La Comisión de Venecia del Consejo de Europa ha publicado el dictamen adoptado durante su 144ª sesión plenaria sobre el sistema de elección de los miembros judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España. En él pide proteger al órgano de gobierno de los jueces de "influencias políticas externas y también de la politización interna".

La parálisis que impidió la renovación del CGPJ en su anterior mandato motivó el encargo a esta comisión de un informe que recogiera una propuesta de reforma del sistema de elección con participación directa de los jueces y en consonancia con las normas europeas más exigentes.

El CGPJ propuso dos opciones, y la presidenta del CGPJ solicitó la opinión de la Comisión de Venecia sobre ambas. Ambas propuestas diferían principalmente en la participación del Parlamento en el proceso de elección.

La primera de ellas abogaba por la elección directa de los miembros judiciales por otros jueces de entre los candidatos avalados por 25 jueces o una asociación judicial. Ésta es la preferida por los vocales conservadores del Consejo.

La segunda opción prevé la elección de los candidatos judiciales por el Parlamento con una mayoría de tres quintas partes, a partir de una lista restringida de candidatos elegidos directamente por los jueces de entre los candidatos avalados por 30 jueces o una asociación judicial. Se trata del modelo defendido por los progresistas.

La Comisión considera que la elección de los miembros del CGPJ por los jueces "cumple la norma de elección por los pares, pero no basta para descartar la politización interna y recomienda medidas adicionales".

En cuanto a la opción defendida por el sector progresista, la Comisión considera que, aunque introduce una fase de elección directa por parte de los jueces, "no cumple la norma de elección por los pares porque deja la elección final en manos de un órgano político".

En este dictamen, la Comisión de Venecia recuerda que aunque no es obligatorio establecer un consejo judicial, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostiene que "cuando se establece un consejo judicial, las autoridades deberán garantizar su independencia respecto de los poderes ejecutivo y legislativo para, entre otras cosas, salvaguardar la integridad del proceso de nombramiento judicial".

Las normas europeas establecen que los miembros judiciales del consejo judicial deben ser jueces elegidos por sus pares, de manera que se garantice una amplia representación de la judicatura. Los miembros no jueces, por su parte, pueden ser elegidos por el Parlamento por mayoría cualificada, proporcionando así "legitimidad democrática y evitando el corporativismo".

Por tanto, la reforma en cuestión debería poner en consonancia el actual sistema de elección de los miembros judiciales del CGPJ con las normas europeas sobre elección por los pares.

La Comisión de Venecia subraya, no obstante, que el proceso de elección debería estar protegido no solo "de la influencia política externa", sino también "de la politización interna"; lo que significa que el CGPJ debe estar protegido no solo de la interferencia directa de los actores políticos, sino también de la dependencia indirecta de dichos actores o de la alineación con ellos, especialmente a través de las asociaciones judiciales.