La comisión interministerial creada por el Gobierno el pasado 11 de junio para llevar a cabo la «resignificación» del Valle de Cuelgamuros se plantea «inicialmente como horizonte temporal de funcionamiento hasta el 50 aniversario de la muerte del dictador», por lo que «hemos de dar plenos resultados en noviembre de 2025», según consta en el acta de su primera reunión, el pasado 2 de julio.

Rubrica el documento el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, como figura en una resolución del Consejo de Transparencia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Tras no informar a la petición de un ciudadano por esta vía, el organismo reclamó al ministerio de Memoria Democrática la normativa de funcionamiento; el acta de la reunión mantenida por la comisión y una copia de su convocatoria; asimismo le apremió para que informara «expresamente sobre si existe real decreto de [su] creación y, en su caso, remitir la publicación».

En su respuesta, la carte el Víctor Torres explica que, «debido a las características de la comisión y en aplicación del artículo 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público no es necesaria la creación por real decreto y por ello no ha sido publicado en el BOE». Además, que su constitución «no supone aumento del gasto público, ya que funcionará con los medios materiales y personales de los departamentos ministeriales que la componen». Recordemos que se trata de los ministerios de Memoria Democrática, Justicia, Hacienda, Trabajo, Transición Ecológica, Transportes, Vivienda, Cultura y Ciencia, además del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Aunque esta comisión debería reunirse cada mes no consta que haya sido así salvo el día de su constitución formal, en el que se dejó constancia de esa periodicidad. En la web del Ministerio de Memoria figura en la agenda del pasado 28 de enero a las 8:30 en el Palacio de la Moncloa, que albergó la cita inicial, aunque en esta ocasión con mención al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin que se tenga noticia de cuál fue su resultado.

Según la documentación aportada, «cuando las circunstancias lo requieran se podrá convocar a las reuniones a otros órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos, o representantes de otras Administraciones Públicas, que participarán con voz, pero sin voto».

En el acta se recoge la advertencia de Víctor Torres: «El complejo del Valle de Cuelgamuros es, quizá, la mayor exaltación de la doctrina fascista en Europa y el mejor ejemplo del nacionalcatolicismo, base de la dictadura franquista. Reconducir este planteamiento hacia una cultura democrática debe constituir y constituye un objetivo primordial para el Gobierno de España».

En este camino hacia un cambio de uso se modificó el nombre de «Valle de los Caídos» por «Valle de Cuelgamuros» y la Ley de Memoria Democrática reafirmó «la prohibición de la celebración de actos políticos o de exaltación de la dictadura, y su naturaleza de cementerio civil establece su nuevo papel como eje un fundamental de la resignificación democrática», proyecto que «debe desarrollarse en un marco internacional comparado».

Cada departamento ministerial asumirá «las tareas que a cada uno pueda corresponderle». Con este fin se hará una «propuesta de asignación de bienes inventariados adscritos al Valle de Cuelgamuros a los distintos departamentos ministeriales y organismos y entidades vinculadas» para su «gestión efectiva hasta que se perfile la creación de un órgano instrumental». Ente que ha de surgir de «un real decreto que establezca un marco jurídico» que determine la «organización, funcionamiento y régimen patrimonial».

De lo que no hay novedades es del concurso internacional de ideas para el nuevo Valle de los Caídos. El Gobierno lleva anunciándolo años, pero lo iba a concretar en enero, según la agenda de su «España en Libertad», que culminará en noviembre. «El fin de fiesta que preveíamos», señala a este diario Pablo Linares, presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC), sobre el desenlace del 20N de Pedro Sánchez.