El Congreso aprueba que España participe en la misión de la UE en el Mediterráneo

Aportará, en diferentes fases, un avión, una fragata y más de 300 militares para luchar contra la inmigración

El Congreso de los Diputados ha aprobado, con el apoyo del 95% de la Cámara, la participación de España en la operación militar de la UE contra la inmigración en el Mediterráneo (EUNAVFOR MED). Se trata, después de las últimas tragedias migratorias ocurridas, de una misión con la que se busca acabar con el tráfico ilícito de personas, sobre todo de las que parten y huyen de países asediados por el terrorismo, como Libia.

En concreto, nuestro país participará con diferentes medios en las distintas fases de la misión. Así, en una primera (la única en marcha) desplegará un avión de vigilancia marítima y un máximo de 50 efectivos en la base aérea de Sigonela, en Sicilia (Italia), a apenas 550 kilómetros de las costas libias. Además, destinará hasta 12 efectivos en el Cuartel General de la Operación en Roma y en el Cuartel Comandante de la Fuerza, en el portaaviones italiano “Cavour”. El coste de esta primera etapa para España sería de unos 15,3 millones. En una segunda fase, y siempre que fuese necesario, nuestro país aportaría una fragata, otros medios aéreos -como puede ser un helicóptero- y hasta 250 efectivos. Y, aunque no se desplegaría hasta que se requiriese, también fue aprobado ayer por la Cámara Baja. Una contribución que es, como ha explicado el ministro de Defensa, Pedro Morenés, “acorde con la entidad de España en el seno de la UE y solidario como país mediterráneo”. Y el fin, lo ha dejado claro: “Evitar que muera más gente en la mar”.

Ha sido Morenés el encargado de solicitar la autorización de la Cámara, recordando que se trata de la octava vez que pide permiso para la participación de militares españoles en misiones en el exterior. Y haciendo hincapié, además, en que el objetivo común de todas ellas es el de “aportar seguridad” y “una estabilidad que les permita desarrollar progreso y bienestar a aquellos que no los tienen”. Seguridad y estabilidad que, como ha recalcado en innumerables ocasiones, son, por cercanía, la seguridad y la estabilidad de España y de Europa. Aquí ha destacado que operaciones como las de Mali, Somalia, Irak o República Centroafricana “tratan de afrontar circunstancias directamente relacionadas con las causas profundas” de esta nueva misión en el Mediterráneo. Se trata, como ha destacado, de países que “son incapaces de defender las vidas de sus ciudadanos. Son países donde vivir con dignidad se hace extremadamente difícil”.

Según ha explicado el ministro, la situación que se vive en el Mediterráneo es “una crisis compleja, de la que la emigración masiva por vía marítima es únicamente un síntoma de males mayores, un mero efecto de circunstancias políticas, económicas y sociales que tenemos que ayudar a resolver entre todos”. Pero es esa emigración la que la UE quiere frenar y, por ello, ha apuntado lo “urgente” de “paliar esta tragedia inmediatamente”.

Y, de nuevo, se ha centrado en la inestabilidad que se vive en el norte de África, con Libia como ejemplo más claro, destacando “los riesgos implícitos y explícitos para nuestro país, y para toda la UE, que la inestabilidad en el sur del Mediterráneo, y muy particularmente en el entorno del golfo de Sirte y en toda la costa libia, suponen”. Como ejemplo del drama que viven cientos de miles de ciudadanos africanos, ha desglosado algunas cifras que muestran la “magnitud de la tragedia”: “En las últimas dos décadas, más de 20.000 migrantes murieron al utilizar las rutas del Mediterráneo”; “en 2014, los migrantes ahogados fueron 3.500” y “170.000 personas tuvieron que ser rescatadas”.

Pero no ha dudado el ministro en hacer una crítica a la lentitud de los organismos internacionales a la hora de afrontar este drama: “Es penoso comprobar como, a veces, incluso organizaciones internacionales con mecanismos relativamente ágiles de acción política, como la UE, consumen una importante cantidad de tiempo hasta que consiguen reaccionar”.

Centrado en la misión, ha apuntado que su objetivo es el de “interrumpir el modelo de negocio de las redes de tráfico ilícito y trata de personas, mediante procedimientos sistemáticos para identificar, capturar y eliminar embarcaciones y medios utilizados o a disposición de los traficantes”. Como ha explicado, tendrá tres fases, aunque, por el momento, los Estados miembros sólo prevén acometer la primera, centrada en la detección y el seguimiento de las redes de migración por medio de la recopilación de información y las patrullas en alta mar. La segunda, sin decidir ni implementar aún, estaría relacionada con el abordaje, registro, incautación y desvío de las embarcaciones sospechosas, mientras que la tercera consistiría en adoptar todas las medidas necesarias contra cualquier embarcación sospechosa. Junto a España, participan otras ocho naciones: Italia, Reino Unido, Francia, Bélgica, Eslovenia, Grecia, Finlandia y Alemania.

Todo, para sentenciar que la situación que viven los migrantes “no sólo amenaza su vida y les impide tener un futuro, sino que directa e indirectamente constituye uno de los principales riesgos para nuestra seguridad y para la paz mundial”.