La débil coalición de partidos que sostiene al primer ministro Michel quiere evitar a toda costa que las relaciones con Madrid y otras capitales de la UE se tensen por la posible petición de asilo.

La pretensión de Carles Puigdemont de conseguir asilo político en Bélgica trasciende la política española y podría derivar en una crisis de calado entre ambos países, en la propia coalición de gobierno que sostiene al Ejecutivo Federal de Charles Michel e incluso con las capitales europeas que se han pronunciado sin fisuras en apoyo a Mariano Rajoy ante el desafío secesionista catalán. El primer ministro belga contestó ayer de manera lacónica con un «sin comentarios» a las insistentes preguntas de la prensa internacional mientras el líder socialista francófono Elio di Rupo le pedía explicaciones y le acusaba de poner en peligro «la credibilidad internacional de Bélgica». Michel, liberal francófono, capitanea un Ejecutivo con otras tres formaciones de centroderecha flamencas en la que los nacionalistas de N-VA llevan la voz cantante y al que pertenece Theo Francken, el secretario de Estado de Inmigración que ofreció asilo al expresidente catalán. Una coalición sui generis formada por liberales flamencos y valones, democristianos flamencos e independentistas flamencos, en un país siempre al borde de la crisis política y que ha hecho de la inestabilidad su principal santo y seña.

Encontrar una respuesta consensuada a la crisis, con mimbres tan distintos, se presenta complicada, ya que la legislación europea considera a todos los Estados europeos como «países seguros» en los que, en principio, no cabe una solicitud de este tipo por persecución política religiosa u origen étnico. Ayer, ya los partidos belgas marcaron sus distancias de una posible petición de asilo. Tanto el ministro del Interior, Jan Jambon, del partido nacionalista flamenco N-VA, como esa formación política, se desmarcaron de la visita de Puigdemont a Bruselas. Jambon «no está al corriente», indicó un portavoz del ministro, quien además «no ha mantenido ningún contacto en los últimos días». Tampoco los nacionalistas flamencos habrían cursado una invitación a Puigdemont.

Según la legislación belga, un Estado debido a una guerra y otra circunstancia de fuerza mayor se haya suspendido el Convenio para la Protección de Derechos Humanos. Otra posibilidad es la que podría ser utilizada por Bélgica ya que permite a un Estado actuar de manera unilateral. La siempre intrincada legislación comunitaria explica que en este caso, las capitales europeas (el Consejo) deben ser «inmediatamente informadas» y se considera que la solicitud se atenderá «en la presunción de que es manifiestamente infundada». Paradójicamente, la facultad de toma de decisiones del Estado miembro no quedaría afectada. Fuentes comunitarias explican a LA RAZÓN que la pelota quedaría en el tejado de Bélgica, que seguiría teniendo la última palabra y podría utilizar esta cláusula para acoger a Puigdemont. Estas fuentes se resisten no obstante a adelantar acontecimientos ante la previsible crisis diplomática que generaría con España y otros países de la UE.