El 88,6% exige la dimisión de los políticos que mientan

Además, el 89,5% reconoce que somos demasiado tolerantes con los engaños de los cargos públicos hacia los ciudadanos

Para los españoles, los políticos son el tercer problema más preocupante del país
Para los españoles, los políticos son el tercer problema más preocupante del país

Además, el 89,5% reconoce que somos demasiado tolerantes con los engaños de los cargos públicos hacia los ciudadanos.

El 40 aniversario de la Constitución, que se celebra mañana, trae de la mano un ejercicio de nostalgia justificado. Especialmente, porque aquella obra culminó como un proyecto nacional compartido por españoles de todas las tendencias, muchos adversarios, enemigos que parecían irreconciliables. Esa mirada hacia el pasado con la añoranza de tiempos mejores debería ser también un acto de homenaje particular a una clase política extraordinaria que supo estar a la altura de las urgencias de la nación.

La melancolía se dispara entonces si movemos el foco de aquellos momentos históricos excepcionales hacia el presente. Cuánto hemos perdido por el camino. Cualquier parecido entre unas Cortes y otras nos parece mera coincidencia. Y esa decadencia lo es sobre todo en los baremos morales del servicio público. Entonces, la encuesta que publicamos en esta página habría sido seguramente innecesaria porque la exigencia de ejemplaridad era indiscutida. Ahora, el 88,6% de los españoles considera que un político que engaña debe dimitir, pero la realidad semana tras semana es que la mentira no es un acto casual en la conducta de una buena parte de la clase dirigente, especialmente en el Gobierno.

Al mismo tiempo, el 89,5% entiende que en nuestro país se es excesivamente condescendiente con esos cargos públicos que tratan la verdad como a un kleenex, lo que habla de una suerte de pasividad o complicidad indeseable. Como el 61,4% piensa que la ética no abunda en la esfera pública, es lógico que el 77,5% de los ciudadanos sientan desafección hacia sus representantes. Las democracias deben ser exigentes y no pueden desarrollarse al margen de la ciudadanía por mucho que los políticos lo intenten.