El Congreso convalida el decreto del Gobierno para el reparto de menores migrantes

El decreto para el reparto de los menores migrantes que están desbordando Canarias ya tiene el "sí" del Congreso. La medida, aprobada por el Gobierno tras un acuerdo con Junts para casi eximir a Cataluña del traslado de menores, ha sido convalidada por la Cámara Baja y reformará el artículo 35 de la Ley de Extranjería. En total, 179 diputados han apoyado el decreto, que ha sido debatido ante la atenta mirada del presidente canario Fernando Clavijo. 170 diputados han votado en contra: PP y Vox lo han rechazado.

Y es que el PP ha tildado de "parche" el reparto de menores. La dirigente popular Ana Alós ha indicado que el Gobierno no está "para dar lecciones y pedir altura de miras a los demás". En este sentido, ha destacado que el Tribunal Supremo ha tenido que "obligar" al Ejecutivo a responsabilizarse de los menores migrantes solicitantes de asilo, cuando deberían haber estado "desde el principio" en el sistema de protección internacional "y no bajo la tutela de Canarias". Asimismo, Alós ha agregado que el reparto es una "chapuza administrativa con gravísimas consecuencias jurídicas y de seguridad". "Es un parche que se limita a repartir el problema sin abordar ni una sola de las causas raíz, ni el control efectivo de fronteras, ni los acuerdos de retorno eficaces, ni la lucha contra las mafias", ha apuntado.

El decreto establece la obligatoriedad del reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. Este es fruto de un acuerdo entre el Gobierno y Junts y cuenta con el rechazo de las autonomías gobernadas por el PP. En concreto, la iniciativa establece los criterios de reparto de menores migrantes entre las autonomías.

El ministro del ramo Ángel Víctor Torres ha pedido al PP que actúe "con responsabilidad", para que demuestre que es "un partido de Estado". Además, ha preguntado que si la solución es parar este real decreto-ley, "¿cuál es la alternativa para los territorios fronteras?". Igualmente, ha apelado al voto favorable de Vox. "Puedo parecer un iluso por esta petición", ha indicado.

La votación actual de este real decreto-ley tiene lugar después de que en julio del año pasado la Cámara Baja rechazase la toma en consideración de la proposición de ley registrada por PSOE, Sumar y CC para repartir a menores migrantes. PP, Vox y Junts tumbaron la iniciativa. Desde entonces, el Gobierno ha negociado con los grupos parlamentarios para dar una solución a los territorios con sobreocupación, como Canarias. En este sentido, Torres ha defendido la propuesta actual, que es "mejor" y "más completa" que la del 2024.

Igualmente, el socialista Lux Andre Diouf, ha denunciado que los menores migrantes no acompañados se han convertido en estos años en "la diana del odio y de la xenofobia". En este sentido, al igual que la mayoría de los grupos, Diouf también se ha referido a Vox, quien ha dicho que tiene "tendencia a alarmar a la ciudadanía y hablar en unos términos de crisis migratoria que no se corresponde con la realidad". Además, el PSOE ha apelado "a la necesidad de cooperación y de solidaridad para la gestión de acogida de estos menores". En concreto, se ha dirigido a los 'populares', a los que le ha pedido que no se "arrodillen" frente "a los racistas". "Vuelvan al espíritu de un partido de Estado, a la Constitución, vuelvan al principio de igualdad, de libertad y justicia", ha añadido.

Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha rechazado "total y absolutamente" esta medida, que ha dicho que es "otro paso más" en el "efecto llamada". Además, ha tildado el discurso de Torres de "hipócrita y lacrimógeno". Millán también ha instado al PP a no dar "pábulo" ni desarrollar "de ningún modo" la política migratoria del PSOE en las comunidades donde gobiernan los 'populares'. "Esto es un reparto de miseria, inseguridad y degradación que no se merece sufrir ningún español", ha recalcado.

