Una treintena de organizaciones de derechos humanos han condenado la "trágica situación que viven los inmigrantes marroquíes en Melilla, después de que se encontraran sin hogar durante más de dos semanas tras serles denegada la entrada al Centro de Estancia Temporal (CETI", según publican medios del país vecino.

En un comunicado conjunto, las organizaciones afirmaron que estas prácticas constituyen una "flagrante violación de los derechos humanos", señalando que estos migrantes llegaron a la ciudad nadando y fueron privados incluso de las formas más básicas de apoyo humanitario.

Calificaron esta discriminación de "racismo estructural", ya que los ciudadanos marroquíes son excluidos del programa de asistencia humanitaria con base en criterios discriminatorios. La declaración también señaló que los cambios recientes en el sistema de solicitud de protección internacional, que ahora se basa en la presentación electrónica en lugar de entrevistas cara a cara, han complicado aún más el proceso de presentación de solicitudes de asilo, agravando la situación de los migrantes afectados.

Afirmaron que la dirección del centro justifica esta excepción alegando un acuerdo poco claro entre España y Marruecos, que calificaron de "falto de transparencia". Destacaron que la exigencia de aportar documentación que acredite la condición de solicitantes de protección internacional, exclusivamente para los marroquíes, es una exigencia injusta que vulnera sus derechos fundamentales y les deja ante un laberinto burocrático que les impide recibir el apoyo humanitario necesario.

Las organizaciones señalaron que estos migrantes padecen duras condiciones, ya que algunos llegan con ropa mojada y sin zapatos. Se enfrentan a dificultades importantes al utilizar la plataforma de reserva de citas en línea debido a la falta de dispositivos inteligentes o acceso a Internet.

Algunos inmigrantes denunciaron haber sido sometidos a “devolución forzosa” por parte de las autoridades españolas, mientras que uno requirió intervención médica urgente debido a su estado de salud. Las organizaciones consideraron que estas medidas violan el principio de no devolución y dejan a los afectados en una situación humanitaria cada vez más deteriorada.