El CGPJ avala que se publique la lista de condenados por fraude fiscal

El Pleno del CGPJ ha aprobado el informe del Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso a la información contenida en las sentencias en materia de fraude fiscal con el voto de calidad del presidente del TS y del CGPJ, Carlos Lesmes.

La publicación en el Boletín Oficial del Estado de los datos fundamentales de las sentencias firmes condenatorias por fraude fiscal y aquellos otros delitos que causen un perjuicio a la Hacienda Pública dividió ayer en dos el Consejo General del Poder Judicial, al tener que hacer uso el presidente, Carlos Lesmes, de su voto de calidad para sacar adelante un informe que avala el anteproyecto del Gobierno –en concreto del Ministerio de Hacienda, del que es titular Cristóbal Montoro–, que establece tal previsión. El texto del vocal Gerardo Martínez-Tristán fue respaldado por otros nueve miembros del Consejo, entre ellos el presidente, mientras que otros tantos se opusieron y el vocal Fernando Grande-Marlaska optó por no apoyar ni a unos ni a otros y abstenerse. Su decisión fue determinante para que Lesmes tuviese que recurrir a su voto de calidad y desequilibrar la balanza, lo que sucedió ayer por vez primera desde que comenzó la legislatura del actual órgano de gobierno de los jueces y magistrados. Nueve de los diez que rechazaron el informe sometido a debate esgrimieron que con la publicación de los datos de los defraudadores se vulneraban derechos fundamentales, entre ellos el relativo a la intimidad y al honor de los afectados, mientras que Álvaro Cuesta, por el contrario, se opuso al entender que se quedaba «corto» en lo que se refiere a la transparencia.

El informe aprobado tiene como uno de los argumentos básicos el considerar que con esa publicación se busca «impulsar la lucha contra el fraude fiscal, incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, e incrementar la transparencia en la actuación de las administraciones públicas y, especialmente, de las actuaciones judiciales en ese ámbito»; y, de forma muy especial, el CGPJ destaca que esa publicidad cumple fundamentalmente «una función de información, y, en gran medida, de lucha contra el fraude fiscal, configurándose como un elemento preventivo y educador, aunque se admite que esa publicidad pueda suponer un «gravamen para la persona condenada susceptible de afectar a sus derechos individuales al honor, intimidad y protección de datos.

De esta forma, añade el órgano de gobierno de los jueces y magistrados, se viene a respaldar la tesis recogida en el texto del Gobierno de considerar que con la publicación de las sentencias condenatorias de defraudadores, «que tienen una incidencia clara y manifiesta en el cumplimiento del deber constitucional» de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos en función de la capacidad económica de cada contribuyentes», se sirve al «interés general», y que, por el contrario, no puede sostenerse que esa medida tenga una «vocación principal y puramente sancionatoria o de pena añadida».

En cuanto a los datos de las sentencias que se publicarán, una vez que éstas ya no sean recurribles, el Consejo no tiene dudas de que se respeta los derechos de otros posibles implicados en ese proceso, pero que no hayan sido condenados.

«Exposición pública»

En todo caso, el CGPJ pide al Gobierno en su informe que la publicación de esas sentencias se retrase hasta la entrada en vigor de la ley orgánica que lo prevé, tal como habían solicitado cinco vocales en sus «observaciones», que fueron apoyadas por nueve vocales, al texto debatido. Estos cinco consejeros –Roser Bach, Enrique Lucas, María Victoria Cinto, Concepción Sáez y Clara Martínez de Careaga convertirán ese texto en voto particular– no tienen dudas de que el anteproyecto en cuestión de Hacienda tiene una clara «injerencia en derechos fundamentales», y, en concreto, en los relativos al honor y a la intimidad personal y familiar y a la protección de los datos personales «de los sujetos afectados». Los consejeros Rafael Fernández Valverde, Carmen Llombart –éstos elegidos a propuesta del PP–, Rafael Mozos y Pilar Sepúlveda también vinieron a coincidir en esos mismos argumentos.

Además, consideran que la publicación de esas sentencias no es un instrumento eficaz de prevención general, y, en cambio, supone «una pena de exposición pública que no resulta conforme a los principios de proporcionalidad, reinserción y resocialización que establece la Constitución». Y, junto a ello, esgrimen que esa publicidad puede ser negativa a la hora de llegar a sentencias de conformidad en temas delitos de fraude fiscal: «El conocimiento por parte del acusado de que la sentencia se va a publicar puede ser un elemento disuasorio para que los procesos penales finalicen por conformidad».

Por su parte, el vocal Álvaro Cuesta, que también votó en contra del informe, ha anunciado un voto particular en el que defenderá que el texto remitido por el Gobierno se queda corto y que son precisas más publicidad y más transparencia en lo relativo a la lucha contra el fraude fiscal.

Así votó el Pleno

A favor de la publicidad de las sentencias de defraudadores: Carlos Lesmes (presidente), Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Vicente Guilarte, José María Macías, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Martínez Moya, Wenceslao Olea –todos ellos elegidos a propuesta del PP– y Mar Cabrejas –a propuesta del PSOE–. Lesmes tuvo que ejercer su voto de calidad.

En contra: Roser Bach, María Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozos, Pilar Sepúlveda –propuestos por el PSOE–, Concepción Sáez –IU–, Enrique Lucas –PNV–, Rafael Fernández Valverde, Carmen Llombart –PP– y Alvaro Cuesta -PSOE–, aunque éste por entender que la publicidad prevista es «corta.

Abstención: Fernando Grande-Marlaska (PP).