Cristina Valido, de Coalición Canaria, ha señalado que con la convalidación del real decreto-ley no se está haciendo "un favor" a Canarias y ha llamado a que este jueves se haga "justicia", para que se respeten los derechos de los menores migrantes. "No señores, no se olviden de que esto es responsabilidad de todos ustedes, porque si no lo entienden tampoco merecen estar ahí sentados", ha subrayado.

Claves

En concreto, el decreto-ley reforma el artículo 35 de la Ley de Extranjería, en línea con la proposición de ley pactada entre Coalición Canaria, PSOE y Sumar que el pasado mes de julio fue inadmitida a trámite por el Congreso.

OBJETIVOS

En primer término, esta medida pretende resolver la situación de unos 4000 menores acogidos en Canarias y de otros 400 en Ceuta, que deberán ser trasladados a otras comunidades en los próximos 12 meses. Sin embargo, su intención es "ofrecer una respuesta estructural" y "dimensionar el sistema de acogida a nivel nacional", ya que cualquier comunidad podrá recurrir a este mecanismo si demuestra que su sistema de protección a la infancia ha alcanzado el triple de ocupación.

En la actualidad, se estima que Canarias atiende a unos 5.800 menores migrantes (incluidos 1.200 solicitantes de asilo) y Ceuta a Más de 440. Están claramente saturados y no pueden ofrecer una atención adecuada a toda la infancia migrante que albergan.

CRITERIOS

El decreto-ley establece una serie de criterios objetivos para determinar el número de menores que debe ir a cada territorio.

El mayor peso corresponde a la población de cada comunidad autónoma (50%), y a continuación figuran parámetros como la renta per cápita, el nivel de paro y la diferencia entre las plazas disponibles y el número ideal que cada sistema debería tener (según un cálculo del Ministerio de Juventud e Infancia).

Un 6% del reparto dependerá del número de menores acogidos en cada territorio en los últimos 6 meses (a mayor esfuerzo, menos menores se trasladarán), mientras que un 2% deberán viajar a comunidades no insulares. El mismo porcentaje serán trasladados a territorios "no fronterizos", y la dispersión demográfica de cada región también representará un 2%.

Según estos requisitos, un porcentaje importante de los 4.400 menores migrantes acogidos en Canarias y Ceuta deberían ser trasladados a Madrid, que presenta un alto volumen de población, muy poco dispersa además, un nivel de renta elevado, baja tasa de desempleo, y un sistema de acogida poco desarrollado para lo que le correspondería.

Andalucía es otro territorio llamado a recibir un número importante de estos menores, dado su volumen de población y las plazas de su red de protección. Cataluña, que también presenta un alto número de habitantes, renta per cápita elevada y baja tasa de paro, será en cambio la que menos menores recibirá. La razón es que su sistema de acogida, con casi 4.600 plazas, tiene mil más de los que le corresponde, según los cálculos del ministerio.

Con la introducción de este criterio, el Gobierno se asegura que el decreto-ley contará con el apoyo de Junts per Catalunya, que en julio tumbó el primer intento de reforma de la Ley de Extranjería en este sentido al votar junto a PP y Vox.

Según lo establecido en el decreto-ley, las comunidades tenían hasta el 31 de marzo para informar al Ministerio de Juventud e Infancia sobre las plazas disponibles en sus sistemas de protección, así como del número de menores migrantes acogidos.

Aragón no facilitó dato alguno, mientras que Madrid y Extremadura ofrecieron una información "muy poco precisa". Por ello, el Gobierno les ha dado hasta este jueves para remitir los datos que se les piden y que el Ministerio de Infancia necesita, a fin de elaborar una propuesta de un protocolo para el reparto, que después se presentará en la conferencia sectorial del ramo.

FINANCIACIÓN

El Ministerio de Hacienda ha aprobado un fondo extraordinario de 100 millones de euros para compensar el "sobreesfuerzo" que las comunidades receptoras han de hacer para asumir la acogida de los menores trasladados.

Sin embargo, las comunidades deberán certificar que primero cumplen con un mínimo de plazas considerado "idóneo" y que los menores que lleguen implican la superación de este umbral, y recibirán financiación por el exceso a partir de dicho límite.