasladan las fuentes jurídicas consultadas por LA RAZÓN.

Mientras tanto, la instrucción sigue ahora mismo volcada en la comprobación de si en las cuentas y patrimonio del exministro hay rastro de las «mordidas» que el comisionista Víctor de Aldama le acusa de haber cobrado cuando estaba al mando del Ministerio de Transportes.

De hecho, como informó este diario, el examen de sus bienes por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) también se extiende a los depósitos o propiedades que tanto Ábalos como su entorno familiar pudiesen tener en el extranjero.

El juez cotejará la letra de Koldo con las anotaciones que entregó Aldama de obras con «mordidas»

Lo que buscan, en efecto, los agentes son las huellas de los 400.000 euros que Aldama calculó que pagó, entre una cosa y otra, al que fuera número tres del PSOE. De este gran montante solo 250.000 euros serían por la adjudicación del suministro de mascarillas a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, que abrió este caso.

No se descarta que, tras acudir a la cita en la Sala de lo Penal, el ahora diputado del Grupo Mixto acabe saliendo con alguna medida cautelar impuesta. Como la obligación de comparecer periódicamente. O, por otro lado, el magistrado Leopoldo Puente, ordene, a partir de ese día, como siguiente fase clave de la investigación, el volcado de su móvil.

El instructor de la causa por la «trama Koldo» en el Supremo también espera, antes, este martes, a partir de las 11:30 horas, a la antigua mano derecha de Ábalos en el Gobierno y otro de los investigados, Koldo García, para someterle a una prueba de su caligrafía. Quiere cotejar si el exasesor escribió las anotaciones que entregó a Aldama al alto tribunal de contratos de obras en infraestructuras públicas que habrían sido objeto de prebendas por empresas constructoras a cambio de su concesión.

Koldo tendrá que plasmar su firma y escribir un texto para «establecer la eventual coincidencia entre su letra» y la que figura también en una nota en la que –sostiene el empresario– el antiguo asesor apuntó a obras públicas en ciudades como Valladolid, Huesca, Jaén, Orense o Lugo.

La empresaria de las comisiones en Ferraz hablará por primera vez este martes por el «caso Koldo»

Tras estas dos citas, el procedimiento no se volverá a activar en el Supremo hasta el 25 de febrero con el desfile en tres tandas distintas de casi una veintena de testigos. Entre ellos, la mujer con la que Ábalos mantuvo una relación «extramatrimonial» –él mismo se lo detalló al juez–, Jéssica Rodríguez, que acudirá el día 27. Puente encargó a la Guardia Civil como una de sus últimas diligencias que identificase a los responsables de su contratación, primero, en Ineco, ente público que depende de Transportes, y, luego, en Tragsatec.

El juez investiga si el exministro incurrió también en un tráfico de influencias al ser quien habría impulsado que se le diera trabajo como administrativa y siendo otra de las contraprestaciones que le habría dado Aldama el pago del apartamento en que esta mujer vivió durante tres años.

También hablará, el día 25, la empresaria que aseguró públicamente haber entregado 90.000 en comisiones en la sede central del PSOE de la madrileña calle de Ferraz. Pero a ella, a Carmen Pano, se la podrá oír antes, este martes, ante el juez que investiga el resto del «caso Koldo» en la Audiencia Nacional. Esta empresaria es, además, la que habría comprado, por indicación de Aldama, el chalé del que disfrutó el exministro socialista y su familia en la localidad gaditana de la Línea de la Concepción.

Este presuntamente es otro de los beneficios que habría obtenido Ábalos de Aldama en retribución de las puertas que le habría abierto al empresario su relación para hacer unos negocios con la Administración que presuntamente le permitieron ganar millones de euros.

Víctor Ábalos, uno de sus hijos, del que el comisionista asegura que también participaba de las corruptelas en la preadjudicación de las obras públicas, tendrá que responder a las preguntas del juez en la testifical para la que está convocado el próximo 4 de marzo.

La lista la completan también uno de los socios de Aldama en el sector de los hidrocarburos, Claudio Rivas, una actividad que, igualmente, está bajo el ojo de la Justicia por la defraudación de más de 200 millones de euros en el IVA. Y el otro socio del expresidente del Zamora CF, que pagó más de 82.000 euros en rentas del piso de Jéssica, Luis Alberto Escolano.

Irá hasta el jefe de gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, Carlos Moreno. Al número dos de María Jesús Montero le atribuyó Aldama el cobro de 25.000 euros después de que consiguiese para él el aplazamiento de una deuda fiscal.

Su secretaria, Pardo de Vera y más altos cargos

El elenco de las declaraciones pendientes ante el Tribunal Supremo por el «caso Koldo» también lo forman antiguos estrechos colaboradores cuando Ábalos estaba al frente de la cartera de Transportes. Está citada la que fue su secretaria, Ana María Aranda, que organizaba su agenda; la entonces presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera; el director de Carreteras en su época como ministro, Javier Herrero, e, incluso el que era el oficial mayor del ministerio, Alejandro de Alas-Pumariño. Este último fue señalado como el responsable técnico de la compra de material sanitario por este departamento.