El difícil rastro de 1.000 millones

Investigar un fraude cometido durante una década. Es el difícil reto al que se ha tenido que enfrentar la Guardia Civil bajo las órdenes de la jueza Mercedes Alaya. Un escándalo que deja, sobre todo, grandes cifras.

Investigar un fraude cometido durante una década. Es el difícil reto al que se ha tenido que enfrentar la Guardia Civil bajo las órdenes de la jueza Mercedes Alaya. Un escándalo que deja, sobre todo, grandes cifras. Como los 1.217 millones de euros que ha costado a las arcas públicas el fraude, según la Cámara de Cuentas. Una instrucción, de 22 atestados policiales y 26.000 folios, que suma 116 entre imputados y detenidos en algún momento de la investigación para la que han prestado declaración otras 128. Pero que, por encima de todo, ha destapado un modus operandi por el que han salido favorecidos través de prejubilaciones personas vinculadas al PSOE, a los sindicatos, pero también las empresas intermediarias Vitalia Vida y Uniter.

Pero, ¿cómo se tramitaban las prejubilaciones burlando la ley de subvenciones? Desde que en 2001 el consejero de empleo de la Junta, José Antonio Viera, firmara un convenio con la denominada «administración paralela» (el Instituto de Fomento de Andalucía, que luego pasó a ser la agencia IDEA), el Gobierno andaluz podía transferir dinero directamente de la tesorería a la caja del IFA. Y lo que es más llamativo, sin que hubiera rastro alguno ni en el Boletín Oficial de la Junta ni necesidad de autorización del Consejo de Gobierno.

De esta forma tan opaca se repartieron 695 millones entre 2001 y 2010 reconocidos por la propia Junta como «uso indebido». Pero la cantidad podría superar los 1.000 millones de euros, si se tienen en cuenta las partidas libradas fuera de cobertura presupuestaria y los intereses. No en vano, la nómina de trabajadores beneficiados asciende a 6.000, aunque en principio sólo de empresas afectadas por la crisis.

Ésa es la teoría. La práctica dice que han sido detectadas 267 irregularidades en más de 400 expedientes de regulación de empleo, de los que 141 correspondían a fallos administrativos y otros 126 a «intrusos». Y es que esta cifra, la de personas que jamás trabajaron para las sociedades beneficiadas, es uno de los puntos clave de la trama y quizá el más escandaloso. Entre los intrusos incluidos en las polizas hay suegras, mujeres y cuñados de dirigentes socialistas. E incluso de sindicalistas, como Juan Lanzas.

Llegados a este punto, se preguntarán por los responsables. Con la operación de ayer, el fraude suma más de 80 imputados, pero en la cúspide de la pirámide, dos personas: Antonio Fernández (consejero de empleo entre 2004 y 2010) y Francisco Javier Guerrero (director general de trabajo entre 1999 y 2008). El primero es considerado el ideólogo, y acusado de seis delitos, se le impuso una fianza récord de responsabilidad civil de 807 millones de euros. El segundo,que ayer reingresó en prisión, creador del «fondo de reptiles», era la personas que autorizaba a las compañías de seguros la firma de las pólizas. Ambos han apuntado a que esa gestión se conocía al más alto nivel, en referencia a José Antonio Griñán. Tras seis meses de impasse, la jueza Mercedes Alaya vuelve con más fuerza si cabe. Porque la comisión parlamentaria exprés sirvió de poco. Si acaso más incertidumbre.