La XV Legislatura se acerca ya a los dos años (ha cumplido 20 meses) y Pedro Sánchez no da ninguna señal de remontada, sino todo lo contrario. El líder socialista consiguió la investidura a cambio de la amnistía y pensó que, con el paso de los meses, iría consolidando y estabilizando a su Gobierno, pero nada más lejos de la realidad. Los problemas no han hecho más que multiplicarse y los datos son concluyentes con una debilidad parlamentaria que deja al presidente al borde de la convocatoria electoral (pese a que él asegura que llegará a 2027 y concluirá la legislatura) y una corrupción que le acorrala judicialmente.

En concreto, en 20 meses, ha superado ya más de un centenar de derrotas parlamentarias, ha multiplicado sus ausencias al Congreso y cuenta con el Gobierno más reprobado de la historia de nuestra democracia. En paralelo, para ocultar la debilidad parlamentaria, se han ido multiplicando los atropellos legislativos del PSOE, hasta dejar episodios inéditos, como la injerencia del Gobierno en el Congreso para retirar enmiendas aprobadas por PP y Junts en el Senado.

Derrotas parlamentarias

Contando con el último Pleno de abril (celebrado el 8-9 y 10), el Gobierno ha superado ya las 100 derrotas. Es más, estos fracasos legislativos se han acelerado en las últimas semanas (casi un tercio se han producido este mismo 2025) y eso revela que no hay ninguna señal que haga pensar que Sánchez pueda remontar y reconducir su situación. De hecho, ha sufrido ya varios reveses en cuatro iniciativas con rango de ley en apenas tres meses y medio y sigue así la senda del año pasado, cuando el contador llegó a seis.

En paralelo a las duras derrotas, el PSOE se encuentra con medidas clave y sensibles bloqueadas, como la «ley Begoña» para tratar de librar de consecuencias penales a Begoña Gómez y David Sánchez. Es más, el Gobierno presentó en los últimos días su plan normativo para 2025 y, de las 199 iniciativas que van a salir del Consejo de Ministros, solo un tercio pasarán por el Congreso (59): de hecho, muchas de ellas ya han sido recogidas en años anteriores, como la ley de enjuiciamiento criminal o la ley contra la trata; y también la ley de presupuestos pese a que el Gobierno ya ha dicho que no los presentará si no cuenta con los apoyos suficientes. En síntesis: el Gobierno ha querido inflar las perspectivas de actividad para tratar de proyectar que está vivo pese a la falta de apoyos.

Presupuestos

El Gobierno de Sánchez va camino de batir un récord: acumular dos prórrogas presupuestarias pese a que no está en funciones. Hasta ahora, la doble prórroga se había producido siempre y cuando había un Gobierno en funciones por repetición electoral: sin embargo, Sánchez se plantea incluso agotar la legislatura sin presupuestos, algo inédito.

Presión del PP

En paralelo a las derrotas, se da la circunstancia de que cuenta con otra situación inédita en nuestra democracia: el principal partido de la oposición, el PP de Alberto Núñez Feijóo, tiene más diputados que el PSOE y eso está posibilitando formar una mayoría alternativa que ha dado pie a escenarios como la tramitación de casi una veintena de leyes de los populares (tanto impulsadas en el Congreso como en el Senado) que podrían ser aprobadas y la introducción de enmiendas en iniciativas del Gobierno que han acabado en el Boletín Oficial del Estado (destaca, sobre todo, los cambios que introdujeron PP y Junts en la reforma fiscal votada en diciembre).

Reprobaciones

En total, con Pedro Sánchez en la Moncloa, se han reprobado a once ministros de su Gobierno. Sin embargo, las reprobaciones a los ministros se han multiplicado en esta legislatura de máxima debilidad para Sánchez: en total, ya van siete. La última en sumarse a la nómina de ministros reprobados es María Jesús Montero, que, además, se convierte en un hito ya que hasta ahora nunca se había censurado a un ministro con rango de vicepresidenta. En concreto, se ha reprobado a Félix Bolaños, Óscar Puente, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares, además de Montero. Y no son solo reprobaciones, sino que Sánchez ha sido el primer presidente en recibir la petición de que se someta a una cuestión de confianza por parte de un socio de investidura (a iniciativa de Junts).

Ausencias

Ahora se va a cumplir un año desde que Sánchez anunciara el 26 de abril de 2024 que necesitaba tomarse días de reflexión tras la apertura de una investigación judicial a Begoña Gómez. Desde entonces, sus apariciones en las Cortes se han vuelto menos frecuentes, tal y como atestiguan los datos: entre septiembre de 2024 y abril de 2025 (en julio y agosto no hay plenos ordinarios), se han celebrado 19 sesiones de control al Gobierno en el Congreso y Sánchez se ha ausentado en ocho. En este sentido, Sánchez ha justificado casi todas las ausencias en viajes internacionales (de hecho, ha habido dos a China entre septiembre y abril que han impedido al presidente someterse a las preguntas de la oposición), aunque también es verdad que la agenda internacional también se puede diseñar a medida para ser empleada como una vía de escape ante los problemas judiciales y parlamentarios que tiene.

Además, es todavía más demoledor el dato en el Senado: allí lleva sin acudir desde el 12 de marzo de 2024: es decir, más de un año de continuo plantón a la Cámara Alta, que está controlada por el Partido Popular. Ese ninguneo al Senado no tiene precedentes, ya que el propio José Luis Rodríguez Zapatero fue quien puso el hábito de que el presidente del Gobierno acuda una vez al mes.

Presión ante el TC

El PP además ha ido metiendo presión en el Tribunal Constitucional con las acciones que ha ido impulsando, sobre todo, desde el Senado: eso obliga a Cándido Conde-Pumpido a pronunciarse sobre cuestiones comprometidas y tampoco va a tener fácil dar un aval constante a las maniobras del Gobierno. En este sentido, se acumulan la amnistía, la supresión de competencias del Senado, la injerencia del Gobierno en el Poder Legislativo...

«Vacío» del Senado

Sánchez ha quitado a la Cámara Alta la capacidad que tiene para tumbar los objetivos de estabilidad presupuestaria, que recoge la senda de déficit de las administraciones públicas y es el paso previo para elaborar los presupuestos. El PP, con su mayoría absoluta, tumbó los objetivos de 2024 y el Gobierno se lanzó a introducir una reforma para quitar esa capacidad al Senado. Sin embargo, lo hizo a través de la Ley de paridad y los letrados advirtieron de que esa maniobra había sido ya declarada inconstitucional por el TC porque se trató de introducir una enmienda en una ley con la que no guarda coherencia de contenido. A pesar del aviso de los letrados, esta legislatura, el Gobierno y el PSOE se han acostumbrado a legislar de espaldas a los servicios jurídicos y han desatendido numerosas advertencias: la última ha sido a raíz de la retirada de enmiendas que PP y Junts habían aprobado con su mayoría en el Senado y que iban a revalidar en el Congreso para que se publicaran en el BOE junto a la Ley para prevenir el desperdicio alimentario. Como las enmiendas tenían impacto de las cuentas públicas, el Gobierno se arrogó la capacidad de vetarlas pese a que nunca se había dado una situación igual. El letrado mayor Fernando Galindo, de hecho, rechazó esa maniobra del Gobierno, aunque de forma verbal.