De la no consulta, al no referéndum

Ningún dirigente soberanista se atreve a pronosticar en privado qué ocurrirá exactamente el próximo 1 de octubre, día del presunto referéndum de autodeterminación de Cataluña. «Nadie sabe lo que pasará y quien diga que lo sabe te está engañando», afirma una voz destacada de ERC. Su tesis es que, al fin y al cabo, tampoco se sabe qué va a hacer el Gobierno para frenar la votación y, por tanto, es muy difícil augurar el desenlace. En público, en cambio, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no duda en prometer un referéndum con todas las garantías. «El 1 de octubre pondremos urnas y papeletas a pesar de los espantafuncionarios del Estado», ha proclamado Puigdemont en innumerables ocasiones. Tantas como las veces que ha asegurado que implentará el resultado de las urnas. Pese a la rotundidad de sus palabras, persisten las enormes incógnitas de un referéndum que todavía no tiene ni urnas, ni papeletas, ni censo, ni junta electoral. De ahí que las entidades soberanistas (Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural) hayan advertido: «Nosotros no haremos como en el 9-N. No organizaremos la consulta. No seremos el elemento que lo haga viable, esto lo deben hacer las instituciones». Y las instituciones van encadenando anuncios, pero se resisten a consumar los hechos, de tal manera que la sombra de una repetición del 9-N no termina de desaparecer. Existen, hay que decirlo, diferencias entre el proyecto del 1-O y el del 9-N, pero también similitudes.

El presupuesto

El simulacro de consulta del 9-N, bautizado por el Govern de Artur Mas como «proceso participativo», fue posible gracias a los 5,12 millones de euros salidos de las arcas de la administración autonómica. La compra de ordenadores portátiles para los lugares de votación significó el mayor coste (2,8 millones), mientras que los gastos en soporte informático se elevaron a 1,1 millones. El resto se destinó, entre otras cosas, a la compra de material electoral. La Fiscalía pretende que los querellados por el 9-N (Artur Mas, Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega) resarzan a la Generalitat con sus propios bolsillos, algo que debería disuadir a los actuales promotores del referéndum. De cara al 1-O, la Generalitat ha incluido en su presupuesto algo más de 6 millones para costear el referéndum mediante una enmienda suficientemente explícita: «El Govern debe garantizar los recursos necesarios en materia de organización y gestión para hacer frente al proceso referendario sobre el futuro político de Cataluña en el marco de la legislación vigente en el momento de su convocatoria». El problema es que el Tribunal Constitucional declaró ilegal esta dotación el pasado 5 de julio: «Ninguna partida del presupuesto de la Generalitat para 2017 puede ser destinada a cualquier actuación que tuviera por objeto la realización, gestión o convocatoria de aquel proceso referendario».

Las urnas

Para completar los preparativos del 9-N, la Generalitat recurrió a los presos del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) de Lleida, a quienes encargó urnas plegables de cartón cuyo coste unitario era de 2 euros, muy inferior a los 30-35 euros que cuesta un prototipo convencional. Con el propósito de marcar distancias respecto a entonces, el Govern se propone ahora comprar urnas homologables a las de cualquier proceso electoral, pero el primer intento terminó con un estrepitoso fracaso, ya que el concurso se declaró desierto. Sólo dos empresas fueron homologadas en una licitación destinada a la fabricación de 8.000 urnas con un presupuesto de unos 200.000 euros. La Generalitat argumentó que ninguna de ellas cumplía con las condiciones de solvencia exigidas. Muy distinta fue la versión de uno de los aspirantes, que optó por dar marcha atrás. «En la segunda ronda no presentamos la documentación porque no teníamos garantías. Había incertidumbre, no había ni plazos de entrega ni de pago», explicó el jefe de proyectos de Plastic Express, Andreu Marqués. La Generalitat planea un segundo intento, que en esta ocasión protagonizarán el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y el conseller de Exteriores, Raül Romeva, en lugar de la titular de Gobernación, Meritxell Borràs, despojada de sus funciones en el ámbito de procesos electorales.

El censo y los colegios

Hace dos años y medio, no se hizo un censo electoral previo, sino que se creó un registro durante la misma jornada del 9-N. De esa manera, aseguró Mas, no habría problemas con la protección de datos. En cambio, ahora, la Generalitat piensa elaborar un censo –competencia estatal– a partir de los datos de población que dispone. Asegura, además, que enviará tarjetas con el colegio electoral a todos los domicilios y que podrán votar todos los ciudadanos mayores de 18 años en las escuelas de la Generalitat y en espacios cedidos por los ayuntamientos. De esta manera, el Govern quiere equiparar el referéndum del 1-O a los procesos electorales que se han hecho en Cataluña durante los últimos 30 años.

Los funcionarios

Miles de funcionarios, unos 7.000 según la Generalitat, participaron como voluntarios del 9-N. El Govern asegura que esto siempre ha sido así, que siempre se ha ofrecido unas dietas a los trabajadores públicos por participar en las elecciones y que así se hará de nuevo en el referéndum del 1-O. «La ley electoral no prevé la utilización de trabajadores públicos en la organización de jornadas electorales. Y la Generalitat no obligará ahor a nadie a ejercer este papel, sino que se abrirá una bolsa y se acreditarán a agentes electorales que cobrarán una retribución», explica el Govern. No aclara, sin embargo, cómo sorteará la dificultad de no poder contar con la complicidad de secretarios e interventores municipales, claves en el control de los actos administrativos de los ayuntamientos.