Se cumple un año desde que Pedro Sánchez se dirigiera a los españoles a través del género epistolar para hacerles partícipes de sus dudas acerca de seguir al frente del Gobierno. Los cinco días de «reflexión» que siguieron a la misiva, y a la apertura de diligencias de investigación contra su mujer en un juzgado de Madrid, se saldaron con su voluntad de mantenerse en el poder. Un cierre en falso de una crisis autogenerada que se trató de vestir políticamente con la asunción de un compromiso: «Trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y libertades».

Hicieron falta casi tres meses más para que ese «punto y aparte», como lo definió el propio presidente, se concretara en un «Plan de Acción por la Democracia», una treintena de medidas que, un año después, apenas han tomado forma. Sobre el papel, el objetivo era colosal: «ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental», «fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad de nuestro ecosistema informativo» y «reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral»; pero, en la práctica, apenas se han iniciado un tercio de las medidas proyectadas. Ahora, el Gobierno se propone reactivarlo con el objetivo de desbloquear las principales iniciativas de lo que en su momento Moncloa vendió como una «causa nacional» y que ha quedado totalmente diluida.

Entre los proyectos que ahora buscan relanzar está la nueva ley de secretos oficiales, la regulación del secreto profesional o la reforma de las normas de publicidad institucional, derecho al honor y financiación de partidos políticos, según figura en la hoja de ruta que se ha marcado el Gobierno. Recientemente, el Consejo de Ministros ha avanzado en la aprobación del anteproyecto de reforma de la ley electoral para hacer obligatorios los debates electorales y la difusión de las «tripas» de las encuestas. Ambas cuestiones, previstas en el citado plan. Todavía queda por fijar la fecha del Debate sobre el estado de la nación que Pedro Sánchez quiere hacer obligatorio con carácter anual, pero al que solo se ha sometido una vez en los siete años que va a cumplir en el Palacio de la Moncloa.

El «Plan de Acción por la Democracia» surgió como movimiento reactivo a la «persecución» de la que Sánchez dice ser objeto su mujer, una combinación entre los «bulos» y los «pseudomedios», para justificar un mayor control sobre los medios de comunicación, su propiedad y sus fuentes de financiación. Esta es la pata que está más avanzada del plan y a la que se dará un nuevo impulso. Por Consejo de Ministros ya han pasado dos anteproyectos en este sentido: el de mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación, y el que regulará la creación del registro de medios, que obligue a la publicación de información sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben.

El texto otorga a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el papel de supervisor, para proceder al control, inspección y sanción sobre las plataformas digitales. Será, por tanto, la encargada de «evaluar el impacto sobre el pluralismo mediático de las operaciones de concentración en el mercado de los medios».

Ahora se dará un paso más con la reforma de la ley de publicidad y comunicación institucional, para limitar el volumen de recursos públicos que los medios de comunicación pueden recibir, de manera que no sean financiados de manera exclusiva por ciertas administraciones. «Lo que está sucediendo es que hay medios que solamente tienen recursos públicos y no tienen lectores», llegó a señalar el propio Sánchez. De este modo, se prevé establecer «criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación» en la asignación de la publicidad institucional, y se fiscalizará que los sistemas de medición de audiencias sean transparentes e imparciales.

Después de avanzar en la aprobación, en primera vuelta, de la reforma del derecho de rectificación, ahora se abordará lo relativo al derecho al honor para endurecer las sanciones y acelerar la resolución de los procedimientos, de manera que se acompase a la velocidad del «ecosistema mediático actual» y, por tanto, «asegurar el carácter compensatorio». En Moncloa creen que estas dos normas han quedado superadas por la realidad mediática y de las redes sociales, que no permiten que se actúe rápidamente contra las difamaciones que se vierten en este tipo de formatos.

Otra de las cuestiones pendientes es la reforma de la ley de secretos oficiales, que se está «ultimando» para poder aprobarse en segunda vuelta «en las próximas semanas» y posteriormente iniciar su tramitación parlamentaria en el Congreso. También la reforma de la ley de financiación de partidos, para «reforzar el régimen sancionador aplicable a los partidos políticos que presenten sus cuentas de manera inadecuada». Al impulso del plan se suman otras tareas pendientes para lo que resta de curso, como la respuesta arancelaria, la quita de la deuda a las comunidades autónomas, la reducción de la jornada laboral, la aplicación de la normativa sobre menores migrantes no acompañados y la aprobación de la Agencia Estatal de Salud Pública.