Alaya acusa a Guerrero de recibir 248.400 euros en pagos sin rastro

La juez de los ERE, Mercedes Alaya, acusa al ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero de haber recibido 248.400 euros en 170 ingresos de menos de 3.000 euros "para eludir la obligación de identificar".

En la exposición razonada elevada al Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso Efe, la juez imputa además a Guerrero haber concedido dos ayudas de 450.000 euros a dos empresas ficticias de su chófer, dinero que luego ambos destinaron a comprar cocaína y parte del cual el ex director recuperó mediante entregas en efectivo.

La juez Alaya ha elevado al Tribunal Supremo el caso de los ERE por la posible imputación de nueve aforados, entre ellos los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en una exposición razonada en la que resume sus tres años de investigaciones y vuelve a señalar a Guerrero como uno de los responsables del presunto fraude.

Entre otros, recoge que su suegra fue incluida en el año 2004 en la póliza de SOS Cuétara y en otra posterior, por las que recibió 198.876 euros, y que tres amigos suyos se beneficiaron del ERE de FCC y CESPA con una prima total de 812.998 euros.

Las sobrecomisiones procedentes de fondos públicos serían también aprovechadas para abonar al ex director general "dádivas o recompensas"por su activa participación en la elección de las aseguradoras Vitalia y Uniter "y en facilitarles su actuación", según Alaya.

De Vitalia, según la declaración de su chófer, Guerrero habría recibido en el año 2007 en Madrid dos sobres con dinero de manos de su entonces director, el imputado Antonio Albarracín.

Añade la exposición razonada que en dos cuentas de Guerrero existen 170 ingresos por cantidades inferiores a 3.000 euros "con la finalidad indiciaria de eludir la obligación de identificación", y cuyo total asciende a 248.400 euros.

Uniter, por su parte, pagó en 2006 a Guerrero 30.000 euros ingresados a una empresa de su chófer y otros 30.000 a Promociones Vinícolas, propiedad de Gregorio M.P, a quien el ex alto cargo compraba la cocaína, todo ello a cuenta del ERE de la Franja Pirítica.

A ellos se añadieron otras dos entregas de 48.000 y 42.000 euros a esas dos empresas, que "carecían de actividad y estarían al servicio del señor Guerrero", según Alaya.

El texto elevado al Supremo indica que "en este caldo de cultivo del trato desigual y absoluta falta de procedimiento"se deben incardinar las dos ayudas de 450.000 euros concedidas a las sociedades Iniciativa Turística Sierra Morena y Lógica Estratégica Empresarial, creadas por el chófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, siguiendo las indicaciones de su jefe y "para que ambos pudieran beneficiarse de las subvenciones recibidas".

En los convenios respectivos "se argumentaron proyectos falsos", pues hacían referencia a un complejo hotelero rural y una fábrica de muebles, y ambas ayudas fueron cobradas por Trujillo a lo largo de 2005, después de que Guerrero se dirigiese en junio de ese año a la agencia andaluza IDEA, mediante sendos oficios, "para recordarle el urgente pago de las mismas", indica Alaya.

Otros fondos recibidos de la Junta fueron los 122.649 euros que obtuvo la madre del chófer, proceso en el que éste, en connivencia con Guerrero, le falsificó la firma para que ambos pudiesen cobrar esa suma.

La exposición razonada recoge que, según la declaración de Trujillo, el dinero así recibido, además del que obtuvo cobrando la póliza de rentas de su madre, "lo dedicaron al consumo de cocaína de ambos y le hizo a Guerrero diversas entregas en efectivo y multitud de regalos".