Castro ordena cancelar el embargo sobre Pedralbes para que pueda venderse

El juez del caso Nóos, José Castro, ha realizado hoy un mandamiento al Registro de la Propiedad número 8 de Barcelona ordenando que cancele el embargo que pesa sobre la vivienda de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en el barrio de Pedralbes, para que puedan venderla. En una providencia, Castro ha solicitado al Registro de la Propiedad que cancele el embargo que ordenó como medida cautelar dentro del caso Nóos, para garantizar el pago de responsabilidades civiles y multas a las que podrían ser condenados en una eventual sentencia condenatoria.

Después de autorizar a los duques de Palma la venta de la vivienda de Pedralbes el pasado mes de marzo, el magistrado ya había solicitado al registro que cancelara el embargo, pero no fue levantado porque la decisión del juez no era una resolución firme, al estar pendiente de recursos de Urdangarin y Manos Limpias.

La Audiencia resolvió a finales de abril el recurso de Manos Limpias y la semana pasada el de Urdangarin, en ambos casos confirmando las condiciones fijadas por Castro para la venta de la vivienda, razón por la que ahora el juez reitera su petición de que se anule el embargo que pesa sobre la casa.

La Audiencia de Palma desestimó la semana pasada el recurso de apelación de Urdangarin, quien pedía que se le permitiera destinar casi 254.000 euros de lo que obtuviera por vender el chalé a saldar una deuda con la Agencia Tributaria correspondiente al IRPF de 2009.

La sección segunda de la Audiencia desestimó el recurso de apelación del marido de la infanta Cristina.

El pasado 27 de enero, Urdangarin solicitó al juez Castro que alzara el embargo que pesaba sobre el llamado palacete de Pedralbes, ante la posibilidad de venderlo por 6,9 millones de euros, con el compromiso de destinar 713.988 euros a la cuenta del juzgado de Castro por la responsabilidad civil fijada por el juez para él en el caso Nóos, y 967.693 de la infanta, y otras cantidades a saldar un crédito y el pago de impuestos.

Castro aceptó el precio de venta, pero rechazó que se destinaran 437.215 euros a cancelar un préstamo y casi 254.000 euros a saldar una deuda con la Agencia Tributaria correspondiente al IRPF de 2009 de Urdangarin.

El juez autorizó la venta el pasado marzo, después de que la infanta y Urdangarin registraran un escrito comprometiéndose a consignar en la cuenta del juzgado 2,3 millones de euros del beneficio de la venta para cubrir parte de las fianzas que les reclama en concepto de responsabilidad civil, que suman 16,3 millones de euros.