Edmundo Bal: "El independentismo no da pasos atrás y nos amenazan con la violencia, justificándola"

Casi un año después de ser cesado por el Gobierno, el abogado del Estado en la instrucción de la causa del «procés» se reafirma en que en Cataluña hubo un «alzamiento colectivo, público y violento» que fue «alentado» por Puigdemont.

Tras 25 años en la Abogacía del Estado, fue apartado del juicio de su vida al negarse a rebajar a sedición la acusación contra los líderes independentistas, eliminando de su escrito cualquier referencia a hechos violentos en el «procés», incluidas las lesiones a policías y guardias civiles el 1-O. Edmundo Bal (Huelva, 1967) funge ahora como portavoz de Justicia de Ciudadanos y desde su nueva responsabilidad insiste en que, tras lo visto en el juicio, en el desafío soberanista hubo «un relato evidente de violencia».

– ¿Cómo interpreta la prisión de miembros de los CDR investigados por terrorismo?

–Yo no podía prever en ningún momento si en el futuro iba a haber más o menos violencia hasta llegar al punto de que se les imputen acciones terroristas. Analicé si hubo violencia el 20 de septiembre y el 1-O y mi idea era que la había habido, al igual que lo consideraron el instructor y la Fiscalía. Pero cuando de repente te dicen que lo que has visto en los vídeos y leído en los atestados no es violencia, pues piensas que estarán viendo otro vídeo...

–¿Forman parte los CDR de una estrategia violenta del independentismo?

–En la hoja de ruta implícitamente se hablaba de esto, no tan claro como ha pasado, evidentemente, pero en las distintas etapas hacia la independencia se cuenta con el activismo social liderado por ANC y Òmnium. Pero luego pasan más cosas y después del referéndum ya se empiezan a cortar carreteras. Y desde el poder público les parece bien. Se genera ya una huelga general y se ve que el poder público cuenta con esta fuerza de los Comités de Defensa de la República cuando el propio Torra les dice que aprieten al Estado español. O sea, al Gobierno de la Generalitat los CDR le parecen bien, hasta el punto de que Torra dice que sus familiares forman parte de ellos. Es evidente que cuentan con ellos, que en definitiva forman parte del movimiento.

–¿Qué le parece la respuesta del Parlament?

–Lo primero, produce indignación. Que los políticos pidan su libertad, en contra del criterio judicial, es una intromisión intolerable en la independencia del poder judicial, porque además se hace con amenazas y acompañado de una petición de que se expulse a la Guardia Civil. Y sin dejar hablar a la oposición y expulsando al grupo parlamentario de Ciudadanos. La verdad es que me asustó. Hacía muchos años que no escuchábamos desde el poder político que se aplaudiera el terrorismo. Nunca escuché esto en el País Vasco, salvo en ayuntamientos gobernados por Batasuna que disculpaban y aplaudían los atentados.

–La solución, para Ciudadanos, es el 155.

–No sé cómo desde el Gobierno no se ha tendido ya una mano a los partidos constitucionalistas para que nos sentemos a hablar. Se nos viene encima un problema enorme, porque el independentismo no está dando pasos atrás, sino hacia adelante, y nos amenazan incluso con la violencia, justificándola.

Me parece tremebundo.

–Torra se sentará en el banquillo por negarse a retirar los lazos amarillos de la Generalitat. ¿El independentismo ha emprendido un camino sin retorno?

–Me gustaría que no fuese así, pero ahora mismo han apretado el acelerador. Podíamos tener la esperanza de que en el aniversario del 1-O y al salir la sentencia hubiera alguna manifestación y algún desorden, pero que fueran sensatos y se fuesen frenando la violencia y los mensajes de confrontación. Pero desde ayer tengo claro que no tienen ninguna voluntad de dialogar y destensar la cuerda, sino todo lo contrario. Lo que nos ponen encima de la mesa es el famoso «apreteu». Quieren apretar más.

–¿El juicio del «procés» ha ratificado su convicción de que hubo violencia?

–Seguí el juicio prácticamente en su integridad y lo que yo vi me reafirma en que, independientemente de cuál sea la calificación jurídica, los hechos son reveladores de un relato evidente de violencia, y éste es uno de los elementos del tipo penal del delito de rebelión.

–¿Cuál fue la línea que no estuvo dispuesto a cruzar?

–Hay un momento en el que no hay salida. No se puede decir que sí. No te queda más remedio que decir que no. Cuando del boceto del escrito de acusación me empiezan a quitar todos los sucesos que tienen que ver con hechos violentos ves por dónde van los tiros. Como funcionario público, y teniendo la obligación de servir primero a los españoles y después al Gobierno, no puedo mentir a los ciudadanos. No puedo avalar con mi firma un relato que es mentira. De ninguna manera.

–¿Cuál fue la gota que colmó el vaso?

