El Consejo de Estado avala que Báñez no acuda a la comisión de los cursos de formación de la Junta

Dictamina que su citación no tenía respaldo legal y que el Parlamento andaluz se excedió

El Parlamento de Andalucía ha recibido un serio revés en su pretensión de que compareciese la ministra de Trabajo en funciones, Fátima Báñez, en la comisión de investigación relacionada con el presunto fraude de los cursos de formación. De hecho, la Cámara autonómica ni siquiera tenía competencias para instar esa presencia, según un informe del Consejo de Estado en el que se advierte que esa asistencia vulneraría el sistema constitucional de competencias. La comparecencia de Báñez en esa comisión fue auspiciada por Ciudadanos y la misma se iba a oficializar hoy mismo.

El dictamen del Consejo de Estado parte de que no hay cobertura legal que ampare que los ministros puedan comparecer en comisiones de investigación de parlamentos autonómicos, y que, además, no existe precedente alguno de que haya ocurrido algo similar. Además, reitera la ya consolidada doctrina según la cual un Parlamento autonómico, el andaluz en este caso, es incompetente para requerir la presencia de un ministro, «tanto por razón del sujeto como del objeto de la comparecencia».

En este sentido, alude a que los parlamentos autonómicos «carecen de competencias de control político sobre el Gobierno de la Nación o las autoridades, funcionarios, y cualesquiera otras personas a su servicio», puesto que, tal como recoge el artículo 108 de la Constitución, el Gobierno responde en su gestión política sólo ante el Congreso de los Diputados. Por tanto, los «actos y omisiones» de la ministra de Trabajo en funciones «están sometidos al control político de las Cortes Generales y no, en cambio, al de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas».

Otro aspecto relevante de la resolución del Consejo de Estado se refiere al hecho de que el parlamento andaluz pretendiese que compareciese Fátima Báñez y no sus antecesores en el cargo, pese que el período donde se investigan las subveciones a los cursos de formación se extiende a lo largo de los últimos 14 años, es decir, desde 2002, ni tampoco se haya instado las explicaciones de «otros órganos superiores o directivos» del Ministerio de Trabajo.

Por otro lado, se destaca que los asuntos de interés público que pueden ser objeto de comisiones de investigación en sedes autonómicas deben referirse exclusivamente a los que estén comprendidos dentro del ámbito competencial propio de la comunidad autónoma. En este caso concreto, afirma al respecto el Consejo de Estado, el ámbito de actuación de la comisión de investigación constituida en el Parlamento de Andalucía se encuentra circunscrito «a la fiscalización de las subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía en materia de formación profesional para el empleo».

El Gobierno, al margen

De esta forma, y toda vez que las subvenciones y los órganos que las concedieron fueron andaluces, todo conduce a pensar «que la Administración del Estado se mantuvo –en principio y en ausencia de evidencias que pudieran indicar otra cosa– al margen del proceso de concesión de las ayudas en cuestión».

Este dictamen no viene sino a recoger la doctrina ya fijada por el citado órgano constitucional desde 1986, como sucedió recientemente a determinadas solicitudes de comparecencia en la comisión de investigación del «Prestige» en el Parlamento de Galicia.