Defender el interés común

La crisis que vivimos en estos últimos años ha desarbolado muchas certidumbres que hasta hace poco tiempo la mayoría de los españoles creíamos incuestionables. En todos los órdenes, pero en lo político y en lo económico sobre todo, hemos visto erosionarse, o derrumbarse definitivamente, confianzas y seguridades en las que antaño se fundamentaba buena parte de la estabilidad de la vida nacional.

En lo político, los acontecimientos se vienen sucediendo tan vertiginosamente que ni los propios representantes políticos, y no digamos ya los ciudadanos, apenas tienen tiempo de reflexionar y posicionarse ante los cambios.

Esta inestabilidad e incertidumbre generadas por determinadas políticas de corto vuelo y de mero cálculo táctico, movidas por el interés personalista más que por el interés común, son en definitiva la expresión del «sálvese quien pueda» generado por el descrédito de la política que los casos de corrupción han contribuido a generalizar, con su corolario de desafección de los ciudadanos respecto de los partidos y las instituciones democráticas.

En estas circunstancias no ha faltado la aparición de los profesionales del río revuelto, el «cuanto peor mejor» y el mesianismo de raíz comunista. Un mesianismo que creíamos sepultado bajo las ruinas del «socialismo real» y que vuelve a predicar el dogma de la lucha de clases, la nivelación social por la miseria y la promesa de la entrada en el paraíso de las cartillas de racionamiento y la persecución de la disidencia, como en las dictaduras a las que tanto admiran y agradecen sus generosos pagos al contado.

Con este panorama parece que fuera difícil contrarrestar la corriente de quienes piensan que ha llegado el momento de dar por finiquitado el sistema de la Constitución de 1978 con todas sus consecuencias. Incluso se ha querido trazar el paralelismo entre nuestro tiempo con la crisis del sistema de la Restauración y la Constitución de 1876, en un ejercicio de acrobacia histórica no exento de riesgos.

Ciertamente, para algunos resulta más que una casualidad que hayan transcurrido cien años desde que en 1914 resonó la denuncia de Ortega y Gasset contra la «vieja política» y su proclama a favor de una «nueva política», así como su llamamiento para convocar las energías de la «España vital» frente a una fenecida «España oficial».

Por serios que sean los problemas de la crisis que hoy tenemos que afrontar, resulta absurdo pensar que las condiciones de la España mayoritariamente rural y analfabeta de hace un siglo puedan asimilarse a las de una España que es hoy la novena potencia económica mundial, con un sistema de bienestar social comparable con la de los países más avanzados.

Y, sin embargo, algunos se obstinan en trazar esa similitud, pintando una España absolutamente fracasada, sometida bajo una mera apariencia de democracia por una clase política sin escrúpulos, con el fin de propugnar la ruptura con el sistema democrático surgido de la Transición, es decir, con nuestros derechos y libertades reconocidos y garantizados por la Constitución de 1978, y propiciar sin más un salto al vacío de la sociedad española de efectos impredecibles.

Curiosamente, fue un discípulo de Ortega, el filósofo Julián Marías, quien en su ensayo «La España real» advirtió de la tentación de algunos por magnificar los problemas de la nación con el objeto de producir una «sensación de anormalidad, de inestabilidad, de riesgo permanente», con el solo pretexto de asegurarse el poder. Hoy vemos reproducirse la misma estrategia por parte de quienes se aprovechan del malestar lógico de los ciudadanos ante los efectos de una larga crisis y los casos de corrupción política.

La España que vivimos, con todos los problemas que conocemos, no es ni mucho menos una nación fracasada como la pintan los partidarios de la ruptura constitucional y territorial. Ni es tampoco una democracia de cartón piedra, como denuncian falsamente los admiradores de la dictadura más antigua del mundo occidental, sino un Estado de derecho que garantiza plenamente sus derechos y libertades a los ciudadanos, y se organiza bajo un modelo político que asegura el pluralismo, así como bajo un modelo territorial con fórmulas de autogobierno a las regiones que superan con creces a las de los modelos federales.

Si a eso añadimos que la Constitución de 1978 ha garantizado la más larga etapa de libertad, estabilidad y progreso de nuestra Historia, hasta situar a España en los países de cabeza en bienestar y seguridad, tenemos razones más que suficientes para defender el modelo político surgido del consenso y la voluntad soberana del pueblo español en 1978.

Nadie niega que se haga necesario mejorar todo lo que es mejorable del modelo político surgido de la Constitución. Pero hipotecar este éxito colectivo para importar los usos y costumbres de países que están actualmente en quiebra democrática y social sería un suicidio nacional.

Es necesario reconocer que una de las claves del éxito de la España constitucional ha sido la presencia de dos partidos con fuerte implantación territorial y electoral que garantizaban las aspiraciones políticas mayoritarias de los españoles. Y que, sobre todo, podían dejar de lado sus intereses partidistas para lograr acuerdos en los asuntos esenciales de la vida nacional a favor del interés común de los ciudadanos.

La estabilidad política y la seguridad jurídica de una nación son valores que cada vez cotizan más al alza en el concierto económico global. Nuestra capacidad de atraer inversiones y, en consecuencia, la oportunidad tan necesaria de generar empleo y riqueza, se benefician extraordinariamente de la imagen de una España estable política y socialmente.

El papel que en los últimos veinticinco años han desempeñado el PP y el PSOE como grandes partidos nacionales han contribuido, sin duda, a esta estabilidad, pese a todas las divergencias, y las ha habido muy profundas, que se han dado en el camino. Ahora es más necesario que nunca reivindicar este papel, ahora que tanto se están denostando a nuestros partidos precisamente por ello, porque el ataque al bipartidismo supone la brecha de entrada a la demolición del modelo constitucional.

La fortaleza de los dos partidos mayoritarios es precisamente el principal problema para los proyectos disgregadores y rupturistas que pretenden acabar con la España constitucional. La defensa del bipartidismo no es una defensa de intereses creados. Defender el bipartidismo es defender el interés común. Nos jugamos mucho ante quienes quieren derribar de un plumazo el sistema político que consagra la Constitución y que reconoce nuestros derechos y libertades. Dar por fracasada la Constitución de 1978 es tanto como dar por fracasada nuestra libertad y nuestros derechos, y eso no lo podemos aceptar.

Los dos partidos mayoritarios tienen una responsabilidad compartida a la hora de devolver la confianza de los ciudadanos en la política como una tarea honesta al servicio del interés general. La tienen también a la hora de enmendar los errores, de corregir los fallos, que han provocado el distanciamiento de los ciudadanos respecto de sus instituciones democráticas.

Los españoles no podemos hipotecar todo lo que España ha ganado y mejorado en esta etapa constitucional. Por grande que sea el malestar de muchos, con toda lógica la mayoría de las veces, debemos evitar que unos trasnochados revolucionarios de manual agiten las aguas del falso catastrofismo para poner en riesgo la libertad, el pluralismo, la justicia y la igualdad de oportunidades consagrados en la Constitución.