Al Gobierno «no le tiembla el pulso» ante las amenazas británicas

Se endurecerán las penas contra las empresas propietarias de barcos que realizan «bunkering». Arias Cañete considera «aberrante» el hundimiento de hormigón

Un barco pesquero navega por la bahía de Algeciras con Gibraltar al fondo
Un barco pesquero navega por la bahía de Algeciras con Gibraltar al fondo

El Gobierno español ha anunciado hoy que ha aprobado una Zona de Especial Protección (ZEC) en aguas de Gibraltar, en la que está prohibido que los barcos fondeados permanentemente hagan de gasolineras flotantes, una práctica conocida como «bunkering».

La actitud de firmeza que el Gobierno de España ha mantenido desde el inicio de la escalada de tensión diplomática en torno al Peñón fue corroborada ayer por el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que lanzó un claro mensaje a Londres al afirmar que al Ejecutivo español «no le tiembla el pulso» en Gibraltar al tener «la responsabilidad de restablecer el orden jurídico alterado por la decisión unilateral» de las autoridades de la colonia. Así mismo, el titular de Medio Ambiente anunció que el Gobierno cambiará la legislación para endurecer las penas contra las empresas que operen barcos gasolinera en las aguas de la bahía de Algeciras. El Ejecutivo de Rajoy declaró este área marítima Zona de Especial Conservación (ZEC) a finales de noviembre de 2012, por lo que repostar combustible de barco a barco en el mar evitando así pagar impuestos (práctica conocida como «bunkering») constituye un delito medioambiental. Esta decisión del Gobierno se produjo después de que la Comisión Europea declarase meses antes «Lugar de Importancia Comunitaria» (LIC) esta misma zona y de que el Tribunal de Justicia de la UE rechazase un recurso del Reino Unido que quería invalidar la denominación LIC para las aguas del Peñón. Además, en una rueda de prensa celebrada ayer en Barbate (Cádiz) tras reunirse con el sector pesquero para analizar la aplicación del nuevo acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos, Arias Cañete calificó de «delito medioambiental» y de «aberrante» el hundimiento de bloques de hormigón que, con el consentimiento del gobernador británico del Peñón, llevaron a cabo las autoridades gibraltareñas, desatándose así la escalada de tensión entre Londres y Madrid. Arias Cañete, que defendió los controles en la verja por tratarse Gibraltar de «una plataforma para el contrabando de tabaco», afirmó también que el Gobierno está «muy tranquilo» y que las «amenazas no harán temblar su firmeza al encontrarse amparado por la legalidad». El titular de Medio Ambiente también hizo referencia a una de las medidas que estudia el Ejecutivo, la de gravar con una «tasa de congestión» de 50€ a los vehículos que entren o salgan de la colonia. Según el ministro, la tasa es «razonable» y los trabajadores no se verán afectados por la misma ya que no se aplicaría a ellos al tratarse de una medida encaminada a disuadir a los contrabandistas y a pagar al personal adicional requerido para efectuar los registros.

La respuesta de las autoridades gibraltareñas a las declaraciones de Arias Cañete no se hizo esperar y, apenas horas después, a través de un comunicado, el Ejecutivo de Fabian Picardo anunció que «no tolerará intentos de interferir en la legalidad de las operaciones de bunkering en las aguas territoriales británicas del Peñón». Los gibraltareños pretender tener soberanía sobre las aguas comprendidas entre la mediana de la bahía de Algeciras y la prolongación de la verja al oeste y tres millas náuticas desde la costa al sur y al este. Sin embargo, tal y como recordó Arias Cañete ayer en Barbate, el artículo X del Tratado de Utrecht sólo cedió las aguas interiores del puerto de Gibraltar a la corona inglesa. El comunicado de las autoridades gibraltareñas recuerda que «el repostaje de combustible (dentro de sus aguas territoriales) se rige por las leyes de Gibraltar» que ya aplican la legislación europea en esta materia. Por su parte, en una entrevista concedida a la cadena de televisión británica Sky News, Fabian Picardo ha afirmado que «Gibraltar ganaría juego, set y partido» de llevarse el conflicto a «cualquier tribunal internacional justo». Un portavoz del Gobierno británico anunció ayer que volverá a presentar al ministerio de Asuntos Exteriores español una queja por los «inaceptables» registros. Por otro lado, mientras las colas producidas en la verja ponen en peligro la crucial temporada turística de verano en Gibraltar, el presidente del Consejo de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía aseguró a Europa Press que no se ha registrado ningún efecto negativo en la afluencia de turistas británicos en el sur de España debido al conflicto.

500 euros de ayuda a cada pescador

Poco a poco se van conociendo más detalles de las ayudas que concederá el Gobierno a los pescadores de la bahía de Algeciras afectados por el contencioso con Gibraltar. Por boca del ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, se anunció que las ayudas –que se aplicarán con carácter retroactivo desde el 1 de agosto– beneficiarán a unos veinte barcos de la comarca y oscilarán entre los 500 euros al mes para los armadores y los 189 para los pescadores. Cañete explicó que todavía se están estudiando las cantidades finales a repartir para cada uno de los afectados.