El “blindaje” del PP a las mujeres que den a sus hijos en adopción ya funciona en la Comunidad de Madrid

El objetivo es proteger a la mujer inmigrante y a su bebé e impedir que su identidad sea revelada para que no pueda abrirse un proceso de expulsión hasta que no finalice el trámite de adopción del menor

La propuesta que ayer hacía pública el PP para que las mujeres inmigrantes embarazadas y en situación irregular que quieran dar a su hijo en adopción no sean expulsadas durante el tiempo de gestación, no significa en ningún caso dar papeles o nacionalidad a la mujer que dé al bebé a los servicios sociales y sin embargo sí que protege a la mujer que se encuentre en situación ilegal en España hasta que termine el periodo de adopción del menor.

La Ley de Apoyo a la Maternidad que el partido de Pablo Casado quiere aprobar si llega al Gobierno consiste en evitar que una mujer que comience a tramitar los papeles para dar en adopción a su bebé mientras esté embarazada evidencie su situación de inmigrante, por la cual automáticamente se establecerían los mecanismos de expulsión. Según defiende el PP con su propuesta, la mujer que se acoja a este proceso no será expulsada hasta que se de por finalizada la adopción y su identidad estará protegida.

¿Cómo llevar a cabo estos trámites sin que una mujer inmigrante -al dar la voz de alarma a los Servicios Sociales para reclamar el inicio del proceso de adopción-pueda verse afectada por su situación irregular en España? Con un protocolo que ya existe y rige en la Comunidad de Madrid puesto en marcha en el año 2009. Se llama “Campaña de prevención sobre el abandono de bebés”, y según se puede constatar la medida regional para evitar el abandono de bebés, combina un servicio de atención integral a la mujer, tanto si está embarazada como si acaba de recibir el alta médica tras el parto. El protocolo en cuestión garantiza la “confidencialidad de los datos de la madre”, a partir de un “tratamiento informático de los expedientes de protección, de acceso restringido, a fin de que nadie pueda disponer de esa información si no está autorizado. Es decir, a pesar de que la policía pueda reclamar tus datos, en estos casos estarán a salvo, por estar restringidos. Además, esta renuncia de la madre no afectará de ningún modo a aquellas mujeres que pudieran encontrase en situación ilegal en España, al estar su identidad protegida.