Carlos Leal, acusado en los ERE, pagó al «conseguidor» con facturas falsas

El Bufete Estudio Jurídico Villasís, cuyo director, el abogado Carlos Leal Bonmati que está acusado de ocho delitos en el caso de los ERE falsos, funcionaba como un "centro de lavado de dinero"y llegó a pagar 1,1 millones al "conseguidor"Juan Lanzas mediante facturas falsas por servicios inexistentes.

Estas consideraciones forman parte del auto de la juez Mercedes Alaya, en el que decretó prisión provisional eludible con una fianza de 150.000 euros, que fue depositada la pasada madrugada por Carlos Leal para quedar en libertad, y en el que se fija una fianza de 34,8 millones por responsabilidad civil.

La juez Alaya considera que el despacho de Carlos Leal contrató al ex sindicalista Juan Lanzas tras dejar éste sus cargos en UGT y le dio de alta en febrero de 2002 hasta febrero de 2011 con un sueldo de unos 22.000 euros al año aproximadamente, a razón de 1.500 euros al mes.

Según el auto, al que ha tenido acceso Efe, Lanzas y Leal "se prestarían servicios recíprocamente"de forma que el primero proporcionaba al abogado clientes por sus "conocimientos e influencias en el sindicato y en la Junta de Andalucía".

Por su parte, Juan Lanzas encontró en el Bufete Villasís la "apariencia necesaria para desarrollar su trabajo de conseguidor, que le proporcionó pingües beneficios, cercanos a los trece millones, y de otro utilizar el despacho como un centro de lavado de dinero".

Estudios Jurídicos Villasís pagó al entramado societario de Juan Lanzas 1.156.131 euros "mediante facturación falsa por servicios inexistentes", según el auto judicial.

De esta forma, Carlos Leal "blanquearía las ganancias ilícitas obtenidas por Juan Lanzas y ello a cambio de la contraprestación oportuna, clientes y dinero".

La actuación del despacho Villasís en la trama de los ERE se inició en el año 2001 gracias a los contactos e influencias de Carlos Leal con la Junta y con el entonces director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, como con los sindicatos, y "se hicieron más sólidos a partir de febrero de 2003 cuando contactó con Lanzas"a través de la intervención este despacho en el expediente de la empresa Hijos de Andrés Molina.

En una primera fase el bufete intervenía en expedientes pequeños, porque los grandes los llevaba el despacho de Garrigues, y, aunque su intervención era en muchos casos financiada por la Junta, sus servicios los contrataban las empresas beneficiarias o las mediadoras.

De hecho, Estudios Jurídicos Villasís se habría convertido en el "canal de distribución de los fondos ilícitos obtenidos por Uniter para atender su propio beneficio y las necesidades económicas de los demás intervinientes, pues a través de él se producían diversos flujos dinerarios que nutrían a todo el entramado", y la aseguradora pagó entre 2004 y 2010 más de 3,7 millones al despacho de abogados.

Estos fondos procedentes de Uniter tendrían en múltiples casos un origen público derivado de las sobrecomisiones que cobraba dicha mediadora y que en las operativas bancarias analizadas por la Unidad Central Operativa ascienden a 1.061.700 euros.

En la segunda fase del proceso, el bufete Villasís se dedicaba a la constitución de asociaciones de extrabajadores para el asesoramiento individual de los beneficiarios, "invento extremadamente caro, financiado en buena parte por la Junta, por el mantenimiento de la paz social ante la multitud de trabajadores desempleados", en casos como los de Andrés Molina, Faja Pirítica o Santana Motor, entre otras, según el auto judicial.

La declaración de Carlos Leal ante la juez concluyó la pasada madrugada tras dos días de interrogatorio, y fue el último en declarar de la rama de los ERE falsos relativa al cobro de sobrecomisiones, que se puso de manifiesto en marzo pasado tras la operación Heracles de la Guardia Civil, en la que se detuvieron a 22 personas, cinco de las cuales están en prisión.