Desertización

Hace año y medio aproximadamente empecé a tomarme la molestia de revisar cada uno de los concursos de jueces y magistrados que se publicaban en el BOE, con la finalidad de llevar las cuentas de los compañeros que se marchaban de Cataluña. Después de unos cuantos meses, actualizando una plantilla de Excel, desistí por ser bastante desoladores los resultados. Habíamos llegado a un punto en alguno de esos concursos, en que una de cada tres vacantes judiciales que se producía en toda España estaba en Cataluña. Teniendo en cuenta que la plantilla orgánica de jueces y magistrados en esta comunidad es de 820 plazas, y que en el conjunto de España hay un total de 5.551 jueces, es fácil llegar a la conclusión de que la desproporción es absoluta. Así que existen suficientes datos para afirmar que, por regla general, los jueces no quieren estar en (o venir a) Cataluña.

«Operación Toga», pintadas y lanzamiento de estiércol en los Juzgados, declaraciones de representantes públicos catalanes poniendo en duda, cuando menos, la imparcialidad de la Justicia española, ataques a determinados magistrados, etc. Hechos a los que ahora se ha sumado una actitud rayana en la hostilidad por parte del Departament de Justicia, al no poner en marcha los nuevos juzgados creados desde hace tiempo, o la ausencia de inversión en las sedes judiciales, lo que ha motivado, por ejemplo, que se suspendiera la actividad judicial en Martorell debido al deplorable estado de las instalaciones, o que en los Juzgados de Gavà o Sabadell se hayan llegado a superar los 30 grados al estropearse los sistemas de ventilación. Uno de los últimos sobresaltos, un pantallazo que apareció en los ordenadores de trabajo hace unas semanas, donde se informaba que la Generalitat iba a controlar su uso. Teniendo en cuenta los precedentes –el proyecto «Visió Justícia», presentado en mayo de 2017 para inspeccionar todos los Juzgados y secciones de la Fiscalía en Cataluña–, es normal que mostremos nuestro recelo ante estas iniciativas.

Seamos realistas, todo esto está en íntima relación con la desertización de la justicia en Cataluña. No se trata solo de que tradicionalmente en esta comunidad haya habido menos opositores que en otras. Lo que no deja de ser una verdad a medias, ya que de 2003 a 2016 hubo 186 aprobados a las carreras judicial y fiscal, procedentes de Cataluña, frente a 261 de la Comunidad Valenciana, territorio donde no existe este problema, y tampoco parece que cuenten con un cuerpo de opositores notablemente superior. De la misma forma cabría descartar como causa más probable el coste de la vida, pues en Madrid, con índices similares, no se da este problema.

El foco hay que situarlo en otra pista, en esas anormales circunstancias en las que estamos los jueces desempeñando nuestro trabajo en Cataluña. Labor que seguiremos desempeñando con lealtad al ordenamiento jurídico y al Estado de derecho, pero sin dejar de advertir las fatales consecuencias de cualquier atisbo de debilitamiento del Poder Judicial. El Estado, desde luego, no se lo debería poder permitir.