Así fue la operación para incautarse de los bienes de etarras

El propietario de uno de los vehículos confiscados asumió la situación sin protestar. En el caso de los cuentacorrentistas, hubo juramentos y rabia

“La Guardia Civil, de esta no me salva nadie”. La expresión corresponde a un antiguo miembro de la “kale borroka” (terrorismo callejero) al ser avisado que varios automóviles oficiales de la Benemérita rodeaban su coche para cargarlo a una grúa.

Cuando se acercó a los agentes y le comunicaron que se le retenía el coche para que, con su venta, hiciera frente a los daños causados a las víctimas con sus atentados, optó por la resignación. “Me lo temía”, murmuró. Como aquellos vendimiadores manchegos que al llegar al descargar desde el volquete la uva en el lagar, comentaban lo de “a la final, volquemos”.

Los vecinos que se habían acercado al lugar, ni una palabra. ¡Cómo han cambiado los tiempos! Poco a poco se van convenciendo de que todo lo que les han contado; eso de que ETA ha ganado, que habrá impunidad, que los presos estarán mañana en la calle, es pura mentira. Y lo que es más grave, una mentira para que los “batasunos” que ya “pisan moqueta (los “moketalaris”) puedan seguir haciéndolo.

La Benemérita, en el caso de los cuatro vehículos que tenían que sacar de la calle para llevarlos a un depósito, había preparado un dispositivo de aseguramiento de las zonas, sobre todo para proteger el trabajo de las grúas encargadas de realizar este trabajo. No hizo falta porque no se produjo ningún incidente. En otros tiempos, esta situación habría sido impensable,

Prueba de lo que ocurre hay que buscarla en el comunicado que hicieron público los proetarras de Sortu, cuya lectura casi produce sonrojo, porque sigue con la traca de “a la final ganemos, pero no volquemos”.

Tras mostrar su firme denuncia ante la operación policial abierta por el Ministerio de Interior español, expresó su solidaridad con las personas “damnificadas”. El mundo al revés, los verdugos son las víctimas y las víctimas los verdugos.

El secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, exclamó que “esta es la respuesta del Estado español al fin de ETA. Quieren mantener este pueblo atado al pasado cuando la sociedad vasca desea avanzar. Siguen haciendo la guerra cuando la sociedad vasca desea la paz”. Tal vez se refiere a la paz de Alsasua.

Los proetarras están fuera de sí por el hecho de que el Gobierno no les haya dejado culminar todas sus pantomimas sobre desarme y disolución, implantación de su “paz” y le acusa de torpedear el fin de ETA. “Aunque hasta ahora no haya salido a la luz pública, puesto que presionaron al Gobierno suizo para que no se celebrara el acto que tuvo lugar en Ginebra”, aseguran. Y ahora, esto” (por los embargos de cuentas y retirada de vehículos).

Se les ve entre enfadados y confusos: “el Estado español continúa utilizando su violencia para imponer su proyecto político tanto en Euskal Herria como en Cataluña. ¿Por qué?, porque sin violencia no es nada. Ante ello, Sortu manifiesta lo siguiente: no conseguirán mover un ápice ni a la izquierda abertzale ni a la sociedad vasca en su apuesta por la paz y la libertad. No lo van a conseguir”. Se les olvidó decir que no tienen medios para hacerlo.

Las reacciones que tuvieron los otros tres etarras a los que se retiraba sus vehículos, entre ellos una autocaravana, se conocen porque los agentes estaban presentes y fueran todas similares a la descrita.

De las que no se tienen detalles, aunque alguna noticia ha llegado, es la de los que, al tener noticias de la operación, acudieron a sacar el dinero de sus cuentas y cartillas, alguna con 20.000 euros, y no pudieron obtener ni un céntimo. Los juramentos, expresados o internos, eran patentes en los rostros de los otrora felices etarras reinsertados en la sociedad tras sus correspondientes homenajes de bienvenida.

Por lo que respecta a las propiedades, la Benemérita, ha identificado 14 , la mayoría de ellas viviendas de las que los investigados serían propietarios, aunque también se ha actuado sobre locales comerciales y plazas de aparcamiento.

El Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional ha emitido escritos dirigidos a los respectivos registros de la propiedad para que procedan a hacer el apunte correspondiente, lo que impedirá su venta o transmisión si no se procede previamente al pago de la deuda. Las propiedades inmobiliarias se encuentran en las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, así como en la Comunidad Foral de Navarra y en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Medio centenar de etarras que han visto sus bienes confiscados para pagar, aunque sea en parte, lo que deben a sus víctimas. Con todo, los más dolidos es lo que han visto reducido su salario a 735,9 euros al mes, que es el mínimo establecido por ley. De los 50 etarras, más de la mitad están afectados por esta medida, aunque estos datos no se facilitan por razones legales. Las empresas deberán retener todo lo que exceda de esa cantidad y quedará a disposición de la Audiencia Nacional.

En definitiva, una operación de la Guardia Civil que ha devuelto a su sitio las creencias de los etarras de que todo había terminado y que a ellos en el futuro no les iba a molestar nadie para que cumplieran con lo que tienen pendiente con la Justicia.