La polémica en torno a la adquisición por parte de España de munición a Israel está provocando una crisis en el seno del gobierno de coalición. La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del contrato de compra de unos 6 millones de euros ha obligado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a ordenar una marcha atrás de alto voltaje.

En el centro de la discordia se encuentra un contrato millonario para la compra de 15 millones de balas a una empresa de Israel, IMI Systems, representada en España por Guardian Defense & Homeland Security S.A. Este acuerdo, formalizado para el suministro de cartuchería 9x19 mm PB NATO en dos lotes que suman un total de 5,49 millones de euros, ha provocado una profunda brecha en el seno del gobierno de coalición, enfrentando al PSOE con su socio minoritario, Sumar.

IMI Systems, la empresa actualmente bajo el escrutinio público, fue una empresa estatal israelí hasta 2018, año en que fue comprada por Elbit Systems, una firma que colabora con las fuerzas armadas israelíes en el conflicto de Gaza.

Las balas de la discordia son cartuchos estándar de la OTAN para armas cortas como pistolas y subfusiles: un proyectil de aproximadamente 9 mm de diámetro y un casquillo de 19 mm de longitud, que ofrecen un equilibrio entre tamaño compacto, alta capacidad de cargador y un poder de parada efectivo para aplicaciones policiales y de defensa.

El Ministerio del Interior justificó la compra alegando la imposibilidad de anular el pago de un material necesario para los servicios de la Guardia Civil, contradiciendo un anuncio previo de suspensión del contrato realizado hace seis meses tras el recrudecimiento del conflicto en Gaza.

La maniobra de Interior, que intentó formalizar el contrato discretamente durante la Semana Santa, indignó a los socios de gobierno, que ya venían mostrabando su malestar por el aumento del gasto en defensa acordado previamente. La publicación en el BOE oficializó un acuerdo que, a ojos de una parte del gobierno, contradice la firme postura de Pedro Sánchez como uno de los líderes europeos más críticos con el gobierno de Netanyahu y defensor de la causa palestina.

Ahora, las circunstancias han obligado a que el presidente, consciente del riesgo de ruptura y del daño a su imagen internacional, haya ordenado al Ministerio del Interior buscar una fórmula jurídica para anular el contrato, priorizando el coste político sobre las posibles implicaciones económicas de la rescisión.

La decisión de dar marcha atrás, aunque aún con detalles técnicos por definir, evidencia una vez más la fragilidad de la coalición y la dificultad de conciliar posturas divergentes en temas tan sensibles como la política de defensa y seguridad nacional.

* Diego Martínez es graduado en Derecho y Periodismo, máster en Relaciones Internacionales y diplomado en Altos Estudios de la Defensa Nacional por el CESEDEN