Pedro Sánchez trata de limitar el impacto de su precaria estabilidad parlamentaria sin éxito. El presidente del Gobierno ha renunciado por segundo año consecutivo a cumplir su obligación constitucional de presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), porque no tiene la mayoría suficiente para aprobarlos y no está dispuesto a registrar una nueva derrota en un asunto tan sensible. Y es tan sensible porque en 2019 el propio Sánchez utilizó el veto de sus socios –entonces de ERC– a aprobar las cuentas como coartada para propiciar un adelanto electoral que le convenía políticamente.

Ahora, el horizonte de las urnas se antoja lejano y el jefe del Ejecutivo se afana en pregonar que la falta de unos presupuestos no tiene consecuencias en la estabilidad de la legislatura ni en la imagen de España en el exterior. Sin embargo, la debilidad del Gobierno ya le pasa factura en Bruselas y llevará a Sánchez esta misma semana a incumplir los compromisos que la Comisión Europea exige para acometer el quinto desembolso de los fondos Next Generation.

El impuesto al diésel

Todo, a cuenta de la fiscalidad del diésel. Fuentes gubernamentales consultadas por LA RAZÓN reconocen sin ambages que no cumplirán el calendario estipulado por la UE –que exige el gravamen para el próximo viernes 11– y que no lo harán «porque no tenemos apoyo en el Congreso». Desde el Ejecutivo llevan meses asegurando que subirían el impuesto «lo antes posible» y bajo esta premisa, la Comisión accedió a conceder a España una prórroga de tres semanas para cumplir con todos los hitos y objetivos que forman parte del quinto desembolso del plan de recuperación. Bruselas tenía hasta el 21 de marzo para evaluar los 84 compromisos que forman parte de este pago, que asciende a 23.900 millones entre ayudas y préstamos, pero la institución aceptó la petición de las autoridades españolas que solicitaron el pasado 3 de marzo dilatar el examen para estar en condiciones de poder cumplirlo.

No lo harán porque no cuentan con el concurso de sus socios. La política fiscal deja tradicionalmente al descubierto las costuras de la mayoría de la investidura, porque hace incompatibles los intereses de aliados ideológicamente antagónicos que conviven integrados en el mismo bloque: como Junts y ERC o el PNV y Bildu. El Gobierno ya sufrió para sacar adelante el paquete fiscal y con el impuesto al diésel no se da una casuística diferente. El tema lleva años pendiente. En 2020, el PNV condicionó su apoyo a los Presupuestos de 2021 a cambio de que se retirara la medida y lo consiguió. Y, en los últimos meses, ha sido Podemos quien ha amagado con rechazar un eventual aumento de la fiscalidad si no va acompañada de la recuperación del impuesto a las empresas energéticas, que, a su vez, vetan otros socios como PNV y Junts. El equilibrio es imposible.

Por ello, en el Ejecutivo han pasado de tratar de normalizar la prórroga concedida por Bruselas a hacer pedagogía sobre el futuro incumplimiento. Insisten en que no llegar a aprobar la subida de la fiscalidad del diésel no dará al traste con la totalidad del desembolso del maná europeo. «Es una negociación que se lleva en su conjunto y es muy compleja», insisten fuentes gubernamentales, que, sin embargo, creen que, en todo caso, se prorrateará el montante a ingresar y se restará en lo que estimen proporcional al incumplimiento.

Fuentes de Hacienda muestran su frustración porque esta cuestión lleva tiempo en la agenda del Ejecutivo, aunque no cuente con el apoyo suficiente para sacarla adelante. Explican que el movimiento no supone elevar el impuesto como tal, sino un efecto indirecto que se produciría al retirar la bonificación actual que le beneficia. Esto es, el objetivo es situarlo al nivel de tributación de la gasolina. Comparten la recomendación de la Comisión Europea de que hay que eliminar las ventajas fiscales al diésel, porque «no hay razones medioambientales, económicas ni sanitarias» que justifiquen ese trato preferente. Sin embargo, todas estas premisas chocan con la realidad de su debilidad parlamentaria.

La Comisión Europea ha establecido como una prioridad el abandono de los combustibles fósiles y de ahí que se exija a los países como hito en la negociación de los Next Generation. En concreto, este hito exige a España la adopción de reformas en «ámbitos de la fiscalidad medioambiental, de las empresas, del patrimonio, de la salud y el impuesto sobre la renta de las personas físicas sobre la renta del capital, que incluirán, entre otras cuestiones, la entrada en vigor de los aumentos del impuesto sobre el gasóleo». Estas medidas deberán conducir a un aumento «permanente» de los ingresos de, «al menos», el 0,3 % del PIB, que equivale a unos 4.500 millones de euros.