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Rajoy «rescata» Cataluña

El acuerdo constitucionalista apoyado por PSOE y Cs destituye al Ejecutivo catalán y limita al Parlament. Rajoy convocará urnas antes de seis meses, y se sancionará a los funcionarios que no acaten el 155. Puigdemont tiene hasta el viernes para evitarlo con elecciones

El acuerdo constitucionalista apoyado por PSOE y Cs destituye al Ejecutivo catalán y limita al Parlament. Rajoy convocará urnas antes de seis meses, y se sancionará a los funcionarios que no acaten el 155. Puigdemont tiene hasta el viernes para evitarlo con elecciones.

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El Estado tomará el control completo del Gobierno de Cataluña salvo que antes del viernes el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, convoque unas elecciones autonómicas ajustadas a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Una opción que en el Ejecutivo no quieren descartar como salida «in extremis», pese a que no haya signos de rectificación y sí la amenaza de la declaración unilateral de independencia. De momento, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, escoltado por todos sus ministros, y con el respaldo del PSOE y de Ciudadanos (Cs), enseñó ayer a la Generalitat todo el músculo del Estado con el anuncio de que la propuesta de artículo 155 que aprobará el Senado incluye la disolución del Gobierno catalán y la limitación de las funciones de control del Parlament para restablecer la Constitución y el Estatuto de Autonomía y convocar elecciones lo antes posible, «en una situación de normalidad». Con un plazo máximo de seis meses, Rajoy precisó que su voluntad es que puedan celebrarse antes, siempre que haya un clima que lo permita. PSOE y Cs quieren que sean a finales de enero. En una cadena de acción y reacción, el acuerdo constitucionalista es un artículo 155 contundente, claro y nítido, en un juego de estrategia en el que se deja el balón en el tejado de Puigdemont bajo la espada de Damocles de la vía penal si declara unilateralmente la independencia. Para el Estado, la batalla legal e internacional están, en teoría, ganadas, y donde más se la juega es en el pulso político y social.

Hasta que haya un nuevo Gobierno salido de las elecciones el Ejecutivo central controlará la Generalitat, asumirá el mando de los Mossos y podrá cesar a cargos de TV3, asumirá la gestión de todos los ingresos y gastos de la Generalitat, podrá imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios o al personal laboral de la Generalitat que no acate la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, sin perjuicio de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía, y dejará al Parlament con la función representativa que tiene encomendada, pero no podrá controlar al nuevo poder. El acuerdo del Gobierno con PSOE y Cs aplica el bisturí hasta el final, hasta donde han entendido que era necesario actuar –incluso en áreas tan delicadas como los medios de comunicación públicos– para garantizar que se hacen efectivas las decisiones que se adopten a partir de ahora en todos los niveles. No basta con tener el poder, sino que tienen que ejercerlo.

En una solemne comparecencia en Moncloa el presidente recordó todas las deslealtades e ilegalidades de «este proceso unilateral antidemocrático», antes de concluir que tiene la sensación de que «algunos lo que querían era llegar a esta situación, es decir, a que se aplicara el artículo 155». «No se pueden hacer peor las cosas, incluso para los propios intereses de los que las hicieron», sentenció.

El presidente también respondió directamente al mantra del diálogo en el que se ha envuelto el independentismo para mantener su huida hacia adelante. «Una palabra hermosa, que en esta ocasión se ha convertido en mágica». Rajoy acusó a la Generalitat de haber planteado una imposición por pretender imponer al Gobierno «que hiciera algo que sabían que no iban a hacer y que, además, no podían hacer». En ese sentido, recordó que Carles Puigdemont rechazó todas las ofertas de diálogo: la Conferencia de Presidentes, la financiación autonómica o acudir al Parlamento. «Lo único que se hizo fue liquidar la Ley y poner en marcha, sin tener competencia alguna, una legalidad paralela; ni siquiera el diálogo del que tanto se hablaba se practicó con casi la mitad de los diputados del Parlamento de Cataluña a los que no se les dejó intervenir en defensa de sus posiciones».

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Rajoy insistió en que «nunca» quiso llegar a esta situación, pero que lo hace porque «ningún país democrático puede aceptar que se ignore la ley, que se viole y se cambie, y todo ello se haga pretendiendo imponer su criterio a los demás». Los objetivos que el Estado se marca son cuatro: volver a la legalidad, recuperar la normalidad y la convivencia, evitar que siga el deterioro de la recuperación económica, y celebrar elecciones. El presidente se detuvo en la situación económica para subrayar que se han trasladado más de mil sedes sociales y fiscales de empresas, y advertir sobre el daño en las inversiones y en el turismo. Además de los daños que provocaría una Cataluña independiente fuera de la UE y de la Organización Mundial del Comercio, «pasando a ser un país tercero a efectos de relaciones comerciales al que se le aplicarían los derechos autónomos del arancel exterior común, además de controles aduaneros en frontera». Perdería, asimismo, la protección del Banco Central Europeo, lo que provocaría un «problema grave de contracción del crédito y una inflación desproporcionada, con efectos sobre el consumo y la inversión». «Todo esto llevaría a un empobrecimiento de la economía de Cataluña de entre el 25 y el 30 por 100 del PIB», incidió Rajoy.

El bloque constitucionalista es consciente de las dificultades que implica hacer efectiva esta intervención y del escenario social tan delicado con el que van a tener que lidiar. Con riesgos de altercados y de ocupación de la calle por una parte de la sociedad catalana, y con imágenes de impacto aunque sean una visión sesgada de la realidad de Cataluña. Por eso, en su mensaje Rajoy resaltó que «no se suspende la autonomía ni el autogobierno, sino a las personas que han puesto ese autogobierno fuera de la Ley, la Constitución y el Estatuto». «No se acaba con el autogobierno, se le recupera para la legalidad y para la convivencia de todos los catalanes, no sólo los independentistas. A todos los españoles y especialmente a los catalanes quiero transmitirles un mensaje de tranquilidad. El momento es difícil, pero todos juntos lo vamos a superar. Yo pido que no se vayan más empresas ni se vayan más depósitos. Podemos estar tranquilos porque esto se va a arreglar».

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