La guerra lingüística no cesa y abarca más ámbitos que el ya clásico de la educación, con Cataluña como principal exponente. En esta ocasión, la batalla ha llegado hasta el mar, concretamente a varios buques de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil en servicio y con diferentes cometidos. Son tres y el problema es que llevan "nombres de topónimos gallegos", pero escritos en castellano, algo que no gusta al BNG.

Es por ello que los nacionalistas gallegos, a través de varias preguntas planteadas por su diputado Néstor Rego Candamil, denuncian esta situación y exigen al Gobierno que lo cambie. El motivo: que se usan nombres "sin reconocimiento oficial, distorsionados y españolizados", por lo que acusa al Ministerio de Defensa y al del Interior de estar "vulnerando la legislación vigente".

En concreto, el escrito del BNG hace alusión al remolcador A-53 "La Graña", con base en Cádiz y en servicio desde 1993 y al velero escuela A-72 "Arosa", con base en Marín y en servicio

desde 1981, ambos pertenecientes a la Armada española. Y añaden uno de los buques del servicio marítimo de la Guardia Civil, dependiente del Ministerio del Interior: el patrullero M-51 "Río Jallas”, en servicio desde 2014 y con base en La Coruña.

Las gallegas, "las únicas legales"

Para esta formación, "las únicas formas válidas y oficiales son las gallegas", por lo que deberían denominarse dichos buques como "A Graña", "Arousa" y "Río Xallas". Porque, según defienden, "la toponimia oficial en Galicia se estableció mediante la Ley 3/1983, de 15 de junio, de normalización lingüística (DOG 14.07.1983), que en su artículo 10 establece que "los topónimos tendrán como única forma oficial la gallega". "Las denominaciones gallegas son, por tanto, las únicas legales a todos los efectos, y cualquier rótulo o nomenclatura utilizado por la Administración General del Estado deberá adecuarse a ellas", insisten.

Y van más allá al señalar que "las diversas recomendaciones que el Comité de Expertos del Consejo de Europa ha dirigido al Estado español advierten de que está incumpliendo sus obligaciones como

firmante de la Carta Europea de las Lenguas respecto a los derechos lingüísticos de los gallegos. Son advertencias que deben llevar a la extrema diligencia y respeto por parte de la Administración General del Estado respecto al uso del gallego y de sus topónimos oficiales".

Así, plantean varias preguntas al Gobierno:

• "¿Son conscientes los Ministerios de Defensa e Interior de que las citadas denominaciones de los buques que sirven en la Armada y la Guardia Civil suponen un flagrante incumplimiento de la legislación en materia lingüística y de nomenclatura de Galicia?" "¿Tomará las medidas y dará las instrucciones necesarias para que no vuelva a ocurrir?"

• "¿Corregirá los nombres actuales y todos los documentos y señalización que contengan los topónimos distorsionados para que aparezcan únicamente los nombres oficiales en gallego?" "¿El Gobierno adoptará definitivamente la toponimia oficial de Galicia y dará las instrucciones precisas para que la Administración General del Estado respete los topónimos oficiales gallegos?" "¿Implementará las medidas necesarias para que este tipo de vulneraciones lingüísticas no vuelvan a producirse en ningún área o departamento ministerial?"

• "¿Considerando las diversas recomendaciones realizadas por el Consejo de Europa respecto al cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas, no están de acuerdo en que el Gobierno debe dar ejemplo en el cumplimiento de los derechos lingüísticos de los gallegos?"

Por todo ello, exigen al Gobierno que "cumpla la legalidad vigente, respete la toponimia gallega y dé ejemplo a la hora de cumplir con los derechos lingüísticos de los ciudadanos y,

en consecuencia, que el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior corrijan la nomenclatura de los citados buques para utilizar los únicos topónimos válidos en gallego".