Chaves y Griñán, en manos del Tribunal Supremo por el fraude de los ERE

Casi cuatro años después del arranque de la investigación con más imputados de la historia judicial andaluza, 201, la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha llegado al Tribunal Supremo al afectar a aforados, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves, hoy diputado en el Congreso, y José Antonio Griñán, actual senador.

La Sala de lo Penal del Alto Tribunal recibió ayer una voluminosa exposición razonada de la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que según fuentes del caso consultadas por LA RAZÓN iría acompañada de «la causa completa», en consonancia con la convicción de la magistrada de que el procedimiento es «inescindible». De esta forma, el Alto Tribunal deberá determinar si lo asume en su totalidad o si lo hace sólo en lo que compete a los aforados.

Es un epílogo lógico después de que la magistrada «preimputara» hace casi un año, en septiembre de 2013, a los dos ex presidentes mencionados y a otros altos cargos socialistas en virtud del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La instructora los colocó entonces en el grupo de los partícipes o conocedores de la arquitectura diseñada, según las tesis de Alaya, para burlar la ley en el reparto de fondos públicos.

Se trataba, además, de una decisión esperada, pues diversas partes personadas en el «macroproceso» habían solicitado en múltiples ocasiones en los últimos meses a la jueza Alaya que se inhibiera del asunto.

La resolución llega, en concreto, después de que el pasado 30 de julio la Audiencia Provincial sevillana rechazara la insistente petición de despiece del caso por parte de la Fiscalía Anticorrupción para impedir que alcanzara «por goteo» el Supremo. A partir de ahora, los magistrados del TS serán los encargados de decidir si existen indicios penales contra Chaves, Griñán y otro nombre que se repite en el sumario y ha salpicado con frecuencia los interrogatorios de la jueza a los imputados: el ex consejero de Empleo y actual diputado del PSOE en el Congreso José Antonio Viera. En ese grupo hay que incluir, también, a los ex consejeros del Gobierno autonómico Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila, en estos momentos diputados en el Parlamento regional.

En relación a ellos, el artículo 122 del Estatuto de Autonomía de la comunidad establece que la responsabilidad penal de los consejeros será exigible «ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo». No obstante, matiza que «para los delitos cometidos en el ámbito territorial de su jurisdicción», aquélla «será exigible ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)».

En ese sentido, el futuro de estos ex altos cargos de la Junta depende de los pasos que dé el Supremo, de si este órgano judicial opta por acotar la causa y desglosarla o no, tras el análisis del contenido de la documentación remitida por la instructora desde Sevilla. Y no sólo el judicial, también el político, dado que su inclusión en las listas electorales de cara a las elecciones municipales de mayo de 2015 podría vincularse a los movimientos del Alto Tribunal.

En cualquier caso, fuentes judiciales entienden que el TS no designará «de manera inminente» instructor para un proceso en el que se sigue el rastro de 401 ayudas y en el que aún hay diligencias pendientes, como la toma de declaración a los cuatro auditores de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), en cuyo informe podría armarse la encausación de los aforados.

Lo que sí prevén las mismas fuentes es que en los próximos días la Sala de Vacaciones del Supremo pueda dictar una providencia en la que solicite a la Fiscalía que se pronuncie sobre la exposición razonada de Alaya. En ella, la titular del Juzgado número 6 de Sevilla ha debido enumerar los indicios de la presunta implicación en los hechos investigados de los ex presidentes andaluces, de Viera y del resto de aforados señalados; así como desgranar los principios de prueba que puedan servir para su imputación, según explican las fuentes consultadas.

Conocedores del fraude

Hasta ahora, la magistrada sólo ha desvelado algunos de los indicios que maneja contra los aforados sobre los que ha ido cerrando el círculo. Lo hizo el pasado diciembre en un auto en el que tuvo que motivar las preimputaciones a instancias de la Audiencia Provincial. En relación a Chaves, la magistrada entiende que, al presidir el Consejo de Gobierno de la Junta, el histórico socialista tuvo conocimiento del sistema ideado para conceder las ayudas a través de una herramienta: las transferencias de financiación. Un arma presupuestaria que, según ha insistido la jueza durante la instrucción, permitió el «uso ilícito de fondos públicos» durante más de una década.

Por lo que respecta al ex presidente autonómico José Antonio Griñán, Alaya le achaca, entre otras cuestiones, que en su condición de consejero de Economía y Hacienda –cargo que ocupó entre 2004 y 2009–, conoció los informes de la Intervención General de la Administración regional (IGJA), si bien no los sometió al Consejo de Gobierno; y supo de la inclusión de la partida 31L –el denominado «fondo de reptiles»–, en los Presupuestos regionales por reuniones de «alta cualificación técnica».