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La UCO apunta a que Zaplana desvió más de 20 millones al extranjero

La detención la han practicado agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en una intervención que continúa abierta y en la que se prevén más arrestos

Eduardo Zaplana, a su llegada a su chalé de Benidorm junto a la comisión judicial /Foto: Efe
Eduardo Zaplana, a su llegada a su chalé de Benidorm junto a la comisión judicial /Foto: Efelarazon

La Guardia Civil traslada al exministro Eduardo Zaplana para practicar nuevos registros antes de ponerle a disposición judicial.

La Guardia Civil tienen previsto trasladar este miércoles a Madrid al exministro Eduardo Zaplana para practicar nuevos registros antes de ponerle a disposición judicial, según fuentes cercanas a la investigación consultadas por Europa Press. Este miércoles está previsto que los agentes, en compañía del detenido, efectúen nuevos registros en al menos una vivienda y un despacho del expresidente valenciano, según las mismas fuentes consultadas.

Agentes de la UCO detuvieron ayer en Valencia al ex ministro de Trabajo y ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, investigado por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, entre otros. En el marco de dicha operación también fueron arrestadas otras seis personas: el que fuera su jefe de gabinete en la Generalitat, Juan Francisco García; Vicente y José Cotino, sobrinos del ex director general de la Policía, Juan Cotino; el ex director de Relaciones Institucionales del parque temático de Benidorm, Terra Mítica, Joaquín Barceló Llorens, y su mujer, Felisa López, y Francisco Grau, representante de la CAM en dicho Parque. Asimismo, está prevista la citación como investigados de siete personas, entre ellas Juan Cotino y la mujer de Zaplana, Rosa Barceló. Las pesquisas, llevadas a cabo con total sigilo por parte de la UCO, se han desarrollado durante más de dos años y medio.

La operación, ordenada por la magistrada María Isabel Rodríguez, titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, se centra, según distintas fuentes, en los presuntos movimientos que habría realizado el ex ministro de Trabajo para traer a España y «lavar» fondos que tendría ocultos en algún paraíso fiscal. Sin embargo, en medios próximos a la UCO se mantenía absoluto mutismo al respecto.

Los investigadores sospechan que ese dinero que ha permanecido oculto hasta ahora tiene su origen en el cobro de comisiones por la adjudicación de las estaciones de la ITV, que se privatizaron durante el mandato de Zaplana al frente de la Generalitat, y también por la adjudicación de los parques eólicos. La investigación ha abarcado un campo muy amplio, por lo que no se descarta que pueda aparecer similar dinámica en otras adjudicaciones.

El montante total de la comisiones podría superar los veinte millones de euros, según fuentes próximas a la investigación.

Al parecer, los delitos de prevaricación y de cohecho estarían prescritos, pero no así el de blanqueo, por lo que todo el operativo se ha desencadenado cuando la UCO ha tenido constancia del intento por parte de Zaplana de repatriar el capital.

Agentes de la UCO acudieron ayer a la sede de la Consejería de Economía para recoger expedientes del Plan Eólico Valenciano, un macroconcurso de concesiones de parques eólicos que el Consell de Eduardo Zaplana puso en marcha en su segunda legislatura.

La Guardia Civil reclamó documentación de las obras que fueron adjudicadas a una UTE participada por la antigua Endesa (ahora Enel), Bancaja y Sedesa, la empresa de la familia Cotino. La UCO no sólo se llevó documentación del Plan Eólico Valenciano, sino también expedientes sobre adjudicaciones de ITV, y no se descarta que cuente con más documentación.

En lo que se refiere al arresto de Zaplana, se produjo poco después de las ocho de la mañana por agentes de la citada unidad de la Guardia Civil. La detención se realizó a la puerta de su casa en Valencia, en la calle Pascual y Genís, en pleno corazón económico y comercial de la capital del Turia. Desde ese momento y hasta pasadas las 13:00 horas, los agentes permanecieron en el domicilio de Zaplana, donde realizaron un minucioso registro. El ex presidente estuvo presente durante todo este tiempo.

Concluido el mismo, Zaplana salió de su domicilio en un vehículo de la Guardia Civil que previamente había entrado en el garaje del edificio de viviendas. El ex presidente iba en el asiento de atrás del coche custodiado por agentes de la UCO. Minutos antes abandonó el edificio otro vehículo con más agentes de la Guardia Civil y personal del juzgado.

Además, los agentes procedieron a intervenir dos vehículos Audi de alta gama, al parecer propiedad de Zaplana, que estaban en el garaje del edificio y fueron retirados con grúas.

El ex presidente fue conducido hasta su chalé de Benidorm, donde la UCO se incautó de abundante documentación. Zaplana llegó a las 19:40 horas a su residencia benidormí, situada en la zona de poniente de esta turística localidad alicantina, en el asiento trasero del copiloto de un todoterreno, y la abandonó sin hacer declaraciones públicas a las 22:15 horas en el interior de otro vehículo en dirección a la Comandancia el Instituto Armado en Valencia.

La Guardia Civil también registró las viviendas del resto de detenidos. Por lo que respecta al ex jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García Gómez, fue arrestado en Barcelona, donde iba a ser elegido presidente de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB). García Gómez era presidente del Estudiantes.

Por su parte, Joaquín Barceló Llorens dirigió el Centro de Desarrollo Turístico (CDT) de Benidorm (localidad de la que Zaplana fue alcalde) y fue director de Formación de la Agencia Valenciana de Turismo. Posteriormente se integró en el Consejo de Administración de Terra Mítica como responsable de Relaciones Institucionales.

Por lo que respecta a Vicente Cotino, directivo de Sedesa, también está procesado en la pieza de Gürtel que está a la espera de sentencia en la Audiencia Nacional. Cotino, y otros ocho empresarios de la construcción, reconocieron pagos irregulares al PP en campaña electoral mediante.

Los medios próximos a la UCO de la Guardia Civil señalaron que, hasta que avancen las investigaciones, prefieren no dar datos de las pesquisas con el fin de que no se produzca una sobreexplotación de este asunto.