La asesora que usó Begoña Gómez alega ante el juez que no sabe por qué se le investiga

María Cristina Álvarez, la asesora que utilizó la mujer del presidente del Gobierno para asuntos profesionales, ha alegado ante el juez Juan Carlos Peinado que desconoce porque se le investiga en el "caso Begoña Gómez".

Estaba citada a declarar y su abogado ha pedido la suspensión al no tener claro qué indicios motivan que esté imputada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El instructor se ha negado a aplazar su comparecencia, pese a que la defensa de esta alto cargo de Moncloa tiene recurrida su imputación ante la Audiencia Provincial de Madrid. Una petición de anulación de su imputación a la que también se adhirió la propia esposa de Pedro Sánchez y la Fiscalía de Madrid.

Álvarez ha contestado solo a preguntas de su letrado y ha negado que influyese sobre funcionarios públicos prevaleciéndose de su puesto de directora de Programas de la secretaría general de Presidencia del Gobierno, lo que sería una conducta delictiva coincidente con el tráfico de influencias, según trasladan a LA RAZÓN fuentes jurídicas.

Su abogado, en cambio, no le ha preguntado sobre los asuntos que gestionó para Gómez en torno a la financiación privada de la cátedra extraordinaria que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y que quedaron patentes en los mails incorporados a la causa.

Por su parte, el exvicesecretario general de Presidencia del Gobierno Alfredo González Gómez afirmó en su testifical de este miércoles que nombró a Álvarez como asesora sin haberla conocido nunca en persona, sin haber llegado a tener en su poder su currículum. González no recuerda por qué medio o a través de quién le llegó la propuesta de que entrase a trabajar en el Ejecutivo.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid pidió, cuando la imputó, a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que rastreasen su registro de llamadas para dilucidar si mantuvo comunicaciones telefónicas desde que está en Moncloa con personas del Instituto de Empresa -donde la esposa de Sánchez dirigía el Africa Center-, la Organización Mundial del Turismo (OMT), y las empresas patrocinadores del software de la cátedra de Gómez, que fueron Indra, Google y Telefónica.

Así como las financiadoras de la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), como son Reale y fundación La Caixa. Además de Arsys, que era la compañía tecnológica que dio el dominio a la web en que Gómez ofrecía el programa informático que le valió a la mujer de Sánchez dos imputaciones más, por apropiación indebida e intrusismo profesional, y Manpower, que participó en la fase final de desarrollo del programa.

Esta asesora gestionó con la UCM en nombre de la mujer del jefe del Ejecutivo la inscripción a su nombre en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual del software desarrolló en el seno de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva que codirigía y la firma de un pliego para una contratación pública de este centro público universitario madrileño relacionada con la creación de este programa informático.

Blanca Juan de Castro, que era coordinadora de la cátedra de Gómez, ha asegurado en su declaración este miércoles como testigo que el software no se llegó a acabar de desarrollar.

También se encargó de trasladar a Reale Seguros el interés de Begoña Gómez porque continuase patrocinando la cátedra. En un mail esta trabajadora de Presidencia le hace saber a esta aseguradora que a la mujer del presidente del Gobierno "le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior" a la aportada anteriormente. Le dejó claro para finalizar que están "dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis".