Cerco a la corrupción
Dimite la diputada del PSOE investigada por el Supremo por prevaricación
Puerto Gallego está acusada de prevariación cuando era alcaldesa de Santoña
La diputada del PSOE por Cantabria Puerto Gallego ha anunciado esta tarde su dimisión "de forma inmediata", tras conocerse que el Tribunal Supremo ha abierto una causa contra ella por un delito de prevaricación continuada
La diputada del PSOE por Cantabria Puerto Gallego ha anunciado esta tarde su dimisión "de forma inmediata", tras conocerse que el Tribunal Supremo ha abierto una causa contra ella por un delito de prevaricación continuada cuando era alcaldesa del municipio cántabro de Santoña.
"Doy cumplimiento a mi compromiso público de no esperar ni un minuto para presentar mi dimisión y entregar mi acta como diputada en el Congreso, si finalmente se confirmaba la condición de investigada", ha afirmado Gallego en un comunicado, enviado tras conocer la resolución del Tribunal Supremo "a través de los medios de comunicación".
Puerto Gallego, que ha comunicado esa decisión a su partido, ha señalado que está siendo investigada "por un supuesto error administrativo", del que ha dicho que se considera "totalmente inocente".
"Pero en ningún caso por haberme enriquecido personalmente ni haber enriquecido a terceras personas", ha precisado la diputada socialista, que salió de nuevo elegida en el cargo en las pasadas elecciones del 26 de junio.
Gallego se ha mostrado "sorprendida" por la forma en la que ha tenido conocimiento del auto del Supremo y ha insistido en su "determinación de cumplir con la palabra dada".
"Espero demostrar mi inocencia en una acusación que no se enmarca en ningún comportamiento corrupto. Voy a dimitir como diputada porque no deseo ensombrecer, en ningún caso, la determinación expresada por todos los socialistas de promover la regeneración y la limpieza democrática en España", ha concluido la parlamentaria del PSOE.
El Juzgado número 2 de Santoña envió al Tribunal Supremo una exposición razonada que apuntaba la existencia de indicios incriminatorios contra la diputada, por la adjudicación de determinados servicios a empresas cuando era alcaldesa de Santoña, entre los años 2003 y 2009.
En un auto, dado a conocer hoy, el Tribunal Supremo ha asumido ese caso al ser diputada la ex alcaldesa y, por tanto, aforada, y ha nombrado al magistrado Pablo Llarena instructor del asunto, mientras que ha ordenado que el resto del sumario siga en el Juzgado donde se investigará todo lo que no sea referido a Puerto Gallego.
Efe
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