–Tras varias horas de reunión me hicieron quitar del relato toda la relación de lesiones a policías y guardias civiles que acudieron a los colegios electorales a hacer cumplir el mandato judicial.

Finalmente, me revolví cuando me hicieron quitar algo que sí figura en el escrito de acusación de la Fiscalía: la referencia al mensaje del 3 de octubre del Rey a todos los españoles, cuando nos dijo que había plan, que éramos un estado potente y moderno y que no íbamos a dar un paso atrás, lo que provocó después el repudio de los separatistas.

–¿Cómo y cuándo se le instó a eliminar las referencias a la violencia de su escrito?

–Hasta el último momento el relato de hechos se respetó, independientemente de que fuera rebelión, sedición o de que acusáramos solo por malversación, que eran las tres opciones. Y el 31 de octubre de 2018, ya habiendo dicho que no iba a firmar ese escrito, salí del ministerio a las nueve de la noche y le dije a la abogada general del Estado: «Me quedo hasta la hora que haga falta para que tú mañana puedas hablar con quien sea –obviamente con alguien de Moncloa– y puedas dar la pincelada final al escrito de acusación», que presenté yo el 2 de noviembre por LexNET, sin darme la oportunidad de leerlo, teniendo a la abogada general al teléfono, que me dijo: «Sigue en el teléfono y vete informándome de cómo lo vas presentando». Como me negué a firmarlo, lo hizo la abogada general del Estado. Cuando el sistema me dio el ok, le dije: «Ya está presentado». Y entonces lo pude leer y me encontré que lo habían cambiado incluso en el último momento. El relato de los hechos que yo descafeiné siguiendo las instrucciones de la abogada general se mantenía más o menos igual, pero la calificación jurídica cambiaba.

–¿Se sintió presionado?

–Cuando le dije que no iba a firmar me dijo: «En el futuro tendremos que revisar nuestras relaciones». Se me quedó grabado. Pensé que había sido un calentón y que no iba a pasar nada, porque nunca había pasado nada porque alguien se hubiese negado a firmar un escrito. Estaba realmente tranquilo. Pero todavía tenía utilidad: un lunes presenté ante el Tribunal Supremo el escrito para justificar la pertinencia de la prueba solicitada, que solo el que hubiera hecho la instrucción podía hacer, y el miércoles la abogada general del Estado me cesó y expresamente me dijo que era por no haber firmado.

–¿Cree que Pedro Sánchez sirvió en bandeja su cabeza al independentismo para lograr el apoyo a los presupuestos?

–Lo he pensado muchas veces, la verdad, pero es algo sobre lo que no puedo tener la constancia de que fuera así. Podría ser. Es una hipótesis.

–¿Qué espera de la sentencia del juicio del «procés»?

–Por encima de cualquier otra cosa, leer el relato de lo que pasó, leer en palabras lo que yo vi, lo que yo entendí, que fue un alzamiento colectivo, público, violento que se realizó con el objetivo de derogar la Constitución y declarar la independencia, que es lo que siempre pensé que era aquello y no unos meros desórdenes públicos de unas personas que pacíficamente habían salido a ejercer un derecho que creían que tenían y que luego se les fue de las manos.

–Ese «alzamiento violento» ¿fue consentido o incluso alentado por la Generalitat?

–Hay un momento nuclear. Cuando Trapero le pide que desconvoque el referéndum, Puigdemont replica que es la voluntad del pueblo catalán y que no va a desconvocarlo. Pero no solo hace eso: además impulsa a ciudadanos honrados, inocentes que quieren la independencia de una manera legítima –porque no se están juzgando ideas, sino conductas delictivas– y les alienta para que ocupen los colegios. Provoca la situación de violencia. La admite, la acepta, la alienta y la provoca, porque sabe que si hay un mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña necesariamente las Fuerzas de Orden Público van a tener que intervenir. ¿Qué país del mundo civilizado va a permitir que no se cumpla un mandato judicial?

–¿Qué supondría indultar a los políticos presos si son condenados?

–Que es gratis, que esto se puede repetir tantas veces quieran. Si eliminamos el efecto de prevención de la norma penal por una negociación política, por unos presupuestos, por una investidura, por lo que Pedro Sánchez quiera porque le da lo mismo, y son indultados, pensarán: «Podemos hacer lo que queramos porque no va a pasar nada». Sánchez no está pensando en el bien de España ni en el bienestar y seguridad de una parte importante de la población catalana que, después de lo que hemos visto en el Parlament, está en peligro cierto de sufrir hechos violentos por parte de los independentistas.

–¿Terminará Puigdemont en la cárcel?

–Lo espero. Como penalista no me gusta que gente que tiene que responder ante la justicia se encuentre fugada con esa actitud de reírse del poder judicial. Espero que sea capturado y que el poder judicial español no dé un paso atrás y no ceje en su empeño de que Puigdemont y los demás huidos sean entregados y tengan, como el resto, un juicio justo.