Desde que hace casi 10 meses que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está en plenas funciones y con una presidenta, Isabel Perelló, al frente, ya han sido cuatro las ocasiones –contando la última de este martes–en que ha tenido que salir a defender la labor de los jueces, ante los ataques que les dedican los miembros del Gobierno.

La comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces, reunida este martes en sesión ordinaria, aprobó por unanimidad de sus siete vocales, tanto del sector progresista como conservador, una declaración institucional en la que vuelven a pedir a los «representantes políticos» que cuiden sus críticas a los miembros de la judicatura y que no sobrepasen límites.

El Poder Judicial apela, como ha venido haciendo Perelló en sucesivos discursos públicos, a la «responsabilidad institucional» para evitar «mermar la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento de las instituciones».

También reclama respeto a la independencia judicial en el ejercicio de la función jurisdiccional», que es con la que cumplen los magistrados.

El CGPJ marca así el camino a la clase política en cuanto a que, si bien «la libertad de expresión ampara la crítica de las resoluciones judiciales», es su «responsabilidad», cuando discrepan con una, el «compatibilizar su legítimo derecho a la crítica con la preservación de la confianza» social en las instituciones constitucionales

Esta declaración oficial llega tras una ristra de arremetidas del Ejecutivo a los profesionales de la judicatura.

El último en protagonizar una fue el propio ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que calificó de «sorprendente» el auto con el que la instructora del «caso David Sánchez» decidió abrir juicio oral contra el hermano del presidente del Gobierno, el líder socialista extremeño Miguel Ángel Gallardo, y otros altos cargos de la Diputación de Badajoz.

Le sorprendió –apuntó– que no esperase a recabar «el criterio» de la Audiencia Provincial para mandar al banquillo al músico y al ahora diputado del PSOE en la Asamblea de Extremadura por los delitos de tráfico de influencias prevaricación administrativa por la contratación del «hermanísimo» y del exasesor de Moncloa Luis Carrero en el organismo provincial.

E, incluso, su compañera en el Consejo de Ministro Isabel Rodríguez, titular de la cartera de Vivienda, llegó a decir que «si David no se llamara Sánchez de apellido, no habría caso».

Este mismo mes otro miembro del Ejecutivo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmó que el interrogatorio del instructor del «caso Begoña Gómez» a Bolaños dejó «a la altura del betún la imagen de la Justicia».

Vinculó la manera en que le preguntó sobre la alto cargo imputada con un «profundo sentimiento de impunidad» del juez Juan Carlos Peinado. Y, además, reprochó a la Audiencia Provincial de Madrid que, como instancia superior, lo «consistiese». «Me tiene perplejo».

Pero también hay ejemplos evidentes anteriores. El propio Pedro Sánchez defendió el pasado diciembre que el PP «juega con las cartas marcadas» en el desarrollo de su labor de oposición y, asimismo, que cuenta para ello con la «ayuda» de algunos jueces. «Es preocupante», sentenció.

Seguidamente, este enero, la ministra de Educación y portavoz gubernamental, Pilar Alegría, acusó al Tribunal Supremo de imputar al fiscal general del Estado sin «ninguna prueba concreta» que le señalase por la filtración del correo del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso. «El origen del delito está dónde está: en la pareja de Ayuso», aseveró desde Moncloa, como recado al alto tribunal.