El supuesto informe de la ONU que censura las leyes de concordia de PP y Vox partió de tres relatores del organismo internacional –expertos independientes- y no se trata de un informe vinculante, tal como han reconocido fuentes internas de la ONU, que destacan que se trata de “opiniones” y “recomendaciones” que no implican obligación alguna.

El documento no es emitido oficialmente por Naciones Unidas, sino por los relatores especiales, que no son miembros de la ONU y trabajan de forma voluntaria, sin percibir remuneración por ello.

Según el presidente de Aragón, Javier Azcón - uno de los aludidos-, es obra de Fabián Salvioli, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, a quien el Gobierno de Pedro Sánchez ya anunció que se dirigiría tras conocer que Aragón y Castilla y León pretendían aprobar sus propias normas en el campo de la memoria histórica.

El documento, por tanto, no es más que una respuesta a los planteamientos presentados por una denuncia de parte que, además de Salvioli, está firmado por Aua Baldé, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y Morris Tidball-Binz, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Ninguno se habría puesto en contacto con los gobiernos autonómicos de Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León.

En este sentido, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Carlos Menéndez, ha dudado sobre "la parcialidad" del informe de la ONU que insta a España a preservar la memoria histórica con el argumento de que uno de los tres relatores que lo firman es un jurista argentino del que "está acreditado" que es "amigo íntimo personal de Baltasar Garzón". El mencionado Fabián Salvioli.

Fabián Salvioli, que figura en el documento como “relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”, es profesor de Derecho Internacional en la Universidad de La Plata, en Buenos Aires, y ha destacado como defensor de las víctimas de las dictaduras. En España fue crítico con la Ley de Amnistía de 1977 y se ha mostrado siempre partidario de la Ley de Memoria Democrática promovida por Pedro Sánchez.

Morris Tidball-Binz, “relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias”, es especialista en medicina forense y acción humanitaria. Es especialista en las desapariciones del terrorismo de Estado en Argentina.

Aua Baldé, que firma como “presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias”, es profesora de la Universidad Católica de Portugal y ha trabajado en diversas misiones para la pacificación de países africanos. Recientemente denunció el "alarmante incremento" de desapariciones forzadas en Venezuela

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, recomendó informarse mejor de las leyes de concordia en entredicho, y dejó clara la posición del partido: “Lo mejor que se puede hacer es leer los textos, segundo, no dar por aprobadas leyes que todavía no se han aprobado. Y tercero, decir muy claramente que para el PP los 40 años de Franco han sido una dictadura y ETA una banda terrorista. Esto es lo que se pretende con las leyes y es nuestro compromiso con la memoria histórica”.

Carlos Menéndez ha aclarado también que ni los relatores o ni los informes forman parte del organigrama de Naciones Unidas y ha considerado que se trata "simplemente de unas recomendaciones" de unos relatores que "se limitan a hacer informes y aconsejar". "No es que sea una conclusión de Naciones Unidas", ha insistido y ha explicado que los informes de la ONU "no son vinculantes".

El portavoz del Grupo Vox ha defendido asimismo que las Cortes de Castilla y León, como cámara legislativa, es "perfectamente soberana" para tramitar en este caso la proposición de ley de Concordia de PP y Vox.