Un curso de asuntos pendientes y sin presupuestos

No parece que haya dudas del peaje que van a pedir los independentistas a Pedro Sánchez necesitado de gobernar. Se trata de reinterpretar la Constitución para diluirla. Asentar la nueva España plurinacional. Hasta Sumar de Yolanda Díaz se ha colocado el apellido «plurinacional». La otra pieza polémica es la amnistía por el «procés», que ya no se ve tan mal en el PSOE, aunque se la rebautice como «alivio penal» para endulzarla. Añádase a ello cumplir con Bruselas las reformas exigidas a cambio de los fondos europeos, es decir, «apretarse el cinturón». Además, claro, de hacer frente a un otoño marcado por el fin de los contratos vinculados al sector turístico y por unos precios de los alimentos, las hipotecas, los combustibles o la electricidad que no dan respiro…

A ese combinado ácido se suma que media España –los más de 11 millones de votantes de PP y Vox– es políticamente arrinconada por un Gobierno más ideológicamente frentista que nunca antes, empeñado en lanzar «cordones sanitarios» contra aquellos que osan criticarle. El frontispicio de la XV Legislatura, si finalmente transcurre según lo previsible (es decir, si Sánchez logra la alianza para ser investido por Carles Puigdemont una vez que el intento de Alberto Nuñez Feijoo, como es previsible, no llegue a buen término), es un cuadro muy borroso. Desde Ferraz y La Moncloa nos tacharán de «predicadores del Juicio Final» por vaticinarlo. Pues bien, por el bien general ojalá nos equivoquemos y luego sea una agradable senda por hayedos.

Pero si, efectivamente, no hay repetición electoral, el curso que se abre pinta más bien como un camino tortuoso. La primera muestra, el «frente Frankenstein Plus» no va a tener Presupuestos Generales. Pese a que la ministra en funciones María Jesús Montero diga que trabaja ya en ellos. Quizá sea un alivio para Sánchez dejar pasar ese primer puzle económico del mandato. No va a serle muy sencillo casar programas de gasto público desmedido, como el de Díaz y su renta básica, con las apuestas más liberales y menos impositivas, ¡de derechas!, del PNV o del mismo Junts. Tampoco enfrentarse a las demás comunidades autónomas que reivindicarán lo suyo frente a las exigencias de Cataluña y País Vasco. Con un añadido: el Gobierno entrante deberá llevar a Bruselas la reforma definitiva del modelo laboral y de pensiones. Con la interrogante de cómo afectará la salida de la vicepresidenta, Nadia Calviño, si finalmente se asienta en el cargo al que aspira en el Banco Europeo de Inversiones. Una Economía, en fin, entendida como el galimatías de siglas y «almas» de un gabinete con tantas voces.

Tampoco parece muy risueño lo relacionado con la «carpeta institucional», repleta de asuntos pendientes. El primero, la renovación del CGPJ -a Europa se le acaba la paciencia-. Y poner a Puigdemont al timón de la política española va a suponer seguramente colocar al zorro al cuidado de las gallinas de la independencia judicial. Este nuevo curso estaba previsto comenzar a abordar la ley de la Corona para recubrir la Monarquía ante eventualidades políticas. Aunque, legislar junto a los que buscan derribar a Felipe VI no parece la mejor idea. Y tampoco es lógico consensuar una política exterior de Estado que, entre otras materias, unifique criterios sobre Marruecos. También en esto las expectativas son manifiestamente mejorables. Como en lo que concierne a los compromisos de inversión militar y a las relaciones con la OTAN, siendo Sumar y sus diecisiete partidos radicales antimilitaristas una de las patas de la coalición gubernamental. El curso político, insisto, si no hay repetición electoral, vaticina poca actividad legislativa y mucho Real Decreto, con un Congreso «progresista» al servicio del vale todo con tal de que Sánchez siga en La Moncloa.

Y por si la endiablada composición de la Cámara Baja y la debilidad del Gobierno que se pueda constituir no fueran suficientes, aún hay otro obstáculo: 2024 será año electoral en el País Vasco y Galicia. Posiblemente, también en Cataluña. Palabras mayores, con sus principales protagonistas implicados seguramente en el «desgobierno» de España. Porque ya se sabe que quien escribe en el BOE maneja los tiempos. Y los dineros. Así que vamos a ver a los socios: PSOE, Sumar (y sus franquicias), PNV, Bildu, BNG, ERC y Junts, dándose codazos. Agárrense, que vienen curvas. Cuando «el progresismo» se enfrenta, se enfrenta de verdad. En cualquier caso, la primera cita del nuevo curso se producirá antes del intento de investidura de Alberto Núñez Feijoo el 26 de septiembre. Y dará pistas de lo que nos espera. Llega la Diada, con la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y los sectores independentistas más radicales dispuestos a presionar a Puigdemont para que no se abrace a Sánchez si no es a cambio de pagar la máxima factura: amnistía y autodeterminación. El término botifler (traidor) planea sobre el palacio residencial del fugado de la Justicia en Waterloo. Ese mismo día tal vez se compruebe si la nueva legislatura va por vía muerta o por un estrecho desfiladero en el que será el secesionismo quien pueda poner el cartel de «Fin».