La Audiencia prohíbe salir de España al hijo de Villarejo

García Castellón le vincula con la trama para impedir la entrega de un naviero español a Guatemala

Manuel García Castellón a su llegada hoy a la Audiencia Nacional
Manuel García Castellón a su llegada hoy a la Audiencia Nacional

El hijo del ex comisario Villarejo, José Villarejo Gil, no podrá salir de España sin permiso judicial, tendrá que entregar el pasaporte antes de 72 horas y deberá comparecer cada 15 días en el juzgado. Así lo acordó ayer, a instancias de Anticorrupción, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, tras tomarle declaración como investigado por cohecho y falsedad documental en la pieza Pit, una de las ramificaciones del «caso Villarejo», que mantiene en prisión al ex mando policial desde noviembre de 2017.

El magistrado sitúa a Villarejo Jr. (imputado también en la pieza principal de la investigación) en la trama supuestamente liderada por su padre para impedir la extradición a Guatemala del naviero español Ángel Pérez Maura. El instructor señala al hijo de Villarejo como «autorizado» o «apoderado» junto al socio de su padre, el abogado Rafael Redondo, «en las cuentas de las dos sociedades que reciben todos los pagos del proyecto» e incluso añade que «cobra su nómina de ahí». García Castellón hace constar asimismo que asistió personalmente «a las reuniones en las que se planifica y desarrolla el proyecto Pit», llegando a facilitar «un teléfono de seguridad» a Pérez Maura ante la «convicción» del comisario jubilado de que el CNI estaba escuchando al naviero. En una reunión mantenida el 26 de abril de 2016 –grabada por la Policía–, Villarejo aconseja a Pérez Maura que si lo detienen con ese teléfono «diga que es para una novia que tiene, porque a la Policía cuando se le dice que es para un tema de chicas o sexual no suele analizarlo». A continuación, habría sido el hijo del ex comisario quien le habría explicado «el funcionamiento del teléfono».

García Castellón también tomó declaración a Julio Ligorría, ex embajador de Guatemala en Estados Unidos, a quien dejó en libertad, aunque tiene prohibido salir de España y debe presentarse mensualmente en el juzgado. En libertad quedó igualmente el inspector jubilado Antonio Bonilla, pese a que la Fiscalía había reclamado su ingreso en prisión, por facilitar presuntamente a Villarejo y Redondo «información obrante en las bases de datos policiales», una tarea por la que habría cobrado 2.000 euros al mes.Bonilla tampoco podrá salir de España sin permiso judicial, deberá entregar el pasaporte y tendrá que comparecer en los juzgados cada quince días.

El instructor señala a Villarejo por llevar a cabo «servicios incompatibles con la condición de comisario» que entonces ostentaba con un «contenido manifiestamente ilícito al menos por lo que respecta a la obstaculización de una orden internacional de detención para extradición y otros servicios de carácter delictivo» en Guatemala, Estados Unidos y España que se enmascaran, dice, bajo el eufemismo «la adecuada defensa legal en el sentido más amplio».