Conversaciones subterráneas y un pacto histórico

La legalización del Partido Comunista, hace cuarenta años, el 9 de abril de 1977, Sábado Santo, con media España de vacaciones, se convirtió en la piedra de toque de la transición a la democracia y sirvió para establecer el marco para la reconciliación de los españoles tras el enfrentamiento de la Guerra Civil, en el que el PCE había sido, lo mismo que en la lucha contra el franquismo, uno de los actores destacados. Este hecho y la soterrada pugna, que no cesa, entre comunistas y socialistas por la hegemonía de la izquierda explican las fuertes resistencias de dentro y de fuera que tuvo que vencer el presidente Suárez, y los titubeos en las alturas del Estado, antes de la arriesgada y, al fin, acertada decisión.

En noviembre de 1975, unos días antes de la muerte de Franco, el Rey Juan Carlos confesaba a «Newsweek» que no veía posibilidad de legalizar al Partido Comunista porque consideraba su filosofía política «totalmente ajena al concepto de democracia». Y ya a toro pasado le dice a Vilallonga: «Lo que tenía claro era que un día u otro habría que legalizar al PCE contra viento y marea, pero para mí era aquel un hueso enorme». El propio Adolfo Suárez no llegó al convencimiento de que había que legalizarlo hasta el otoño de 1976. Incluso prometió el 8 de septiembre a la plana mayor de las Fuerzas Armadas que, en aquellas circunstancias, no se legalizaría, lo que hizo gritar a uno de los tenientes generales: «¡Viva la madre que te parió!». Antes hubo que reformar el Código Penal y, tras distintas conversaciones subterráneas con Santiago Carrillo, gracias a las buenas gestiones de José Mario Armero y Carmen Díez de Rivera, el Partido Comunista aceptaba la Monarquía parlamentaria, la bandera y el nuevo sistema constitucional. Fue un pacto histórico. Sólo faltaba la cobertura jurídica del Tribunal Supremo para hacer pública la decisión. El comportamiento cívico de los comunistas tras el asesinato de los abogados laboralistas de Atocha ayudó a vencer las últimas dudas.

Sin embargo, el anuncio de la legalización en la mañana del Sábado de Gloria cayó como una bomba, sobre todo en las salas de banderas. No es extraño que el Rey y Suárez dudaran antes y dedicaran al delicado asunto muchas horas de conversación. El principal problema estaba en los militares. Pero no sólo en ellos. Tanto los dos vicepresidentes del Gobierno, Alfonso Osorio y el teniente general Gutiérrez Mellado, como el presidente de las Cortes, Torcuato Fernández-Miranda, éste de forma mucho más contundente, preferían dar largas al asunto. De hecho, la legalización del PCE fue la principal causa de la ruptura de Fernández-Miranda con Suárez, entre los que no hubo ya reconciliación posible. Manuel Fraga calificó la decisión de «golpe de Estado». Dimitió el ministro de Marina, almirante Pita da Veiga. La reunión del Consejo Superior del Ejército fue tormentosa. Algunos jefes militares fueron destituidos fulminantemente. Al día siguiente, el domingo de Pascua, se produjo también por este motivo el primer enfrentamiento fuerte en el palacio de la Zarzuela entre el presidente Suárez y el general Armada, secretario de la Casa del Rey. Ante la actitud del general, Suárez le obligó a cuadrarse y a partir de ese momento tuvo que dejar su puesto en la Casa Real y fue destinado a Lérida. Andando el tiempo, la legalización del PCE sería una de las causas que animaría a los golpistas del 23-F. Pero hubo otras presiones contra la legalización. La más fuerte provenía de la Embajada norteamericana. También el socialdemócrata alemán Willy Brandt, poderoso valedor de Felipe González, prefería evitar la competencia comunista en las primeras elecciones. En esa línea se movían los socialistas españoles. Y hubo intentos de retrasar la decisión y proceder por etapas. Primero se pensó en homologar al PCE descabezado, o sea, sin que aparecieran en los carteles los viejos «dinosaurios» que habían participado en la Guerra Civil. También se sugirió que los comunistas participaran en las primeras elecciones como independientes en otras listas. Carrillo rechazó todas estas sugerencias. Estaban, pues, en marcha las primeras elecciones libres, sin trampa ni cartón. Las urnas pondrían a cada cual en su sitio. Cuarenta años después, los nuevos comunistas, cobijados a la sombra de Podemos, parecen empeñados en romper aquel pacto con la Corona que tanto costó establecer y que tanto ha ayudado a la convivencia democrática en España.