Tras una ofensiva diplomática sin precedentes por parte del Gobierno, los Veintisiete abordarán hoy la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea. Si no hay un imprevisto de última hora, está agendado que se produzca una votación de resultado incierto. Aunque el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, había hecho de este tema casi una batalla personal, finalmente no se desplazará a Bruselas y delegará su asistencia en el secretario de Estado, Fernando Sampedro.

Las fuentes diplomáticas de varias capitales consultadas se resisten a anunciar cuál será su postura final y prefieren que sean los ministros de Exteriores de sus respectivos países los que aclaren su posición definitiva antes de que comience la reunión. «No están siendo unas negociaciones usuales, donde se van aclarando los aspectos técnicos en los diferentes grupos de trabajo, sino que están siendo negociaciones directas entre gobiernos con un componente altamente político», aclara un alto cargo diplomático que no quiere aventurarse a pronosticar qué pasará.

Dos fases

Para que se produzca el reconocimiento de estas tres lenguas se necesita la unanimidad de los Veintisiete. España planteó por primera vez esta propuesta en septiembre del año 2023 y, hasta el momento, la luz verde ha sido imposible de conseguir. Pero en estos últimos meses España ha puesto toda la carne en el asador para convencer a los más reticentes. De hecho, ha conseguido que ningún país vaya a la reunión anunciando su veto. En su última propuesta, enviada a finales de la semana pasada, el Gobierno de Sánchez ofrece un reconocimiento en dos fases.

A partir de 2027, tan solo se traducirían a estas lenguas los reglamentos del Consejo y de la Eurocámara y se dejaría para un periodo posterior, cuatro años después, la traducción de todos los textos legislativos. Esto aliviaría a corto plazo la gran carga administrativa y económica. Además, nuestro país se compromete a asumir el coste, sin que recaiga en los contribuyentes europeos.

Estos compromisos convencen a medias. Fuentes diplomáticas recuerdan las dudas del servicio jurídico, ya que hasta el momento nunca se ha otorgado este estatus a lenguas regionales que no son oficiales en todo el país, y preferirían tener más tiempo para analizar todos los aspectos tanto legales como políticos. Uno de los temores es que la petición española abra la Caja de Pandora y más lenguas minoritarias planteen la misma exigencia, a pesar de que el Gobierno de España en todo momento ha defendido esta propuesta como un traje a medida.

Intimidación

Intimidación

Además, existe malestar con la delegación española por el «modus operandi». Este tema no se ha tratado estos meses por los cauces habituales –los grupos de trabajo donde se resuelven los problemas técnicos– y, según denuncia el periódico «Financial Times», los países bálticos se han sentido intimidados, ya que Moncloa habría ligado este tema a su presencia militar en estos países.

Conviene recordar que la «guerra» del Ministerio de Exteriores por el uso del catalán en la UE se enmarca en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez entre Junts y el Gobierno socialista. En enero, durante la conferencia de embajadores, el jefe de la Diplomacia, José Manuel Albares, instó a los 130 embajadores españoles reunidos en Madrid a «redoblar esfuerzos» para que las lenguas cooficiales «sean reconocidas en la UE». El ministro lo marcó como una «prioridad» absoluta.