Control de las Sicav, más AVE y congelar la factura de la luz

El PP propone un fondo de capitalización como la «mochila austriaca» para los trabajadores.

El PP apuesta en su programa económico por la continuidad, mientras denuncia que las propuestas de gasto de la oposición son imposibles de financiar, según alertó ayer el director de la Oficina Económica del Gobierno, Álvaro Nadal. Nadal ha trabajado en las bambalinas de la estructura del Ejecutivo del PP, y el recambio en los rostros de la política económica, con la salida de Cristóbal Montoro y Luis de Guindos, le coloca en la lista de los candidatos a ministros en el hipotético escenario de que Mariano Rajoy siga al frente del Gobierno tras el 20-D.

Los 20 millones de ocupados en 2020 son la guía principal de la política económica que promete seguir el PP en los próximos cuatro años. Y con ese objetivo mantiene su apuesta por la flexibilidad interna en las relaciones laborales y ofrece la puesta en marcha de una Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, un Plan Estratégico de Inspección de Trabajo y Seguridad Social o recuperar la propuesta de constituir un fondo de capitalización para los trabajadores al estilo del «sistema austriaco», para reducir la dualidad del mercado laboral. Ese fondo de capitalización se mantendría a lo largo de toda la vida laboral y se haría efectivo en los supuestos de despido, movilidad geográfica, jubilación o desarrollo de actividades de formación.

Dentro de un catálogo de propuestas genéricas, ya que las promesas estrella las han reservado para que las anuncie personalmente Rajoy, el PP también ofrece seguir impulsando «planes» para combatir el desempleo juvenil y el desempleo de larga duración. Incluye guiños, asimismo, a la conciliación de la vida laboral y familiar con promesas como ampliar la duración del periodo de excedencia por cuidado de hijos en el caso de familias numerosas; establecer incentivos para que las empresas contraten a trabajadoras que deseen reincorporarse al mercado de trabajo tras la maternidad, o impulsar el teletrabajo.

El programa económico conecta con la filosofía de avanzar en más rebajas fiscales. Y defiende más unidad de mercado, seguir impulsado el desarrollo de la línea de alta velocidad, y seguir reduciendo la morosidad de las Administraciones Públicas y congelar la parte de la factura eléctrica que depende del Gobierno.

El programa de los populares también dedica un capítulo al cambio climático y al medio ambiente, con medidas como potenciar la penetración de las energías renovables en el mix energético y reforzar el uso del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas para el desarrollo de las interconexiones energéticas.

En lo que afecta a la contratación pública, después de una legislatura marcada por algunos escándalos de corrupción que han puesto en evidencia los fallos en los controles internos, el PP se compromete a mejorar el marco normativo para que las obras finalicen en el plazo acordado y sin desviaciones presupuestarias. También en esta legislatura ha sido insistente el debate y la polémica en relación al fraude fiscal. Y al respecto, el PP promete que dedicará los próximos cuatro años a fortalecer la lucha en este ámbito, con medidas como reducir los plazos entre la declaración de los hechos imponibles y su comprobación; con cambios en las prácticas de Gobierno corporativo, y con sistemas de intercambio automático de información para mejorar las vías de obtención de información tributaria. El PP asume además establecer nuevos controles sobre las Sicav con una regulación que haga que sólo computen, a efectos del número mínimo de 100 accionistas, quienes tengan una participación «superior al 0,55 por ciento». El objetivo es evitar que se quede en manos de unos pocos y la mayoría sean meros figurantes.

El programa incorpora expresamente el compromiso de reformar el sistema de financiación autonómica. Una carta que el PP quiere jugar también en clave catalana, una vez que se resuelva la parálisis en la que se ha instalado la política en Cataluña tras las últimas elecciones autonómicas. Su modelo apuesta por reforzar la igualdad de acceso a los servicios sociales básicos, y en favorecer que las comunidades den más información en su presupuesto sobre lo que destinan al Estado del Bienestar.