El Ayuntamiento de Vigo admitió que es responsable del estado del puerto

En julio, el consistorio aseguró en un informe que el mantenimiento de la zona del accidente es su competencia.

Una semana después del accidente que sacudió la celebración del festival de música O Marisquiño en el puerto de Vigo, continúan hospitalizados tres de los 467 heridos que provocó el derrumbe de una pasarela de madera y estructura de hormigón. Mientras, en la arena política, el Ayuntamiento de Vigo y la Autoridad Portuaria siguen sin ponerse de acuerdo en torno a cuál de las dos administraciones es la responsable de estos hechos, por no haber garantizado que esta zona portuaria se encontrara en un estado adecuado para albergar un evento con miles de asistentes.

Las reticencias del alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, a asumir que el mantenimiento del área en el que se produjo el accidente es competencia municipal contrasta con lo que el Ayuntamiento reconoce en sus propios expedientes. En un informe elaborado el pasado mes de julio por la concejalía de Patrimonio, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el consistorio sostiene que tanto el mantenimiento como las posibles responsabilidades patrimoniales derivadas de un accidente en esta zona del puerto corresponden al Concello de Vigo (Ayuntamiento). Este documento fue elaborado como respuesta a la reclamación de una persona que se cayó en febrero de 2016 en el paseo de madera situado en este mismo entorno. En una primera contestación, fechada en mayo de ese año, el consistorio determinó la «inadmisibilidad de la reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de una caída en el paseo de madera». Argumentó entonces el Gobierno de Caballero que la administración municipal «carece de legitimación pasiva en el procedimiento al no ostentar la titularidad de la zona donde ocurrió el siniestro ni tener asumida ninguna competencia en cuanto a la conservación y el mantenimiento de la misma».

Pese a ello, la persona afectada por el mal estado del paseo de madera recurrió por dos vías: por la vía contenciosa-administrativa y con una reclamación a la Autoridad Portuaria. Esta última administración derivó el caso de nuevo al Ayuntamiento y, en esta ocasión sí, la concejalía de Patrimonio del Ejecutivo socialista ha reconocido que lo sucedido sí entra dentro de sus competencias. Para ello, se basa en otro informe, solicitado en este caso a la Oficina del Inventario Municipal. Este departamento informóde que, efectivamente, dentro del inventario figura la «superficie de 82.953,10 metros cuadrados de terrenos portuarios en el que se ubica la zona en la que ocurrió el accidente».

Este segundo informe de la concejalía de Patrimonio recuerda que estos terrenos «forman parte del ámbito de actuación incluido en el Convenio Abrir Vigo al Mar en el que se acuerda que corresponde al Concello el mantenimiento y la conservación». Estas conclusiones son las que llevaron al Ayuntamiento a dar marcha atrás respecto a su primer informe y a reconocer que tanto el mantenimiento de toda la zona como las responsabilidades que puedan derivarse de un accidente en este entorno son cuestiones que debe asumir el Ayuntamiento de la ciudad: «Entendemos que la posible responsabilidad patrimonial por los hechos podría recaer sobre esta administración municipal, al corresponder el mantenimiento de la zona a este Concello».

La contundencia del informe de la concejalía de Patrimonio deja poco espacio para la duda. El accidente de la persona que presentó esta reclamación se produjo en el paseo de madera situado frente al Centro Comercial A Laxe. No se trata del mismo punto en el que se registró el día 12 el derrumbe de la pasarela. Sin embargo, ambos puntos sí forman parte de la misma zona y ambos también están concernidos por el convenio Abrir Vigo al Mar. Este documento, que permitió alumbrar la ampliación del puerto en los años noventa, fue suscrito por el Consorcio de la Zona Franca, la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento. En su artículo sexto, tal y como avanzó este diario, recoge que es el consistorio, esto es, el Gobierno de Abel Caballero, el que «se compromete, durante los cincuenta años de vigencia de este convenio, al mantenimiento de toda la actuación en perfecto estado de conservación, bien con sus propios medios o bien con la oportuna contratación de obras y servicios».

La investigación judicial abierta para esclarecer el accidente se centrará en dos cuestiones. Por un lado, tratará de dar con el origen del hundimiento de la pasarela. Las primeras pesquisas apuntan a un fallo provocado por la falta de mantenimiento desde su construcción en 1994. Y en paralelo, intentará dirimir qué administración es responsable de estos hechos y, por tanto, deberá indemnizar a los afectados.