El sindicato Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado que los expediente sancionadores que abre la Guardia Civil están "inflados" en cuanto a su gravedad. Según indica, los días perdidos en sanciones "injustas" y medidas cautelares que terminan anuladas suponen más de cuatro años, de acuerdo con el estudio realizado sobre los ejercicios 2023 y 2024.

Al respecto, explican en un comunicado que es un problema del que llevan advirtiendo tiempo y que se sigue produciendo. "Como dijimos en nuestra intervención, alguien no está haciendo bien su trabajo al calificar los hechos a la hora de abrir los expedientes y, lo que es más grave, se podría estar usando esas calificaciones desorbitadas para instruir falta grave en lugar de leve", avisan. Ello implica que en lugar de tener dos meses para instruir el expediente, el plazo en el caso de las faltas graves se amplía a seis, por lo que la resolución de la falta se dilata en el tiempo.

El sindicato argumenta que ya dieron cuenta de la problemática a la directora de la Guardia Civil, Mercedes Gallego, y que, pese a ello, la situación no revierte. Del estudio realizado se desprende que un 14% de las sanciones que se iniciaron como falta grave terminaron sancionándose como leve, mientras que un 19% de las catalogadas como muy graves se sancionaron finalmente como graves.

540 días de sanción indebidos

Además, el 24% de los recursos presentados por personal de la Guardia Civil ante los tribunales militares que acabaron en sentencia entre los años 2020 y 2023 fueron estimados anulando la sanción. Por su parte, el 5% de ellos culminaron con una estimación parcial de dichos recursos. "Que se constate que casi el 30% de las sanciones que son revisadas por el juzgado están mal impuestas demuestra la penosa gestión que realiza la Guardia Civil con su personal", avisan.

En lo que respecta al estudio realizado sobre los años 2023 y 2024, la AUGC estima que la media de días de medidas cautelares impuestas de manera indebida asciende a 540. "Las medidas cautelares suponen que, mientras se tramita el procedimiento abierto, la persona afectada deja de trabajar dado el perjuicio que podría ocasionar seguir trabajando. Sin embargo, tal y como indicamos anteriormente, los tribunales han considerado esta medida desproporcionada y mal aplicada, por lo que la Guardia Civil ha prescindido de sus trabajadores por este motivo 540 días (más de un año) sin necesidad alguna", alega la AUGC.

"Nadie asume la responsabilidad"

El sindicato, que alerta de que hay más sentencias de las valoradas en el estudio, añade que la cifra asciende a 1042 días cuando se refiere a sanciones impuestas y anuladas en los tribunales durante esos dos años. Por ello, concluye que se está produciendo una "nefasta gestión" en materia de recursos humanos dentro del Instituto Armado y que ningún mando asume la responsabilidad de estos hechos.

"Esta y no otra, es la verdadera Guardia Civil, la que barre debajo de la alfombra toda la porquería para que nadie se entere de cómo tratan al personal, de cómo no respetan sus derechos, mientras todos miran para otro lado", concluye la AUGC.