Una acusación insta al juez a enviar todo el "caso Koldo" al Tribunal Supremo

Una de las acusaciones populares del "caso Koldo" ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que remita todo el procedimiento al Tribunal Supremo (TS) y no solo la parte que afecta al exministro de Transportes José Luis Ábalos, cuya exposición razonada ultima el magistrado para dejar en manos del alto tribunal si investiga o no al ex "número 3" del PSOE por delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Hazte Oír considera que los hechos atribuidos al exministro -a quien Anticorrupción atribuye "un papel principal en el entramado creado por Víctor de Aldama para la consecución de negocios con las Administraciones Públicas"- son "inescindibles" del resto de la supuesta trama corrupta.

Aunque será el Tribunal Supremo, en todo caso, el que decida primero si hay indicios suficientes para imputar a Ábalos y, después, si asume el conjunto de la investigación o, por el contrario, solo lo referente al ahora diputado del Grupo Mixto (el alto tribunal suele aplicar doctrinalmente criterios restrictivos al respecto), el abogado de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán, sí advierte esa necesaria "conexión material inescindible" entre los imputados y Ábalos en su condición de aforado dado que -resalta en el escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN- existe "una unidad delictiva" al investigarse "las actividades de una organización criminal".

El letrado aboga porque se mantenga la instrucción conjunta (la causa ya se desgajó al asumir la investigación la Fiscalía Europea al contar los contratos bajo sospecha con financiación comunitaria) como "único instrumento" para alcanzar una respuesta judicial "simultánea y contradictoria" sobre la significación penal de los hechos investigados. Algo que, defiende, no supone quebrar el derecho a un proceso equitativo.

Pérez-Roldan esgrime el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apunta que Ábalos "utilizó su condición de ministro" para "favorecer los negocios de la organización criminal a cambio de dádivas" a través de la contratación de Soluciones de Gestión, la empresa de la trama, en dos contratos de organismos dependientes del ministerio -Puertos del Estado y Adif- por una suma de 32 millones de euros (del total de 53 millones adjudicados a esta sociedad por administraciones públicas gobernadas por el PSOE).

Ábalos realizó gestiones "al más alto nivel"

Ábalos, destaca, "propició reuniones y realizó gestiones al más alto nivel para la organización criminal", entre ellas la que tuvo lugar entre varios operadores de hidrocarburos (ahora está bajo la lupa judicial por un supuesto fraude de más de 180 millones de euros) y el Ministerio de Energía y Transición Ecológica y, además, "influyó en la concesión del rescate de Air Europa, propiciando que la organización criminal" se reuniera, junto con el entonces CEO de Globalia Javier Hidalgo, con la Ministra de Economía y Hacienda y con el vicepresidente de la SEPI, llegando a llevar Ábalos sus gestiones hasta el mismo Pedro Sánchez, a quien identificaban como "el 1", de lo que Aldama iba dando cuenta a Hidalgo. Asimismo, la acusación popular atribuye al exministro la firma de "numerosos salvoconductos falsos para facilitar la entrada en España de ciudadanos venezolanos para sortear las restricciones del estado de alarma" y destaca sus contactos con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, directamente o a través de Aldama, "quien obtuvo cinco millones de euros por mediar en la recuperación de la deuda" que Air Europa mantenía con el Gobierno de Nicolás Maduro.

La acusación popular señala que el exministro percibió directamente "una casa en Cádiz por valor de 578.500 euros" y el abono de los gastos de la vivienda de su amiga Jessica Rodríguez por un importe de 82.298 euros.

"A la luz de los potentes indicios que obran en estas actuaciones y que podrían ser constitutivos de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, prevaricación y organización criminal", Hazte Oír ve necesario que el juez Moreno eleve exposición razonada al Tribunal Supremo para este investigue al exministro, previa petición de suplicatorio al Congreso, asumiendo el conjunto del procedimiento.