El abogado de Puigdemont, en libertad sin cautelares: “No tengo nada que ver con el blanqueo”

Boye podrá acudir la próxima semana a la vista sobre la entrega del ex president que se celebrará en Bruselas.

Gonzalo Boye podrá acudir el próximo martes a la vista convocada en Bruselas por la Justicia belga para tratar la euroorden cursada por España para conseguir la entrega de Carles Puigdemont. La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón no ha acordado ninguna medida cautelar contra el abogado del ex presidente de la Generalitat tras tomarle declaración como investigado en el marco de una investigación por blanqueo vinculado al narcotraficante Sito Miñanco, a quien el letrado defendió hasta hace dos semanas. El fiscal de Antidroga Ignacio de Lucas no ha solicitado a la juez que prohibiera salir de España a Boye, pero sí que le impusiera la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado, una medida que finalmente Tardón no ha acordado.

“No tengo nada que ver con el blanqueo de capitales”, ha asegurado a los periodistas el abogado a las puertas del tribunal tras su breve comparecencia (su declaración ha durado apenas media hora). “Estamos muy tranquilos -ha recalcado-. La gente puede disparar lo que quiera contra mí, pero evidentemente lo que no van a encontrar es ningún indicio de criminalidad, porque no lo hay”.

Boye está siendo investigado por el supuesto blanqueo de 889.470 euros interceptados en el aeropuerto de Barajas el 6 de febrero de 2017 a cinco presuntos miembros de la organización de Sito Miñanco cuando iban a tomar un vuelo a Colombia. Según la Policía, esa cantidad habría sido facilitada por Sito Miñanco y Luis Enrique García Arango, su “mano derecha”, para su traslado a Suramérica

Retenido el dinero por el Sepblac, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España, el letrado ha explicado que, como abogado suyo, aportó a este organismo los “contratos con unos pagarés” que, según ellos, justificaban el supuesto origen lícito de esa cantidad. Tras casi año y medio en prisión provisional al ser detenido -al igual que Miñanco y otras 43 personas- en la “operación Mito” en febrero de 2018, el “arrepentido” Manuel A. P. acusó ante la juez a Boye de haber falsificado esos contratos para intentar acreditar la procedencia lícita del dinero y recuperarlo de manos del Sepblac, una versión que niega el abogado de Puigdemont. Fuentes próximas al abogado recuerdan que tras esa declaración Manuel A. P. fue puesto en libertad sin medidas cautelares, “ni tan siquiera la obligación de fijar un domicilio”.

Según ha referido Boye a la juez, una vez presentada la documentación el Sepblac le advirtió de que esa justificación era irregular porque esos mismos contratos de crédito y de pignoración de acciones ya habían sido aportados en otro expediente de 2015 para intentar acreditar el origen legal de dinero bajo sospecha.

El letrado ha recordado que en su día el Sepblac “consideró que esos hechos no eran constitutivos de delito”, imponiento “simplemente una sanción administrativa” a las personas que llevaban el dinero por falta grave al pretender sacar divisas del país sin autorización. Esas mismas fuentes subrayan que el dinero nunca se recuperó y siempre estuvo en manos de la Administración.

Tras las pegas del Sepblac, Boye ha relatado a la juez que se reunió con sus defendidos y les pidió explicaciones porque disponía de un plazo de 15 días para dar explicaciones al organismo de prevención del blanqueo. Ellos, según ha referido, le habrían asegurado que hablarían con el tomador de los pagarés librados sobre varios préstamos.

El letrado ha negado que se produjeran otras reuniones con los investigados para urdir el supuesto blanqueo, haciendo hincapié en que le sitúan en encuentros en fechas en las que se encontraba “de juicio en Murcia”.

Boye no ha querido vincular que sea investigado por blanqueo a su condición de abogado de Puigdemont. “Quiero entender que no debería ser así y la propia decisión de la juez deja muy claro que no considera que haya razón para limitar mi ejercicio profesional ni mis movimientos”, ha dicho tras su comparecencia. Y aunque se ha mostrado seguro de que la investigación avalará su versión de los hechos, se ha lamentado de que “el daño está hecho”.