El empresario francés ratifica ante la UDEF que Puig le pidió comisiones

Mantiene que se reunió dos veces con el conseller en su despacho y que se negó a darle dinero a cambio de una obra.

El empresario francés F. d. S. se reunió hasta en dos ocasiones, en marzo y julio de 2014, con el entonces conseller de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat, Felip Puig i Godes, en su despacho oficial en relación con un proyecto de inversión empresarial en el Puerto de Barcelona, según la declaración del propio industrial. Puig ha negado desde el primer momento de forma rotunda la veracidad de lo que ha denunciado el mencionado empresario. Según la declaración prestada por el industrial galo ante los agentes de la UDEF del Cuerpo Nacional de Policía, de la que tiene conocimiento el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, los permisos para poder realizar la obra dependían de dicho departamento de la Generalitat.

Puig le transmitió verbalmente que si quería que se le adjudicara el proyecto sería conveniente que entregara una contraprestación económica. Tal y como adelantó LA RAZÓN, era del 5 por 100 del montante de la obra.

F. d. S. decidió renunciar a realizar el proyecto y, durante su declaración ante los agentes de la UDEF, entregó documentación que acredita las gestiones que realizó para realizar la obra.

La UDEF ha enmarcado estas pesquisas en las investigaciones que realiza para ampliar las imputaciones contra Jordi Pujol Ferrusola y y su ex mujer Mercé Gironés Riera, por la posible existencia de una red de cobro de comisiones ilegales.

La declaración del empresario francés se produjo el pasado 29 de enero, como consecuencia de que se había puesto en contacto con la UDEF con el fin de denunciar una serie de hechos que considera delictivos y sobre los que aportó abundante documentación.

El interés de la trama de Jordi Pujol Ferrusola por «captar» al empresario galo no terminó con la negativa al asunto del Puerto de Barcelona. Continuó con otros proyectos, a los que también se negó, y que representaban inversiones cuantiosas. El hijo del ex president se valía en todo momento de testaferros y de su íntimo colaborador Jordi Puig i Godes, hermano del conseller.

Tal y como adelantó LA RAZÓN en su edición del pasado 16 de febrero, el empresario galo había mostrado su interés por realizar la citada obra del Puerto de Barcelona. No pasaron muchas fechas sin que se pusiera en contacto con él Felip Puig Godes, que ocupó en su momento la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat y que, en la actualidad, es consejero de Empresa y Ocupación. El industrial aseguró que se le exigió una comisión del 5 por 100. F. d. S. se negó en rotundo a pagar y, por supuesto, no pudo llevar a cabo la obra.

La actitud del empresario al acudir a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) no es un caso único en Cataluña. La declaración que en julio del año pasado realizó el ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, supuso un gran escándalo para muchos catalanes, entre ellos no pocos nacionalistas, que le tenían como una referencia del nacionalismo.

La reacción de muchos de ellos, que habían realizado negocios con la familia Pujol o la Generalitat, en términos que pueden ser calificados de no ajustados a la legislación vigente, ha sido (porque continúa) la de acudir a las Fuerzas de Seguridad, en concreto a la UDEF de la Comisaría General de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía.

Cuentan lo que saben, de lo que, de alguna manera, fueron «víctimas», tanto si se plegaban o no a pagar las comisiones que se les exigían. En muchos casos, entregan a los agentes los «legajos» para acreditar lo que denuncian.

Lo cierto, según las citadas fuentes, es que ha ido desapareciendo el miedo a denunciar la supuesta trama de cobro de comisiones a empresarios que querían ser adjudicatarios de obras que licitaba la Generalitat de Cataluña. El asunto de la supuesta trama de cobro de comisiones ilegales al frente de la cual figurarían Jordi Pujol Ferrusola y su ex mujer es objeto de investigación por parte de la UDEF desde hace algún tiempo. Según reveló LA RAZÓN en agosto del año pasado, esta unidad había elaborado un informe, entregado en la Audiencia Nacional, en el que se afirmaba que «las millonarias comisiones que consideramos no justificadas percibidas por Jordi Pujol Ferrusola tienen su génesis en un negocio mayormente involucrado con el área pública».