Anticorrupción quiere que toda la causa pase al TSJ de Valencia

La Fiscalía Anticorrupción considera que el «caso Nóos» debe continuar tramitándose, y en su caso, enjuiciarse, en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, a la vista de los indicios existentes contra la actual alcaldesa de esa ciudad, Rita Barberá, y el ex presidente de la Generalitat Francisco Camps, y ello con independencia de que todos los imputados hasta ahora no sean aforados. Esta es la petición que realiza el Ministerio Público al TSJ de Valencia en un informe de 159 folios en los que detalla de forma pormenorizada los indicios existentes contra Camps y Barberá en relación con la adjudicación al Instituto Nóos de los convenios para la organización de los eventos Valencia Summit -encuentro anual de debates sobre grandes acontecimientos deportivos-, en los años 2004, 2005 y 2006, por los que el instituto que presidía Iñaki Urdangarín percibió 3,1 millones de fondos públicos, y del proyecto de «Juegos Europeos», que no llegaron a celebrarse. De aceptarse esta petición, el juez Castro perdería la competencia de la causa.

Una vez que el TSJ de Valencia asuma la instrucción, todo hace indicar que las primeras diligencias serán citar a declarar como imputados a Camps y Barberá, según señalaron fuentes jurídicas.

El Ministerio Público considera que los delitos que hay que investigar son los de prevaricación, fraude a la administración, malversación de caudales públicos, y tráfico de influencias. En su informe, alude a la existencia de varias reuniones de Urdangarín y Torres con Barberá y Camps para los convenios de Valencia Summit, en las que éstos, «dada la ascendencia que su posición les confería», por los cargos que ocupaban, dieron el visto bueno al proyecto y ordenaron que «se beneficiase al Instituto Nóos con la adjudicación del proyecto y su financiación pública».

Asimismo, la Fiscalía apunta a que en una reunión en el Palacio de la Zarzuela entre Urdangarin, su ex socio Diego Torres, Camps y Barberá, en el año 2004, fue donde se negoció la organización del futuro Valencia Summit. Un evento que, según un escrito presentado por Torres ante el juez, se desarrolló el 29 de enero de 2004, casi nueve meses antes de que fuese firmado el convenio para la celebración del Valencia Summit –el 8 de septiembre de ese año–, por cada una de cuyas tres ediciones Nóos percibió 1,044 millones de euros públicos, a pesar de que los investigadores estiman en unos 300.000 el coste real de cada una de ellas. Tras ello, según la acusación, ni la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) ni la Fundación Valencia Turismo Convention Bureau (FVTCB), firmantes del convenio para la celebración del evento, abrieron procedimiento de contratación ni investigaron ni documentaron la experiencia y solvencia de Nóos. Además, la elección de la fórmula del convenio permitía adjudicar directamente el proyecto a la entidad, «obviando deliberadamente el incumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia legalmente exigibles». Por último, el escrito alude a la presunta intervención de Camps en las negociaciones de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar pero por los que Nóos percibió 382.000 euros de la Generalitat. En este sentido, la acusación recuerda que Urdangarin y Torres se personaron en la Generalitat y mantuvieron una reunión con Camps para exponerles el proyecto y proponerse su aprobación, solicitándole financiación pública para desarrollar el mismo.