El Consejo de Ministros aprueba el viernes el Estatuto de la Víctima

El Ministerio de Justicia ha decidido incluir en la agenda del Consejo de Ministros de este viernes el nuevo Estatuto de las Víctimas, según confirmaron fuentes de este Departamento. Una decisión que coincide precisamente con el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que golpea la «doctrina Parot» y que, de momento, ha dado lugar a la decisión de la Audiencia Nacional de decretar la excarcelación inmediata de la etarra Inés del Río, condenada por sus crímenes a 3.828 años de cárcel, de los que ha cumplido 26.

Este Estatuto lleva pendiente de volver al Consejo de Ministros desde hace un año. El 11 de octubre de 2012 el Gabinete de Rajoy estudió por primera vez el informe de un proyecto dirigido a reforzar los derechos procesales y extraprocesales de todas las víctimas.

En él se establece, por ejemplo, que las víctimas puedan recurrir los archivos de las actuaciones, aunque no estén personadas en el procedimiento. Y también se prevé que puedan recurrir las decisiones de especial trascendencia que se adopten, como la concesión de la libertad condicional o el alzamiento del periodo de seguridad si no se ha indemnizado el delito cometido o si existe peligro para la propia víctima.

Asimismo, el texto también establece que la ejecución de las penas mantiene su naturaleza estrictamente estatal, pero que se facilitarán los cauces de participación a las víctimas de delitos de terrorismo, homicidio, lesiones y otros delitos penados con más de cinco años de cárcel o cuando se trate de hechos de los que se puede derivar una situación de peligro.

Hace un año, el ministro de Justicia anticipó que el proyecto vería la luz en dos o tres meses. Y se recupera justo ahora, en un momento en el que el Gobierno cree que tiene que reforzar sus gestos de apoyo y solidaridad con las víctimas del terrorismo después de la «humillación» que supone la resolución de la Corte europea, «un escarnio para este colectivo y para la democracia en su conjunto».

En concreto, el Estatuto que llega de nuevo a la mesa del Consejo de Ministros reconoce a las víctimas un listado de derechos, con independencia de que participen o no en el proceso judicial. Así, se les facilitará vías de contacto para recibir información sobre la causa abierta (fecha y lugar de juicio, notificación de sentencias...). Podrán acudir acompañadas, bien de su letrado o de la persona que pidan. En la actualidad, sólo el delincuente tiene derecho a estar acompañado de su abogado en las actuaciones policiales y judiciales. Tendrán acceso a la resolución judicial, a la propia sentencia o al sobreseimiento de la causa. Y podrán recurrir las resoluciones de sobreseimiento y archivo, contando con un plazo amplio para que valoren si deben hacerlo y para personarse en las actuaciones.

Las medidas de protección aumentarán en el caso de víctimas especialmente vulnerables, entre las que se incluye las de terrorismo, así como menores, discapacitados, víctimas de delitos sexuales, de trata de seres humanos o violencia contra la mujer. Ruiz Gallardón explicó en su día que el objetivo del proyecto era ofrecer desde los poderes públicos una respuesta lo más amplia posible, no sólo jurídica sino también social, «reparadora del daño sufrido y, a la vez, minimizadora de otros efectos traumáticos que su condición les pueda generar». «Nuestra obligación es contestar al fallo de Estrasburgo con un rotundo mensaje de apoyo a las víctimas. Ahora más que nunca hay que estar con ellas», sostienen en el Gobierno. El pasado mes de septiembre el ministro del Interior, Jorge Fernández, llevó también al Consejo de Ministros el nuevo Reglamento para las Víctimas del Terrorismo, en el que se actualizaban las indemnizaciones. Por cierto, la reforma de la ley del aborto no verá la luz en octubre, como en un principio se anticipó. Vuelve a quedar pendiente, a la espera de que dentro del Gobierno acuerden los últimos flecos. En cualquier caso, desde Justicia siguen sosteniendo que su aprobación es inminente.