El freno al 1-O: ¿cuestión de ley o de estrategia política?

Expertos constitucionalistas explican cómo frenar el órdago: desde el artículo 155 hasta la reforma de la Constitución.

La próxima semana, el Parlamento catalán aprobará en su pleno la ley del referéndum, que Junts pel Sí y la CUP registraron el pasado 31 de julio y que tiene como finalidad dar una apariencia de legitimidad a la pregunta sobre la independencia de Cataluña que pretenden celebrar el 1 de octubre. Y se baraja la posibilidad de que el presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, firme después el decreto de convocatoria. Según lo previsto, el Ejecutivo central interpondrá un recurso para que el Tribunal Constitucional suspenda cada ley que los nacionalistas aprueben en contra de la legislación estatal.

Pero, ¿se celebrará finalmente el 1-O? ¿Qué se puede hacer para impedir que, año tras año, nos espere la misma cantinela? Expertos constitucionalistas explican a La Razón sus puntos de vista.

Para el jurista y articulista Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona, la solución está muy clara: aplicar el polemizado artículo 155 de la Constitución, por el cual, si una comunidad autónoma no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le imponen o actúa en contra del interés general de España, el Gobierno está legitimado para adoptar las medidas necesarias –previo consentimiento del presidente de la comunidad y, en su defecto, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado–, para obligar al «cumplimiento forzoso de dichas obligaciones». De Carreras considera que a estas alturas no hay tiempo para aplicarlo, por lo que se tendrían que acortar los plazos en la Cámara Alta por ser una situación excepcional. ¿Medida muy drástica? Para el catedrático sería una respuesta proporcional al golpe de Estado que pretende hacer la Generalitat. «Si los independentistas desobedecieran, entraría en juego la vía penal con riesgo de cárcel». El jurista catalán explica que, una vez aplicado este artículo, la Carta Magna contempla incluso la aplicación del artículo 116, por la que una ley orgánica regulará los estados de alarma, excepción y sitio. «Se aprobó después del 23-F precisamente para estos casos». Así, para De Carreras, la vía más eficaz para terminar con goteo continuo del órdago independentista es una respuesta contundente, para la que es «absolutamente necesario que el PP y el PSOE vayan de la mano. Lo cual es muy difícil, porque la posición de Sánchez es permanentemente ambigua».

Para el experto constitucionalista, Javier Rodríguez, sin embargo, ya es muy tarde para entrar en esos terrenos. «Es como cuando un árbol se dobla de pequeño y crece así. Pasados los años ya no puedes volverlo a estirar». Rodríguez cree que «decisiones de ese calado son políticas y tendrían que haberse tomado hace mucho tiempo». Ante la pregunta de si cree que lo que busca el Gobierno de la Generalitat es provocar permanentemente al Estado con declaraciones de que la fuerza es lo único que le queda, la respuesta es sí. «Está claro que quieren quedar como las víctimas». Rodríguez contempla tres escenarios: que el TC inhabilite a los cargos públicos que incurran en la ilegalidad, «apretarles» en el FLA (Fondo de Liquidez Autonómico) «para exigir más control en todas las ayudas económicas, y no basta con que Montoro diga que ninguna partida se va a destinar a financiar la independencia, hay que garantizarlo», y reformar la ley electoral. «No puede ser que un señor con 300.000 votos tenga más representación que uno con un millón en el Congreso. Se trata del Parlamento nacional, y sueltan aquí su discurso, no pueden permitirse estos elementos de chantaje en Madrid».

El presidente de la asociación de juristas catalanes «Libertad», Pere Luis Huguet, coloca todas las fichas en el tablero político. «La solución definitiva pasa por el diálogo entre las diferentes formaciones políticas para implantar medias adecuadas, como la reforma de la Constitución o la del Estatuto de Cataluña». Para Hugue, la Administración de Justicia no puede proceder más de lo que procede y tampoco puede prever el futuro respecto a futuras convocatorias independentistas. No ve otra opción. Preguntado por el cese o la suspensión de los líderes independentistas, afirma que ésto no soluciona nada. «Se puede pedir responsabilidad política derivada del Estado democrático, pero no es la solución a este problema».

«A un partido independentista no lo para nadie», afirma Tomás Zamora, vicedecano honorario de la facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. «Habrá que esperar al 1-O para ver qué ocurre. En caso de colocar urnas, el Gobierno debe ordenar retirarlas con celeridad. Algo tenemos claro: solamente hay una cosa por encima de la ley: el sentido común». Pero sí hablamos de leyes, Zamora es de la opinión de Carreras, inclusive aplicar el artículo 472 del Código Penal una vez se haya procedido con el 155. «En este artículo se específica que son reos del delito de rebelión aquellas personas que declaran la independencia de una parte del territorio nacional. Esto es lo que está pasando en Cataluña y, por lo tanto, habría que haber procesado por delito de rebelión a todos aquellos líderes que defienden la independencia».